Acusarlas falsamente de ser una actriz porno. Cortarles el agua de la ducha. Sacarlas del grupo de Whatsapp y aislarlas. Cambiar la cerradura del despacho. Dejarlas sin plaza de parking. Amenazarlas, insultarlas. Tacharlas de mentirosas. Y una vez se ha llegado al límite, un informe psicofísico para demostrar que están incapacitadas para el Ejército acaba con su carrera. A algunas, ni siquiera se les reconocen los años de servicio.
¿Cuál ha sido el pecado? Denunciar ante la UPA -Unidad de Protección Frente al Acoso-. Un canal que se ofrece en el Ejército desde 2016 para garantizar una “tolerancia cero” ante el acoso. Algunas, ya ni recurren a él. Hacerlo por el Juzgado Togado Militar tampoco parece una vía.
Articulo14 ha tenido acceso al testimonio de mujeres militares que cuentan, algunas con seudónimo, otras con nombre y apellidos, las consecuencias de confiar en los protocolos contra el acoso. En los dos últimos años, de 84 denuncias, ninguna condena.
No guardan rencor al Ejército. Afirman que han pasado “años increíbles” dentro de él. Esta institución está formada, en su amplia mayoría, por personas con la vocación de dar la vida por España y servirla. Pero, como en todo organismo -máxime cuando lo integran 139.281 efectivos– las hay de todo tipo. Pero lo peor, cuentan, no es eso. “Te animan a denunciar y arruinan tu vida”.
“Me levantó la mano a escasos centímetros”
Liz es el seudónimo de una cabo primero que, tras 24 años de servicio, el acoso de su jefe de unidad en Bilbao terminó con, como ella dice, “el trabajo por el que habría dado mi vida si hubiera hecho falta”.
Tres Medallas al Mérito Militar en su haber evidencian que era una persona respetada y valorada. Tras pasar por distintos destinos en Tierra, en diciembre de 2011 ingresó en la unidad de información de Bilbao, que depende del JEME. Este puesto, de libre designación, es como la Policía Secreta dentro del Ejército, su misión es dar parte de las malas prácticas dentro de las FAS: tráfico de drogas, malos comportamientos… Allí aterrizó tras un curso de Agente Operativo del ET (relacionado con Inteligencia, Seguridad e Información) Liz era la única mujer de ocho efectivos en su unidad.
Cuando hace siete años le pusieron nuevo jefe, un suboficial de Tierra, lo recibió expectante, ya que tenía antecedentes de no tratar correctamente al personal. Contra ella, detalla, fue una campaña de “acoso y derribo”. La cuestionaba por todo, la humillaba delante de sus compañeros, le impedía promocionar. “No le gustaba mi carácter. Yo soy seria y nada pelota, y eso creo que le ponía nervioso”. El hecho de que no se arredrara, como cuando les pidió salir a la calle con pistolas pese a no tener licencia de armas -afirma, para protegerle a él- tampoco facilitaba las cosas. Asegura que le gritaba y le mandaba callar, y la amenazaba con que nunca promocionaría. Un compañero se solidarizaba con ella y le mandaba mensajes por whatsapp de ánimo. Pero nadie daba la cara por ella. No se la querían jugar.
La situación llegó al límite un día en que le pidió el nombre de una fuente que le había proporcionado una información. Ella se negó, y le recordó que la normativa lo impide. “Empezó a gritarme y se paró a centímetros de mí con la mano levantada. No llega a haber un testigo y no sé qué habría pasado”.
La situación no mejoró, sino que, informa, fue a peor. Liz enfermaba, se ponía mal del estómago por los nervios. Y entonces decidió denunciar. Ni lo hizo a través de la UPA, porque se lo desaconsejaron por dos vías: un abogado militar, y un oficial, que paradójicamente impartía cursos en la Unidad de Protección “animando a las víctimas a denunciar. “Pues le dijo a un íntimo amigo que rellenar el formulario sólo serviría para tapar al mando y entregarle toda la denuncia”.
Así que decidió interponer dos denuncias por acoso profesional -pese a que cree que su jefe la tomó contra ella por ser mujer-, ante el Juzgado Togado Militar de Burgos, en 2019. “Nunca pensé que esta decisión acabaría con mi vida”. Según cuenta, se trasladaron un Teniente Coronel y un Guardia Civil desde Madrid para reunirse con ella, pero fue una encerrona para intimidarla. Fue sólo el principio. Después: pasaron a su jefe información confidencial de ella. Crearon un grupo de whatsapp sin incluirla. La aislaron. Le ocultaban información. Le prohibían entrar libremente al trabajo. A través de la Unidad de Seguridad, la obligaban a estacionar su vehículo fuera del acuartelamiento, sólo a ella. Difundían los motivos de su baja médica y otros asuntos, “por todo el acuartelamiento y más allá”. Cambiaron la cerradura de la puerta de acceso a su lugar de trabajo sin comunicárselo. Suma y sigue.
