La plataforma de pornografía Pornhub atraviesa el momento más crítico de su historia. Su empresa operadora, Aylo Group (antes MindGeek), se enfrenta a una ofensiva legal sin precedentes en Estados Unidos que combina multas millonarias, demandas estatales y una vigilancia regulatoria extrema por la difusión de abuso sexual infantil y el incumplimiento de las leyes de verificación de edad.
Acuerdo histórico
El punto de inflexión ocurrió el 3 de septiembre de 2025. La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y el estado de Utah anunciaron un acuerdo de 5 millones de dólares con Aylo para resolver las acusaciones de prácticas engañosas.
La investigación concluyó que, mientras Pornhub presumía de una política de “tolerancia cero”, en realidad se benefició durante años de la monetización de contenido ilegal.
Según los términos del pacto:
– Multa bajo advertencia: A los 5 millones iniciales se sumarían otros 10 millones de sanción suspendida si Aylo vuelve a incumplir la normativa.
– Control estricto: La empresa debe aplicar un sistema de verificación de edad y consentimiento obligatorio para todo contenido nuevo y auditar el material antiguo.
– Vigilancia externa: El acuerdo impone auditorías independientes periódicas durante los próximos 20 años.
El frente de Indiana: la batalla por la verificación
La presión aumentó el 16 de diciembre de 2025, cuando el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, demandó a cerca de cincuenta sitios pornográficos, incluidos los de Aylo. La acusación es directa: violar la ley estatal que exige verificar la mayoría de edad de los usuarios.
Aunque Pornhub alegó haber bloqueado el acceso desde Indiana, la fiscalía sostiene que los controles eran “fácilmente eludibles” mediante bloqueos geográficos ineficaces o simples avisos de advertencia. El estado considera que esto no solo pone en riesgo a los menores, sino que constituye publicidad engañosa al desinformar a los padres sobre la seguridad del sitio.
Un historial de impunidad bajo revisión
Estas acciones no son hechos aislados, sino la culminación de un proceso que comenzó a finales de 2023, cuando la empresa matriz firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE. UU. En aquel momento, la compañía admitió haber obtenido beneficios de ingresos relacionados con el tráfico sexual de personas.
Hoy, estados como Texas, Florida y Luisiana lideran una tendencia legislativa que exige métodos de verificación de identidad (como el uso del carné de conducir), lo que ha forzado a Pornhub a bloquear el acceso en varias regiones ante la imposibilidad —o negativa— de cumplir con estas normas de privacidad y seguridad.
Cronología de la crisis: hitos clave
– 2012-2020: Crecimiento exponencial de Pornhub y denuncias iniciales por contenido ilegal y no consentido.
– 2020-2021: Investigaciones periodísticas y demandas civiles de víctimas; retirada masiva de vídeos no verificados.
– 2023: Acuerdo penal con el Departamento de Justicia por beneficios derivados del tráfico sexual.
– 4 de junio de 2025: Aylo bloquea el acceso a Pornhub en Francia ante nuevas exigencias legales referidas a la verificación de edad.
– 3 de septiembre de 2025: La FTC y Utah anuncian el acuerdo de cinco millones de dólares por engañar sobre la seguridad de su contenido.
– 16 de diciembre de 2025: Indiana presenta una demanda civil por violaciones a la ley de verificación de edad contra la plataforma.
– Enero de 2026: Inicio de las auditorías obligatorias de la FTC sobre los sistemas de moderación de Aylo.
Implicaciones para el futuro digital
Cambio de paradigma
El caso de Pornhub marca un cambio de paradigma: la justicia ya no solo persigue a los creadores de contenido ilegal, sino que responsabiliza directamente a los operadores de las plataformas.
Para Aylo, el reto es de supervivencia. Deberá demostrar que puede transformar su modelo de negocio —basado históricamente en la subida masiva de contenido sin filtrar— en una estructura de control total.
Mientras tanto, el debate continúa. Más allá de las cifras, los acuerdos y las disputas regulatorias, estos procesos judiciales han vuelto a colocar en el centro del debate a las víctimas cuyo abuso, humillación o explotación se ha convertido en tráfico digital y en ingresos publicitarios.
El desenlace no solo determinará el futuro de una de las mayores plataformas pornográficas del mundo, sino que también marcará hasta qué punto las instituciones están dispuestas a priorizar a las víctimas frente a los intereses económicos de la industria digital.
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