“El origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias”, ha sostenido Elma Saiz, ministra portavoz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros este martes. El mismo argumentario que había expresado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, poco antes, en X, sobre la causa que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero en Plus Ultra, que proviene de las actuaciones de las Fiscalías de Suiza y Francia, primero, y de la Fiscalía Anticorrupción española desde el otoño de 2024.
El auto de la Audiencia Nacional que imputa a Zapatero también desvela otro origen, la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI), que a través de los mecanismos de cooperación de los que disponé la Policía Nacional, ha puesto a disposición de dicha Brigada Central de
Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas.
La también ministra de Seguridad Social no ha rectificado cuando en dos ocasiones los periodistas presentes en la sala de prensa de Moncloa le han corregido, y ha asegurado que el Gobierno “colabora con la justicia en todo momento”, y que cree que la justicia hará justicia”.
“Yo, como jurista, no puedo más que ahondar en ese respeto a la justicia sin perder de vista el principio fundamental de presunción de inocencia”, ha insistido, para hacer una loa de Zapatero.
Los orígenes de la investigación
El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional aceptó en un auto del pasado 3 de marzo llevar una causa que había rechazado en noviembre de 2024 y que indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros del rescate que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021, e investiga, al mismo tiempo, el presunto blanqueo de fondos públicos de programas CLAP para alimentar a la población y de oro de Venezuela en varios países y a través de cuentas y sociedades en Panamá y Emiratos Árabes, a partir de unas actuaciones de la Fiscalía de Ginebra, primero, y París, después, y una denuncia de Anticorrupción por blanqueo de capitales.
El magistrado Ismael Moreno del Juzgado Central nº2 se descartó en noviembre de 2024 por motivos personales, y su sustituto, Calama, del Juzgado nº4, sostuvo que la Audiencia Nacional no era competente, lo que la Sala de lo Penal refrendó.
Registros
En aquella fechas se registraron inmuebles en Madrid, Tenerife, Pozuelo y Mallorca con autorización del Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional ante las peticiones de los fiscales internacionales y tras la denuncia del Ministerio Público español contra los empresarios nacidos en Perú Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu y Kristhian Alegre Walter; los venezolanos Danilo Diazgranados y Gabriela Puente Garaboa, y un acreedor suizo de la aerolínea, Simon Leendert Verhoeven, entre otros, que formarían una trama que según Anticorrupción tendría entre sus clientes al exviceministro chavista Nervis Villalobos. Algunos de ellos fueron detenidos y declararon en Suiza y Francia. Pero estas actuaciones secretas realizadas en el otoño de 2024 en España no trascendieron.
La causa vuelve a la Audiencia Nacional
En un momento indeterminado del otoño de 2025, la juez Esperanza Collazos del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid asumió este proceso, que declaró secreto el pasado 11 de noviembre, y abrió una pieza separada, lo que saltó a la luz el 11 de diciembre cuando registró la sede de Plus Ultra y detuvo al CEO y el dueño de la aerolínea, Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, respectivamente, además de Julio Martínez Martínez. Ante la complejidad de la trama, en marzo se inhibió.
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