El fallo en los protocolos de actuación ante el acoso dentro de las FAS, destapado por Artículo14 a través de testimonios y pruebas de -cada vez más- denunciantes, está teniendo un fuerte calado dentro del Ejército.
Distintas asociaciones han mostrado su “preocupación” ante la indefensión que aseguran vivir las denunciantes, como la UMT -Unión de Militares de Tropa- y la ATME -Asociación de Tropa y Marinería Española-. En concreto, esta última instará a la ministra de Defensa a dar explicaciones a través de un escrito que a última hora de este martes subió a la web del ministerio.
La ATME pertenece al COPERFAS, Consejo de Personal de las FAS en el que participan las asociaciones profesionales de los miembros de las Fuerzas Armadas. En las reuniones, ya sea con la ministra o con la secretaria de Defensa, plantean materias relacionadas con el estatuto y la condición de militar, el ejercicio de los derechos y libertades, el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo en las unidades.
“Sienten que el objetivo es que no salga a la luz”
En su nota de prensa, la ATME menciona a Artículo14 como referente de las publicaciones “que han puesto de manifiesto presuntos casos de agresiones sexuales en distintas unidades de las Fuerzas Armadas”. Tras analizar los distintos testimonios, obtiene la siguiente conclusión: “La mayoría de las víctimas dentro de las Fuerzas Armadas, como se desprende de los testimonios que han salido a la luz, se sienten invisibles, faltas de apoyo, como si su voz no tuviera valor y uno de los mayores objetivos fuera que no saliera a la luz”.
María, víctima de una violación
La Asociación se hace eco de uno de los casos más alarmantes a los que ha tenido acceso este medio, el de María -nombre figurado- que se encuentra inmersa en un proceso judicial contra un cabo por violación en un barco de la Armada, al poco tiempo de entrar en el Ejército.
“Me agredieron sexualmente en el Ejército hace seis meses y me han dejado sola“, declaró a este medio su caso. “La UPA -Unidad de Protección Frente al Acoso- ni previno mi caso, ni me acompañó, ni me protegió”, aseguró. “Simplemente, me dijeron que podría tener asistencia telefónica. ¿Alguien piensa que cuando ha sido violada unas llamadas de teléfono puntuales sirven?” Nacida en Gandía, pidió que le cambiaran de unidad, y sólo le ofrecían en el área de Lanzarote en la que se encontraba (no quiere dar más detalles), pudiendo encontrarse en cualquier momento con su agresor.
Desde la Asociación recogen el testimonio: “La afectada relató que, aunque se abordó el tema del acoso sexual en algunas clases en su periodo de formación, nunca se les explicó cómo utilizar el protocolo o la guía práctica para víctimas. Además, al denunciar el incidente en su unidad, la respuesta de sus superiores fue, según su percepción, deficiente, caracterizada por indiferencia, minimización de los hechos y una preocupante inacción”. Tampoco la orden de alejamiento fue aplicada de forma inmediata, ya que denuncia una tardanza de una semana en cambiarlo de puesto trabajo.
“La situación se agravó al obligarla a entregar sus partes de baja en el mismo destino donde ocurrió la agresión, generándole un estrés y miedo considerables”, recoge la nota de prensa.
Cumplimiento de los protocolos
Ante estos hechos, la ATME pone sobre la mesa la siguiente exigencia: ” La labor del Ministerio de Defensa y sus responsables no puede limitarse a la mera publicación de protocolos y guías para las víctimas”, considera. “Es imperativo que se aseguren que estos protocolos se cumplan rigurosamente y que el personal de las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA) esté debidamente capacitado para proteger a las víctimas“. Y presentará las siguientes preguntas concretas: “¿Considera la Armada que el protocolo de acoso sexual se cumplió acorde a la normativa vigente?” “En caso de incumplimiento de la norma, ¿Qué medidas tomarán para evitar que situaciones similares se repitan?”
Seriedad en los centros de formación
La ATME recalca la necesidad de que, desde los centros de formación, se fomente una conciencia clara sobre la seriedad de este tipo de denuncias. “Es fundamental que el personal comprenda la existencia de un procedimiento judicial en el que se deberá demostrar lo denunciado, y que las acusaciones falsas pueden tener severas repercusiones”.
En esta línea, hace un llamamiento urgente al Ministerio de Defensa “para que supervise de cerca la aplicación y el cumplimiento de los protocolos existentes, garantice una formación adecuada en los centros de formación para que las posibles víctimas sepan cómo actuar y asegure la capacitación del personal encargado de velar por la seguridad de las presuntas víctimas”.
Deborah, la capitán Cebollero, Lourdes Castellanos, Cristina Valdearcos, Liz… Estas mujeres son algunos ejemplos de las militares que afirman haber confiado en que se preservaría la confidencialidad de sus datos en sus denuncias a través de la UPA, como establece la ley, tanto la española como la europea, y afirman que no fue así. Artículo14 ha publicado sus testimonios, en los que relatan que las denuncias acabaron en manos de sus denunciados. Se les informó de que recibirían acompañamiento, y en sus cuarteles sufrieron hostigamiento en sus unidades.
La reacción de Defensa
Este medio se ha puesto de manera sucesiva en contacto con el ministerio de Defensa. En los últimos dos años, de 84 denuncias interpuestas, no ha habido ninguna condena. Insisten en que, cada vez que un caso se denuncia, se activan los protocolos, se acompaña a la víctima y se inicia la investigación que es lo que hay que hacer. “En decisiones judiciales, no podemos entrar”, explican, pero que desde el ministerio se mantiene “total y absoluto compromiso con la erradicación de este tipo de prácticas” y, sobre todo, “rigor a la hora de poner en marcha la maquinaria para ayudar a esclarecer los hechos y apoyar a las víctimas”.