Después de todo, afirma que lo que verdaderamente le dolió (como militar), fue la despedida de su Unidad tras casi nueve años, que nunca existió. Tan solo un mensaje del segundo jefe que rezaba: “…pasa a recoger tus cosas y a entregar lo que tengas”.
En cuanto al juicio militar, llegaron a participar tres magistrados distintos, generando confusión en la interpretación de los hechos. Incluso, dice, en un recurso que les negó un Tribunal Militar de La Coruña, manifestaron que “Tampoco se aprecia por la Sala la posible existencia de falta grave o muy grave en la conducta del Suboficial que alega la acusación particular…”, mientras el Auto de archivo había tipificado los hechos como Falta Grave conforme al Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
“A mí me mandaron a la calle con un informe psicofísico, y este señor sigue en su puesto”, habla con la voz quebrada. “¿Para qué nos dicen que denunciemos? ¿Para acabar en la calle y que se rían en nuestra cara?” Liz dejó Bilbao, sus amigos, su vida, para empezar de cero en otra ciudad. “No podría soportar verles por la calle”.
El caso de Lourdes en el EMAD
Lourdes Castellanos sí da su nombre. En su momento, afirma que pasó mucho miedo, pero después de tres años fuera del Ejército se ve fuerte para “ir de frente”.
A sus 52 años de edad, entró en el Ejército en el 94. Después de 25 años de servicio, cuando pensó que estaba en el mejor destino, “sucedió que estaba en el peor”.
Su ingreso en las FAS fue puramente vocacional y accidentado. Fue a acompañar a su hermano a unas pruebas al gobierno militar y el relato del comandante en cuanto al servicio a la patria la sedujo. Se formó en Calatayud, pasó por distintas unidades, la brigada paracaidista una de ellas, hasta ingresar en el EMAD en Madrid.
Antes de pedir la vacante, explica, se informó de si tendría alojamiento en la unidad. Se lo garantizaron -según la normativa, si hay alojamiento en la unidad el militar tiene derecho a él-, hasta que unos años después “decidieron que me fuera de allí. No me dijeron nunca por qué”. Afirma que había otro chico viviendo también, pero que con él no había problema. “En cambio, querían que yo me fuera. Cuando cumplió 45 años dejó el Ejército y se fue del EMAD. Me dijo: Lourdes prepárate porque irán a por ti. Y así fue”.
La cabo primero explica que la habitación estaba al lado de una oficina y la querían para ellos. Sólo le dijeron que se buscara la vida. Les pidió una solicitud y motivo por escrito, pero no sucedió. “Yo no podía buscarme un alojamiento con mi sueldo. Y me llamaban y me amenazaban con que si no me iba sacarían mis cosas de la habitación y las colgarían en el palo de la bandera“.
Un día llegó a su habitación después de trabajar y se la encontró llena de taquillas. Sólo habían dejado su cama y un armario. Y la orden de no cerrar la puerta: tenía que estar siempre abierta. Un pasillo por donde, explica, pasaba todo el mundo.
“Mis cosas estaban ahí y todo el mundo entraba y salía cuando quería. Yo dormía y de pronto aparecía alguien a las 4:00 de la mañana porque tenía que ir al aeropuerto, o lo que fuera. Te daban las luces, y tú viendo cómo se cambiaban las mujeres. Incómodo para ellas y para mí”.
Lourdes estuvo seis meses así. Presentó una instancia al coronel superior y, para silenciarla, la sacaron de esa habitación y metieron en otra. “Pero siguieron las llamadas amenazantes. Que tenía 20 días”. Afirma que le empezaron a poner trabas en el trabajo. “Tuve problemas médicos, me ponía mala por ansiedad y perdía el conocimiento”. El teniente coronel médico, dice, le aconsejó pedir otro destino. Lourdes fue a un psiquiatra y le dieron la baja.
Agotada psicológicamente, pidió un cambio. Pero la única opción era otro cuartel en la zona de transeúntes. “No es una residencia, es para gente que va a hacer cursos, pero allí en cualquier te momento te echan porque es temporal. Era una trampa, todos lo sabían“.
Le cortaron el agua caliente de la habitación durante un mes. “Me decían que era una rama que pasaba sólo por mi cuarto”.
