El panorama político de España se encuentra en un momento crítico tras el anuncio de Pedro Sánchez de reflexionar sobre su continuidad en la presidencia del Gobierno debido a las recientes controversias que han salpicado su entorno personal y político. Este posible cambio en la jefatura del Ejecutivo español abre un escenario lleno de interrogantes sobre quién podría sucederle y cómo se desarrollaría este proceso de transición. Aquí exploramos los mecanismos constitucionales y políticos que se activarían ante una dimisión del presidente del Gobierno en España.
¿Qué dice el marco constitucional?
La Constitución Española establece en su artículo 101 el procedimiento a seguir en caso de dimisión del presidente del Gobierno. Según este artículo, “El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”. Esto implica que la dimisión de Pedro Sánchez no solo afectaría su cargo, sino que podría implicar el cese del Gobierno en su totalidad.
¿Cuál es el papel del rey Felipe IV en el proceso?
El rey de España, Felipe VI, da un discurso mientras preside la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2023 al escritor español Luis Mateo Díez
El rey Felipe VI tiene un papel crucial en el proceso de designación del nuevo líder del Ejecutivo. De acuerdo con la normativa constitucional, el monarca debe realizar consultas con los representantes de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso. Tras estas consultas, el Rey propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. Normalmente, el líder del partido que cuenta con mayor apoyo parlamentario o la mejor capacidad de formar una mayoría. No obstante, la situación actual del Congreso de los Diputados es realmente excepcional debido a la polarización política existente.
¿Quién sería el sustituto de Pedro Sánchez en la Moncloa?
En el contexto actual, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se postula como una posible candidata a ocupar la presidencia, en caso de que Pedro Sánchez decida dimitir. Dada su posición y experiencia, Montero podría ser vista como una opción de continuidad y estabilidad dentro del mismo partido gobernante. Sin embargo, no es la única opción.
Pedro Sánchez y el PSOE podrían postular un nombre que no tuviera nada que ver ni con su partido, ni con su Gobierno, ni con el Congreso de los Diputados. Serían los propios diputados quienes votarían a favor o en contra de la propuesta socialista. Si el nombre cuadra en la agenda política de los distintos grupos del Congreso, dicho nombre sería aceptado por la cámara y se convertiría en el nuevo presidente.
¿Sería un “gobierno en funciones”?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su último viaje a Eslovenia
Mientras se elige y se inviste a un nuevo presidente, el Gobierno actual permanecería en funciones. Esto significa que continuarían desempeñando sus responsabilidades cotidianas pero estarían limitados en su capacidad para tomar decisiones de gran envergadura, como la aprobación de nuevos proyectos de ley o reformas significativas. El objetivo principal durante este periodo sería asegurar la gestión ordinaria de los asuntos del Estado.
La dimisión de un presidente y la elección de su sucesor son eventos que pueden reconfigurar el panorama político de un país. En España, donde el equilibrio de poderes y la estabilidad política han sido desafiantes en los últimos años, la elección de un nuevo presidente podría abrir una nueva etapa de negociaciones y alianzas políticas. En el convulso escenario político español, nadie puede apostar por nada.
¿Qué es la cuestión de confianza?
La cuestión de confianza en la política española es un mecanismo crucial dentro del sistema parlamentario. Cuando el presidente del Gobierno se encuentra en una posición de debilidad frente al Parlamento o necesita respaldo explícito para una política o programa específico, puede recurrir a esta herramienta. A través de la cuestión de confianza, el presidente busca la aprobación del Congreso para continuar gobernando.
Aunque en su esencia es similar a una moción de censura, con la diferencia de que la cuestión de confianza parte del propio presidente del Gobierno, su objetivo es asegurar el respaldo parlamentario en momentos de crisis política. Por otro lado, la moción de censura suele ser iniciada por la oposición y busca la destitución del presidente.
En España, la pérdida de una cuestión de confianza no siempre implica la dimisión del Gobierno, mientras que una moción de censura sí conlleva esta consecuencia. Además, la moción de censura constructiva requiere la presentación de una alternativa, requisito que no aplica en la cuestión de confianza.
La cuestión de confianza está regulada en los artículos 112 y 114 de la Constitución española de 1978. Y su resultado puede tener un impacto significativo en la estabilidad política del país.