La Vuelta a España, ese escaparate de paisajes, resistencia y emoción deportiva que cada septiembre recorre la geografía ibérica, cerró su edición de 2025 de la peor manera posible: con la última etapa cancelada en Madrid por las manifestaciones propalestinas que invadieron la ciudad y bloquearon el recorrido.
No hubo ceremonia de podio. No hubo paseo triunfal por Cibeles. Jonas Vingegaard fue proclamado ganador en la sombra, en un hotel, rodeado de un clima de desconcierto. Lo que debía ser una fiesta se convirtió en un bochorno internacional retransmitido en directo.
La escena golpeó de lleno a la política española, con acusaciones cruzadas, reproches de la oposición y críticas de sindicatos policiales. Pero, sobre todo, abrió una pregunta que ya no se formula solo en clave deportiva: ¿qué imagen transmite España al mundo después de un episodio así?
Y más aún, ¿puede esto afectar al acontecimiento deportivo más ambicioso de su historia reciente, el Mundial 2030?
El día que Madrid no pudo celebrar La Vuelta
El 14 de septiembre, la última etapa de La Vuelta debía recorrer poco más de 100 kilómetros desde Alalpardo hasta el corazón de Madrid. La tradición manda que esa jornada sea un homenaje al maillot rojo y una celebración para la ciudad.
Sin embargo, las protestas en apoyo a Palestina ocuparon la Gran Vía y otras calles clave. Derribaron barreras de seguridad y forzaron a la organización a detener la carrera cuando aún faltaban 44 kilómetros para el final.
Las imágenes fueron contundentes: ciclistas desconcertados, la policía cargando contra manifestantes, disturbios en Atocha y el anuncio oficial de que la etapa se daba por concluida. A partir de ese momento, el deporte desapareció y emergió una batalla política de alto voltaje.
El Gobierno, con Pedro Sánchez al frente, defendió el derecho a manifestarse y algunos dirigentes llegaron a afirmar que la movilización había “dignificado” Madrid.
Desde la oposición, el Partido Popular acusó al Ejecutivo de alentar las protestas y de haber puesto en riesgo tanto la seguridad ciudadana como la integridad de los deportistas.
Los sindicatos policiales, por su parte, denunciaron órdenes contradictorias y falta de respaldo en el operativo. El resultado fue una tormenta perfecta: deporte interrumpido, política polarizada e imagen internacional dañada.
La mirada extranjera: críticas y bochorno
Lo sucedido no quedó en un debate doméstico. La prensa internacional se apresuró a narrar los hechos con un tono que oscilaba entre la sorpresa y la crítica.
The Guardian habló de escenas caóticas y de un evento cancelado “abruptamente”.
Reuters subrayó la dimensión diplomática, recordando que las protestas estaban vinculadas al conflicto de Gaza e Israel y que el propio Gobierno español había respaldado públicamente a los manifestantes.
Le Monde recogió la expresión de la oposición española, que calificó la situación como una “vergüenza internacional”.
Incluso medios como Arab News destacaron que, aunque España mantiene un fuerte apoyo social a la causa palestina, episodios de esta magnitud proyectan dudas sobre su capacidad para organizar grandes eventos en condiciones de seguridad y neutralidad.
Associated Press, por su parte, describió a los ciclistas celebrando su victoria sin ceremonia oficial, en un hotel de Madrid, como símbolo de un fracaso organizativo inédito.
El eco fue inmediato. España apareció en titulares mundiales no por el triunfo de Vingegaard ni por la belleza de sus paisajes televisados, sino por la incapacidad de garantizar que la carrera llegara a buen puerto. Y ese relato, inevitablemente, cala en la memoria de federaciones, patrocinadores y organismos deportivos.
El Mundial 2030 en el horizonte
El contexto hace que la pregunta resuene con fuerza: ¿puede este episodio afectar al Mundial 2030? Hay que recordar que España va a organizarlo junto a Portugal y Marruecos.
La candidatura ya fue ratificada por la FIFA. Y el torneo será una realidad salvo catástrofe. Sin embargo, lo que ha ocurrido en La Vuelta introduce un matiz inquietante: la percepción de seguridad.
Los grandes organismos internacionales, desde la FIFA hasta el Comité Olímpico, valoran tanto la infraestructura como la capacidad de garantizar orden público. Y aquí se abre una grieta.
España tiene experiencia organizando grandes eventos. Ha celebrado Juegos Olímpicos en Barcelona 92, Eurocopas, finales de Champions y Mundiales de baloncesto. Su infraestructura es sólida: estadios renovados, transporte eficiente, hoteles suficientes.
Pero lo que La Vuelta dejó en evidencia no es una carencia de recursos, sino una fragilidad en la gestión del orden público frente a protestas masivas.
La FIFA no se moverá por ideologías, sino por pragmatismo. Necesita que los partidos del Mundial 2030 se celebren sin interrupciones. Que la seguridad de jugadores y aficionados esté garantizada. Y que las retransmisiones lleguen al mundo sin incidentes.
Si percibe riesgos, impondrá condiciones más estrictas, exigirá dispositivos reforzados y podría elevar los costes de organización.
El dilema entre libertad y control
España se enfrenta a un dilema complejo. Por un lado, es un país con una democracia consolidada en la que la protesta social es parte de la vida pública. Por otro, los grandes eventos deportivos exigen un control férreo que reduzca cualquier riesgo de interrupción.
La Vuelta mostró lo difícil que resulta conciliar ambas realidades. Para algunos, la actitud del Gobierno fue un ejemplo de respeto a la libertad de expresión. Para otros, una irresponsabilidad que sacrificó la neutralidad del deporte y expuso al país a un bochorno internacional.
En el Mundial 2030, ese margen de maniobra será mucho menor. El escaparate global no admite improvisaciones.
Los precedentes pesan. En otros países, episodios de inseguridad han lastrado la imagen de grandes competiciones. Los disturbios en el Stade de France durante la final de la Champions de 2022 en París, por ejemplo, provocaron un terremoto político en Francia y críticas internacionales.
En Brasil, las protestas durante el Mundial de 2014 recordaron que el fútbol también es un espacio donde confluyen demandas sociales. España corre el riesgo de aparecer en esa misma lista si no demuestra capacidad de previsión y control.
¿Perder el Mundial 2030? No, pero…
La posibilidad de que España pierda la organización del Mundial 2030 es, a día de hoy, remota. La adjudicación está hecha y revertirla sería una decisión extraordinaria.
Sin embargo, lo que sí puede suceder es que la FIFA y los socios internacionales eleven el nivel de exigencia hasta extremos incómodos. Habrá más presión sobre los planes de seguridad, más auditorías, más costes, más responsabilidad para las fuerzas del orden.
Y, lo que quizá sea más importante, la reputación. El Mundial 2030 no es solo un torneo: es una operación de imagen nacional. España pretendía mostrar modernidad, solvencia, hospitalidad.
Lo ocurrido en La Vuelta ha sembrado dudas. La pregunta ya no es solo si el país puede organizar un Mundial, sino qué relato proyectará al mundo cuando lo haga. Aún queda un lustro para descubrirlo.