Afirma que gente del cuartel llamó a la UPA para ayudarla. “Me contactaron tras las llamadas, se lo conté y me dijeron que como no me habían tocado no podían hacer nada porque eso no era acoso sexual”, cuenta. “Y no era sexual, pero sí de género, porque a los chicos no les hacían eso, sólo a mí”. “Sé que el equipo jurídico estaba estudiando como me podían echar”. Finalmente, consiguió lo que querían. Lourdes se dio de baja psicológica por estrés, en uno de sus desmayos se dio con la esquina de uno de los azulejos del baño y decidió que no pondría en peligro su vida. Le abrieron un expediente psicofísico, en el que el psiquiatra del Tribunal Médico diagnosticó un 35% de discapacidad psicológica. Y así terminó su carrera militar.
De militar, a ser acusada de actriz porno
Hace siete años que Cristina Valdearcos sufrió el resultado de poner un parte a una teniente. En su caso, aporta su nombre, pero este medio no ha podido acceder a los informes, en posesión de su ex pareja.
Tras ingresar en el Ejército en 2006, fue al Centro de Adiestramiento de San Gregorio y en su última unidad, el GACA 11 -Grupo de Artillería de Campaña- en Madrid, fue cuando empezó “el calvario”.
Tras varios accidentes a lo largo de su carrera, sufría de la espalda. En una jornada continuada, con nieve, no pudo salir el botiquín ni la ambulancia con ellos. Pero la teniente coronel decidió que la continuada siguiera. En un momento se hizo daño en la espalda, un dolor que aumentó con el frío. Una barra de torsión mal encajada provocó que se bajara del vehículo a arreglarlo, momento en que le dio lumbociatalgia -según diagnosticaron posteriormente los médicos-.
Desde las las 17.00 hasta las 23.00 horas, afirma que nadie le dio soluciones. “Eran unos dolores que yo no podía ni con ellos”.
Entrada la noche le dijeron que recogiera la Altus -una mochila específica que usan los efectivos-, que el cabo primero la bajaba al acuartelamiento. Pero no la llevaron al hospital.
“Yo no tenía coche en Madrid, no podía irme andando con la nieve desde la camareta hasta la parada de tren más cercano. Además, no me podía mover, iba con la pierna a rastras”.
Subió dos pisos con la Altus hasta su camareta. Pasó toda la noche con dolores y al día siguiente llamó al teniente médico, que se encontraba en el cuartel. “Dijo que en qué cabeza cabía que estuviera en esa situación cuando no me podía ni mover”.
Cristina puso un parte por negligencia a la teniente coronel por no haberla evacuado a tiempo. “Y entonces contraatacaron diciendo que me dedicaba a hacer vídeos porno y a promocionarlos. Precisamente, el día en que yo tuve el accidente. Me acusaron falsamente de ser actriz porno”.
Cristina, informa, se sometió a peritajes forenses para demostrar que no era ella. “Tuve que enseñar que yo tenía unos tatuajes diferentes a los de la actriz. Ella medía 1,75m, yo 1,53m. Ella pesaba 75 kilos, yo en mi vida he pesado eso. Se le veían las partes bajas, y tuve que demostrar que yo tenía dos episiotomías. Tuve que desnudarme delante de un teniente militar médico para que lo comprobara. Fue muy traumático”.
Le abrieron expediente por falta grave. Pidió ayuda a la UPA. “Me dijeron que intentara dialogar. Y jamás me ayudaron”.
Para Cristina, el resumen es que “el ministerio de Defensa no está por la labor de que los derechos de las mujeres pueda pasar por encima del de los mandos. Cogen la denuncia, en cuanto la tienen se la pasan y amedrentan a quien denuncia. Después, se pone en marcha la maquinaria de la sanidad militar, para darnos por locas, mandarnos a la calle y negarte el servicio, como a mí”.
Mi psiquiatra puso que era reversible. Era un trastorno ansioso depresivo adaptativo. “Te agotan psicológica y económicamente hasta que no puedes más”.
No sólo fue la acusación de ser actriz porno. Después de ser diagnosticada de lumbociatalgia, afirma que la teniente coronel le insistía en que se personara en su puesto de trabajo. “Preparé la mochila y en la estación de tren de Delicias me caí al suelo del dolor y una pareja me llevó a Quirón. Me ingresaron con bombas de analgesia”. La sorpresa fue que en las pruebas para el preoperatorio salió que estaba embarazada. “Como me tuvieron que hacer trasfusiones y estuve en la UCI 12 horas, me indicaron que abortara”.
Afirma que, tras una serie de juicios, los magistrados determinaron que había abortado porque había querido. “Puse yo la denuncia y me sentí yo la acusada. No vieron el papel del ginecólogo que decía que no era posible llevar ese embarazo a cabo por todas las cosas a las que me tenía que someter”.
Este medio ha tenido acceso a testimonios de mujeres en activo, que no quieren contar su historia ni siquiera a través del anonimato por miedo a las represalias. Mujeres que afirman haber contactado con la UPA, y haber sido llamadas a los despachos de los denunciados bajo amenazas.