El nuevo Plan de Control del Tabaquismo impulsado por el Ministerio de Sanidad ha provocado una respuesta contundente desde Bruselas. Lo que pretendía ser un paso decidido en la lucha contra el tabaquismo se ha convertido en una fuente de tensiones diplomáticas y advertencias por parte de varios países miembros de la Unión Europea. La ministra de Sanidad, Mónica García, se enfrenta ahora a un frente internacional que podría dejar su propuesta en papel mojado.
Seis países bloquean el Plan de Control del Tabaquismo
El trámite TRIS de la Unión Europea ha sido la vía por la que seis Estados miembros –Italia, Suecia, Rumanía, Hungría, República Checa y Grecia– han presentado sus “exposiciones razonadas” contra el Plan de Control del Tabaquismo. Todos coinciden en señalar que el Real Decreto que pretende modificar la normativa de 2017 se aparta del marco legal común y podría violar principios fundamentales del mercado único.
A raíz de estas objeciones, el proyecto español queda bloqueado hasta el 28 de julio, fecha en la que la Comisión Europea emitirá su dictamen. Todo indica que será negativo. Si se confirma, el Real Decreto del Plan de Control del Tabaquismo perderá toda posibilidad de desarrollo en su forma actual.
La Comisión Europea ha mostrado una especial preocupación por las definiciones legales incluidas en el Plan de Control del Tabaquismo. A fin de cuentas, modifican el sentido original de la directiva europea en materia de tabaco. Una de las principales críticas se refiere a la inclusión de productos como las bolsas de nicotina dentro del mismo tratamiento legal que los cigarrillos, lo que contraviene el enfoque adoptado por la mayoría de países europeos.
Según la Comisión, este tipo de medidas generan inseguridad jurídica, ya que se altera la armonización normativa y se dificulta la aplicación coherente en todo el territorio de la Unión Europea. Para mantener la cohesión del mercado común, el Plan de Control del Tabaquismo debería respetar los límites ya establecidos en la legislación comunitaria.
Falta de proporcionalidad y de diálogo
Además del conflicto jurídico, la Comisión Europea y los seis países implicados coinciden en cuestionar la falta de proporcionalidad de las medidas incluidas en el Plan de Control del Tabaquismo. Consideran que España no ha justificado por qué no optó por soluciones menos restrictivas, como limitar el acceso a menores o mejorar el etiquetado, en lugar de aplicar vetos generalizados.
Esta crítica es compartida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha recordado al Ministerio su obligación de aplicar criterios de buena regulación y tener en cuenta el impacto económico de sus decisiones. La CNMC advierte que el Plan de Control del Tabaquismo puede vulnerar el derecho constitucional a la libre empresa si no se sustenta en evidencia científica y en datos empíricos sólidos.
El límite de nicotina, otro punto caliente
Uno de los aspectos más polémicos del Plan de Control del Tabaquismo es la imposición de un límite de 0,99 miligramos por bolsita de nicotina. Esta cifra, muy inferior a la permitida en otros países europeos, ha sido duramente criticada por Rumanía y Suecia, entre otros. Ambos gobiernos consideran que este umbral supone una prohibición encubierta del producto y que no hay justificación técnica ni sanitaria para establecerlo.
Suecia, en particular, ha sido tajante en su rechazo al Plan de Control del Tabaquismo. Su política de salud pública se basa en ofrecer alternativas menos nocivas al tabaco tradicional. El país escandinavo es el único en Europa considerado libre de humo, gracias en parte a la promoción de bolsas de nicotina. Para ellos, la propuesta española es un paso atrás que atenta contra las estrategias más eficaces para reducir el tabaquismo.