Las infraestructuras son los cimientos sobre los que se organiza la vida cotidiana. Poder llegar puntual al trabajo o a una cita, encender la luz, desplazarse con seguridad en cualquier medio, comunicarse o sentirse a salvo. Si funcionan, no reparamos en ellas porque damos por hecho que el tren saldrá a su hora o que al apretar el interruptor tendremos luz. Desde esa confianza, planificamos agendas y vivimos sin sobresaltos añadidos. Si fallan, todo se tambalea.
La tragedia ferroviaria de Adamuz, con 43 víctimas mortales, ha quebrado una vez más esa normalidad básica generando la sensación de que el suelo puede abrirse en cualquier momento bajo nuestros pies. Al drama en las vías cordobesas se sumó esta semana otro accidente mortal que afectó a un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona), cuando la caída de un muro de contención por fuertes lluvias provocó la muerte de un maquinista y varios heridos. Ambos han puesto a prueba la solidez del Estado.
¿Ha empeorado la percepción ciudadana?
El hartazgo es visible en las redes sociales y en cualquier otro contexto. Existe inseguridad, incertidumbre, sensación de improvisación y malestar por la información confusa y contradictoria. Cuando se encadenan crisis, como las inundaciones, el apagón o los trenes, no se perciben como episodios aislados, sino como el resultado de un mismo mal estructural: la falta de mantenimiento. El argumento de país que no funciona no deja de repetirse.
El reflejo más claro es la huelga convocada por los maquinistas. También los usuarios han publicado en sus cuentas imágenes de los temblores en los trenes, los tramos de carretera deteriorados, el colapso en las estaciones de autobuses y trenes o el enfado por la subida de los precios.
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Adamuz ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero los datos indican que el descontento venía de lejos. Según los estudios más recientes, solo un tercio de la población española se declara satisfecha con las infraestructuras del país, a pesar de que la inversión en infraestructuras, industria e innovación ocupa un lugar central, el noveno, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para la Agenda 2030. La distancia entre los compromisos sobre el papel y la percepción ciudadana resulta, cuanto menos, llamativa.
El dato procede de la última edición del Global Infrastructure Index de Ipsos, un informe que analiza desde 2016 el grado de satisfacción de la ciudadanía con las grandes redes que sostienen la vida cotidiana: carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, energía, agua, banda ancha y comunicaciones. No se trata solo de infraestructuras espectaculares, sino de las que permiten que un país funcione sin que nadie repare en ello.
El estudio muestra que solo el 33 % de los españoles se siente satisfecho con las infraestructuras, una cifra prácticamente estancada respecto a 2023 y ligeramente por debajo de la media europea (35 %). Es, paradójicamente, el mejor dato histórico para España, tras haber aumentado ocho puntos en ocho años. Pero el optimismo se diluye rápido: la mitad de la población considera que no se está haciendo lo suficiente para cubrir las necesidades reales de los ciudadanos.
Cuando se pregunta por sectores concretos, la fotografía es desigual. En 2024, los aeropuertos lideraron el ranking de satisfacción, con un 76 % de valoración positiva, seguidos por la red de autopistas y carreteras principales. Destaca también el avance de la infraestructura digital -banda ancha, fibra y 5G-, que pasa de un 41 % de satisfacción hace ocho años a un 67 % en la actualidad. El abastecimiento de agua y el alcantarillado alcanzan cifras similares, confirmando que lo esencial, cuando funciona, se valora.
El 71% valora negativamente la vivienda
La red ferroviaria, curiosamente, había mejorado su percepción justo antes de las últimas crisis. Del 49 % de satisfacción en 2016 al 56 % en 2024, tanto en vías como en estaciones. En el extremo opuesto aparece la vivienda nueva, uno de los grandes focos de tensión social y política. El 71 % de la población considera que la situación es pobre, una cifra que explica buena parte del malestar urbano.
Tampoco salen bien paradas las infraestructuras vinculadas a la transición ecológica y la prevención de riesgos. La recarga de vehículos eléctricos apenas obtiene un 27 % de satisfacción, mientras que un 62 % la considera claramente insuficiente. Algo similar ocurre con la defensa contra inundaciones. Pese a haber mejorado once puntos desde 2016, solo un 29 % de los ciudadanos se muestra satisfecho y más de la mitad la juzga deficiente, una percepción especialmente sensible tras episodios de lluvias extremas.
Otros estudios refuerzan este clima de desconfianza. Un sondeo de EM-Analytics, realizado en el tercer trimestre de 2025, revela que el 69 % de los encuestados cree que los servicios públicos han empeorado en los últimos años, frente a un escaso 14,4 % que percibe mejoras. La confianza en la sanidad también acusa el desgaste. Solo el 48,5 % considera que el sistema funciona bien, aunque la mayoría sigue apostando por la sanidad pública, según el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad.
Incluso el turismo, uno de los grandes motores económicos del país, refleja esta paradoja. España cerró 2025 con cifras récord: 97 millones de visitantes internacionales y 135.000 millones de euros de gasto. Pero la percepción ciudadana va por otro camino. El último Barómetro de Percepción Turística de LLYC sitúa la nota media en un 5,4 sobre 10, la más baja de toda la serie histórica.
El tren de mercancías no es competitivo
En el ámbito ferroviario de mercancías, los datos son aún más elocuentes. La última encuesta de la CNMC, publicada el 19 de enero, muestra un endurecimiento claro de la valoración. Más del 80 % de las empresas y usuarios consideran que no es competitivo frente a la carretera, y en casi todos los indicadores, como obras, acceso internacional o competitividad general, la satisfacción ha retrocedido respecto a 2023, con la única excepción del acceso al material rodante, que mejora tímidamente.
Las infraestructuras no fallan de repente, se resienten durante años antes de romperse. Los datos, las encuestas y el malestar cotidiano apuntan en la misma dirección. Cuando el ciudadano empieza a dudar de que el tren llegue, de que la luz se mantenga o de que el agua no se desborde, lo que se erosiona no es solo un servicio público, sino una idea básica de estabilidad. Un país puede soportar crisis, pero no indefinidamente la sensación de que sus cimientos crujen.