Hace dos semanas el Gobierno y el PSOE señalaban a la UCO como supuesta filtradora de informaciones que le perjudican, y ahora el Ejecutivo desplaza el foco y apunta directamente a los medios de comunicación, acusándoles de poner “en tela de juicio” el trabajo de la Guardia Civil.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha arremetido este martes contra los medios de comunicación en los que “se hagan referencias a supuestas informaciones de las unidades de información”. Entiende que, al publicar informes de las actuaciones que deberían ser secretas, se pone “en tela de juicio” la actividad de estas unidades, sean de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Marlaska ha considerado que la publicación de informaciones sobre las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es equiparable a “imputar” a esta unidad “el no cumplimiento de sus deberes”: “La neutralidad, la objetividad, y evidentemente el mantener la discreción absoluta en las investigaciones”.
“Me preocupa que en algunos medios de comunicación se hagan referencias a supuestas informaciones, o a que les han llegado informaciones de las unidades de información. Me parece que es tanto como decir o imputar a las unidades de investigación el no cumplimiento de sus deberes”, apostilló.
Renglón seguido, el ministro introducía una suerte de advertencia a la propia UCO. Estos “deberes”, dijo, “son la neutralidad, la objetividad, y evidentemente el mantener la discreción absoluta en las investigaciones y en su puesta a disposición del conjunto de informes a quien deben rendir, que es a la autoridad judicial, en el marco de la investigación”.
En esta línea, Marlaska negó incluso que desde el Ejecutivo se haya señalado directamente a esta unidad del Instituto Armado como supuesta filtradora de algunas informaciones: “No conozco ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno de España que haya hecho referencia a la UCO como autora de ninguna filtración”, añadió el ministro del Interior.
Obviaba, por ejemplo, que hace sólo un par de semanas, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló desde Córdoba la supuesta responsabilidad de la UCO en la filtración de los mensajes de Whatsapp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.
“Quien tiene el deber de custodia” de estos mensajes, afirmó Montero en declaraciones públicas, “tendría, o bien que haberlos tenido a resguardo, o bien haberlos eliminado si es que ya no era necesario para la causa que se está instruyendo”.
El Gobierno afronta estos días el desgaste que le generan estas sucesivas publicaciones periodísticas. Esta misma semana, El Confidencial ha vinculado a los socialistas con una supuesta campaña para conseguir información comprometedora del teniente coronel de la UCO que lidera investigaciones sobre temas sensibles para el partido y para el propio Sánchez (el caso Koldo o la causa del hermano del presidente), Antonio Balas.
La incomodidad que genera al Ejecutivo y al PSOE que se haya publicado el audio de una reunión con estos fines, celebrada en febrero ha sido evidente en la misma rueda de prensa. La ministra portavoz, Pilar Alegría, decidió no responder sobre esta cuestión ni pronunciarse sobre Leire Díez, la militante socialista que participó en esa reunión. Prefirió remitirse a la rueda de prensa y al comunicado de Ferraz de este lunes.