La imagen de David contra Goliat se queda corta para describir la presión sobre las denunciantes de Julio Iglesias, más aún después del comunicado del cantante o el anuncio de su potente equipo de abogados. Cada detalle puede resultar aplastante. El cantante marca territorio y envía un mensaje de fuerza que podría avivar la sensación de indefensión que las dos mujeres, Laura y Rebeca, ya tuvieron antes de hacer público su testimonio de lo ocurrido cuando trabajaban en sus residencias en República Dominicana y Bahamas.
Enfrentarse a un aparato legal tan sólido como el que ha contratado Iglesias despierta el miedo a no ser creídas y el sentimiento devastador de que todo le está permitido, mientras que el margen de error para ellas es mínimo. Ya están siendo escrutadas y juzgadas: “¿por qué no se fueron?”, “¿por qué ahora?”, “¿qué buscan?”. Frente al vértigo de lo que se avecina, varias organizaciones ponen en valor su valentía, el alivio de no cargar en silencio con el secreto y el orgullo de que su historia puede proteger a otras. Que la Fiscalía haya decidido escucharlas como testigos protegidas introduce una grieta en ese muro que durante años funcionó como garantía de impunidad.
La causa está lejos de archivarse
El proceso judicial abierto, aún en estado embrionario, es de enorme complejidad jurídica. La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias de investigación bajo secreto por presuntos delitos de agresión y acoso sexual, trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. No hay, por el momento, imputación formal ni procedimiento penal plenamente abierto contra el cantante, pero la causa está lejos de archivarse.
Rebeca y Laura, nombres ficticios por razones de seguridad, han sido reconocidas por la Fiscalía como denunciantes y serán escuchadas en calidad de testigos protegidas, una decisión que implica, al menos en esta fase inicial, una consideración de verosimilitud de sus relatos y la necesidad de extremar su protección frente a la exposición mediática y las posibles represalias. Ambas mujeres están acompañadas por Women’s Link Worldwide y cuentan con el respaldo de Amnistía Internacional España, dos organizaciones con amplia experiencia en litigio estratégico en violencia de género y trata.
Próximos pasos
La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero, antes incluso de la publicación de la investigación periodística conjunta de elDiario.es y Univisión que destapó el caso. Desde entonces, la Fiscalía analiza los hechos en lo que se denomina fase preprocesal, un periodo en el que se recaban testimonios, documentación laboral, informes médicos y cualquier otro indicio que permita decidir si se presenta una querella formal ante la Audiencia Nacional o si el asunto se traslada a un juzgado central de instrucción.
La competencia de la justicia española se sustenta en la nacionalidad del cantante y en el principio de personalidad, que permite perseguir determinados delitos graves cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles. Además, las organizaciones no descartan que algún hecho concreto pudiera haberse producido en España, concretamente en una propiedad del artista en Málaga, lo que reforzaría aún más esa competencia. En paralelo, República Dominicana o Bahamas podrían abrir investigaciones propias, aunque ello no impediría que la causa en España siguiera su curso de manera autónoma.
Julio publicó el viernes un comunicado en su cuenta de Instagram en el que niega de forma rotunda las acusaciones. “Nunca he coaccionado ni faltado el respeto a ninguna mujer”, afirma el cantante, que califica los hechos denunciados de “absolutamente falsos” y asegura no haber sentido “nunca tanta maldad”. El mensaje, claramente orientado a la defensa de su reputación, agradece además las muestras de “cariño y lealtad” recibidas y anticipa una estrategia de confrontación.
El peso de su comunicado
Desde el punto de vista jurídico, el comunicado no tiene valor procesal alguno. No equivale a una declaración ante la Fiscalía ni ante un juez. Sí cumple una función evidente en el plano mediático y prefigura la línea de defensa, que consistirá en la negación total de los hechos y eventual cuestionamiento de la credibilidad de las denunciantes. El entorno del artista ha activado una defensa legal de alto perfil, lo que pronostica una batalla larga y técnicamente dura, con impugnaciones de la competencia, discusión de la calificación de trata y un escrutinio exhaustivo de los testimonios.
Según la denuncia, Rebeca y Laura trabajaron en 2021 en dos mansiones del cantante, sin contrato laboral, sometidas a jornadas de hasta 16 horas, sin días libres y bajo un control constante. Relatan que se les revisaban los teléfonos, se les prohibía abandonar las residencias y se les imponían pruebas médicas, incluidas pruebas de VIH y revisiones ginecológicas, como condición para ser empleadas. El control cotidiano habría sido ejercido por encargadas de confianza del artista, las denominadas house managers, que, según Women’s Link, facilitaban y normalizaban estas dinámicas.
La organización sostiene que los hechos deben analizarse en un marco de desequilibrio extremo de poder. “Hay captación, traslado, alojamiento y explotación. Primero el engaño, luego las amenazas, después las violencias en distintas formas y finalmente la coacción constante”, explica Jovana Ríos, directora ejecutiva de la ONG. Gema Fernández, directora legal para Europa, añade que existía un patrón de selección de trabajadoras: “Siempre mujeres jóvenes, latinas, racializadas y con un físico de su agrado. Los atributos físicos primaban sobre cualquier otra consideración profesional”.
Confianza en el sistema de justicia español
Más allá del recorrido judicial, el proceso tiene un fuerte impacto emocional para las denunciantes. “Había muchos nervios antes de la publicación. Ahora sienten apoyo y están orgullosas del paso que han dado”, explica Fernández. Ríos subraya que el acompañamiento no es solo legal: “Trabajamos con una mirada integral. En un momento que está siendo complejo, ellas tienen esperanza en el sistema de justicia español”.
Ambas mujeres han explicado públicamente sus motivaciones. Rebeca habla de una triple razón: “Por mí, por las mujeres que trabajan en sus hogares y por mi país, para que algo así no vuelva a ocurrir”. Laura insiste en el mensaje: “Que ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abuso. Las mujeres son víctimas y sobrevivientes, no culpables”.
A medio plazo, los escenarios son diversos. La Fiscalía podría archivar las diligencias si considera que no existe base probatoria suficiente, lo que abriría la puerta a una contraofensiva legal del entorno del artista en defensa de su honor. O podría optar por la judicialización plena del caso, con la presentación de una querella, la apertura de instrucción en la Audiencia Nacional y la eventual declaración de Iglesias como investigado.
Por ahora, lo único firme es que la denuncia no está cerrada, que la Fiscalía investiga bajo secreto y que el comunicado del cantante pertenece al terreno de la defensa mediática, no al de las resoluciones judiciales. En una causa en la que confluyen la fama, el dinero y el miedo, la solidez de las pruebas marcará el rumbo de un proceso que apenas acaba de comenzar.