Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno, declaró este miércoles en la pieza separada que indaga en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez. Esta imputado por malversación de caudales públicos y durante su comparecencia ante el juez solo respondió a las preguntas de su defensa, la Abogacía del Estado. Aseguró que no participó en la contratación de Cristina Álvarez y que tampoco le constaba que hubiera incumplido las funciones atribuidas a su cargo de asesora.
El nombramiento Álvarez es ahora la piedra angular sobre la que pivota el juez Juan Carlos Peinado para acercar el caso al Palacio de la Moncloa. Sospecha que el nombramiento fue ilegal y que Álvarez se excedió de sus funciones para ayudar en los negocios privados a Begoña Gómez.
En el marco de estas pesquisas, como si de una reacción en cadena se tratara, el magistrado ha llamado ya a declarar a cuatro cargos que trabajan en el Palacio de la Moncloa.
En primer lugar, citó a Alfredo González, entonces Vicesecretario General de Presidencia. En su declaración, reconoció que en 2018 firmó el nombramiento pero que no conocía a Álvarez y que en esa época “firmó muchos contratos de personal eventual en la Moncloa” por el cambio de Gobierno. Mencionó que su superior era Félix Bolaños, actual ministro de Justicia y Presidencia y, entonces, Secretario General de Presidencia.
Eso motivó la segunda excursión de Peinado al Palacio de la Moncloa para interrogar al ministro. Bolaños también se desvinculó de la contratación de la asesora a la que dijo no conocer hasta después de su incorporación en el puesto y negó, además, ser su jefe. Añadió ante el juez: “No sé quién es el superior jerárquico de Cristina Álvarez, nunca estuvo entre mis tareas”. La respuesta no fue suficiente para Peinado que le hizo abandonar la sala para que le diera el nombre del responsable de Álvarez.
De esa testifical salió otro cargo de Moncloa: Raúl Díaz Silva. Al que Peinado también citó este miércoles para declarar como testigo. Precisamente, este asistente al que mencionó Bolaños fue quien remitió al juez un certificado con las funciones y tareas de Álvarez y la catalogación de su puesto en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Preguntado por quién redactó este documento, Díaz no supo responder. Reconoció que solo firmó y que lo preparó “la administración”. Respuesta que no satisfizo el interés del juez que, cansado de evasivas, aplazó la declaración para el día 28 de mayo y le dijo: “Instrúyase usted para la próxima citación”. Algo que hizo saltar las alarmas de algunos de los presentes que, conociendo el proceder del magistrado, empezaron a sospechar que le abrirá también una investigación.
Por el momento, el juez espera que Díaz Silva lleve en su próxima declaración otro nombre más que trabaja en Moncloa y que redactó la lista de funciones del cargo de Álvarez. Será el quinto trabajador del complejo en comparecer.
Gómez intenta anular Air Europa
En paralelo, este mismo miércoles la defensa de Begoña Gómez movió ficha para intentar archivar la pata de la investigación que busca una posible participación de la mujer del presidente del Gobierno en el caso.
En el escrito presentado ante la Audiencia Provincial, instancia superior a los juzgados en los que instruye Peinado, recurría el último auto del juez, en el que insiste en indagar sobre Air Europa y la supuesta mediación de Gómez en su rescate.
La defensa de Gómez considera que Peinado hace una “interpretación sorprendente” de la anterior resolución de la Audiencia que le obligó a acotar la investigación y dejar fuera el rescate porque no había indicios sólidos. Además, insistió en el carácter prospectivo de la investigación y tildó de “extraordinariamente singular” el auto del juez por basar la nueva existencia de indicios en noticias publicadas en prensa.