A Junts no le bastan los gestos del Gobierno. Ni siquiera aunque, con sus esfuerzos por contentarles, Pedro Sánchez acabe votando con la derecha e irritando a sus aliados parlamentarios de izquierdas. Que los 120 escaños socialistas apoyaran la proposición de ley de JxCat contra la multirreincidencia, el jueves, no ha servido para que los de Carles Puigdemont garanticen sus 7 votos para salvar una norma clave para Sánchez, el decreto de escudo social.
La norma de Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia fue avalada por una inusual mayoría conformada por los partidos de la derecha, entre ellos el PNV. Y gozó del voto a favor del PSOE. Este gesto “ayuda”, afirman fuentes del Consejo de Ministros, pero no permite dar por seguros los apoyos de los neoconvergentes para los próximos plenos.
El tiempo, de nuevo, juega en su contra. El Gobierno tiene 11 días para lograr el respaldo de Junts a la convalidación del real decreto ley de escudo social, que ya ha sembrado de cambios que van en línea con los deseos de los independentistas. Lo previsto es que ese decreto, junto con el de la revalorización de las pensiones, se someta a votación en pleno el 26 de enero, aseguran a Artículo14 fuentes parlamentarias.
Será la segunda vez que intenten que estas medidas obtengan luz verde de la Cámara Baja. Para evitar un nuevo naufragio han separado políticas como la prórroga de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables de la subida de las pensiones, para la que sí contarán con una amplia mayoría.
Una vez los socialistas han recuperado el escaño que ostentaba José Luis Ábalos hasta su renuncia al acta, si no hay ningún error o ausencia, el PSOE vuelve a contar con 120 escaños. Y por eso se contentaría con una abstención de Junts que ya buscan (172 síes, 171 noes), afirman fuentes de la dirección del partido
Moncloa y el PSOE repiten que no hay conversaciones con los de Puigdemont desde que estos escenificaron su ruptura con Sánchez, en octubre. Tampoco fuera del radar. Y hoy los socialistas siguen emitiendo señales a Junts, lanzando globos sonda, buscando una fórmula para evitar un nuevo golpe donde más le duele a sus socios de coalición.
“Puede ser reforzando las compensaciones a propietarios”, aventura un dirigente. Renglón, seguido, afirma que hay que cumplir una máxima en estos equilibrios: “Con cuidado de no provocar que Podemos se descuelgue”. Los morados consideraron “un pacto criminal” las reformas al decreto antidesahucios pactadas por el Gobierno y el PNV, pero confirmaron que votarán a favor. Y en el ala socialista de la coalición son conscientes de que deben medir con cuidado sus pasos, para que el movimiento para atraer a la derecha no descuadre la balanza por la izquierda.
Los morados ya vienen tensionados del último pleno. El jueves, se opusieron frontalmente a la ley de Junts. La diputada Martina Velarde afirmó que alimenta “relatos racistas y xenófobos”, y aplica “mano dura a los robagallinas”, mientras a los “grandes delincuentes no se les toca”.
Podemos es una pieza fundamental para completar el puzzle de la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, otra norma fundamental para Junts. Por no hablar de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, que el Ejecutivo quiere llevar a la Cámara antes de abril. De hacerlo, los morados y Junts votarían en contra.
El “experimento de gran coalición” que irrita a Sumar
El aval del PSOE a la ley de Junts no sólo enfureció a los aliados parlamentarios, sino también a sus socios en el Gobierno. Enrique Santiago (IU), dentro del grupo parlamentario Sumar, acusó a los socialistas de asumir argumentos de la “ultraderecha más reaccionaria”. Y sugirió que la mayoría conformada puede ser un “experimento de gran coalición” entre PSOE y PP, pese a que hoy ambos partidos tienen difícil estar más alejados.
El ala socialista no contempla impulsar el decreto pendiente sobre vivienda, de momento
El 13 de enero de 2025, el presidente anunció varias medidas en materia de vivienda en un acto del Gobierno. Exactamente 364 días después, el 12 de enero de este año, Sánchez volvió a realizar promesas en esta materia, replicando este esquema. La más destacada, la bonificación del 100% del IRPF para los caseros que no suban el precio a la hora de firmar los contratos que están expirando estos días, y que fueron prorrogados por ley en varias ocasiones.
Esta medida incendió a Sumar por su orientación política -“es un regalo a los rentistas”-, así como por las formas. Llevaban desde octubre intentando persuadir a sus socios para aprobar un real decreto ley que volviera a prorrogar los “632.369 contratos de alquiler susceptibles de ser renovados” y tenían reuniones agendadas días después del anuncio del presidente. Después de jornadas de reproches cruzados y decibelios altos, ambos bajaron el tono para negociar.
La importancia de esta norma es considerable para ambos socios. El decreto con bonificaciones lo anunció el propio Sánchez, y por tanto dar marcha atrás, rectificar, no es una opción que quieran contemplar. Pero para el partido de Yolanda Díaz resulta fundamental convencer al PSOE para prorrogar estos contratos. Ninguno de los dos ha dado con la fórmula para cuadrar el círculo.
Sumar desprecia la “reducción del privilegio fiscal” que plantea el PSOE
Un mes después, fuentes del ala socialista del Gobierno rechazaron reactivar el decreto por el momento. Consideran “imposible” su aprobación, visto el rumbo de las negociaciones. Incluso se quejaron de su “mala suerte” a la hora de actuar en vivienda. Dos días después, el Ministerio de Isabel Rodríguez reconoció que había esbozado una línea de desincentivos fiscales para los caseros que suban los precios de los nuevos contratos.
“Se modula la deducción general del 50% de las rentas en el IRPF para quienes suban el precio, pero en ningún caso llegando al 0% porque se mantiene un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo (contratos de cinco años) vs turísticos/temporada”, aseguraron.
Y desde Sumar afearon al PSOE que volviera a poner sobre la mesa una medida ya rechazada en las conversaciones a la interna. “Los caseros ya disfrutan de un 50% de rebaja en el IRPF, por lo que desincentivar fiscalmente por subidas del alquiler solo es una reducción del privilegio fiscal”. “Con unas subidas del 40% en el precio del alquiler, las estimaciones de Sumar apuntan que el efecto en el mercado del alquiler seguirá siendo cosmético y sin capacidad real para aliviar la carga de los inquilinos”, apostillaron.
También insistieron en que los contratos de 2021 que expiran en 2026 afectarían “a más de 1,6 millones de personas”, que deberán volver a negociar en un mercado absolutamente disparado. O abandonar sus casas. Desde el ala socialista del Gobierno mantienen que hay dudas sobre la legalidad de esta prórroga, y se niegan a volver a contemplarla.
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