Los órdenes del día también hablan. No solo por lo que incluyen, sino por la forma en que ordenan —y desordenan— las prioridades políticas. En apariencia, son documentos neutros, administrativos, pensados para organizar el funcionamiento ordinario de una institución. En la práctica, construyen un relato: dicen qué se considera normal, qué se pone al mismo nivel y qué se decide no separar.
El próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Torremolinos ofrece un ejemplo elocuente. En una misma sesión, sin solución de continuidad, el documento oficial prevé dar cuenta de la nueva situación institucional de Antonio Navarro como concejal no adscrito y, a continuación, debatir una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer, presentada conjuntamente por el PP y el PSOE.
Leído de forma estrictamente formal, no hay nada irregular en esa convivencia. Leído políticamente, el simbolismo es difícil de ignorar. El 8 de marzo no es una efeméride cualquiera, ni una declaración inocua. Es una fecha atravesada por la denuncia de las violencias machistas y por la exigencia de responsabilidad institucional frente a ellas. Compartir ese espacio con la asunción institucional, sin fricción ni contexto, de la situación de un cargo público investigado por acoso sexual no es una coincidencia neutra.
El PSOE podía haber presentado su propia moción
Aquí es donde el PSOE tenía margen para decidir. Podía haber separado su iniciativa, marcar distancia, evitar que la defensa de los derechos de las mujeres quedara diluida en un pleno que también asume como rutinaria una situación profundamente incómoda.
La contradicción resulta todavía más grave si se atiende al momento en el que se produce. La violencia machista atraviesa uno de sus picos más alarmantes, con denuncias en aumento, asesinatos que siguen sacudiendo la agenda pública y una presión constante sobre las víctimas para que denuncien, se expongan y sostengan procesos largos y dolorosos. A las mujeres se les exige valentía, coherencia y fortaleza. A las instituciones, sin embargo, se les sigue permitiendo la comodidad, incluso cuando esa comodidad tiene consecuencias simbólicas muy concretas.
En ese contexto, los gestos institucionales importan tanto como las palabras. Cuando un partido que se reivindica feminista acepta que la conmemoración del 8 de marzo comparta espacio político con la normalización administrativa de un cargo público investigado por acoso sexual, el mensaje que se proyecta hacia las víctimas es, como mínimo, ambiguo. No se trata solo de lo que se dice en una moción, sino de lo que se tolera en la práctica.
La pregunta no es si la iniciativa por el Día Internacional de la Mujer era necesaria —lo era—, sino si era suficiente. Y, sobre todo, si podía permitirse que ese gesto conviviera, sin fricción aparente, con decisiones que afectan directamente a la credibilidad de los discursos de tolerancia cero frente a la violencia machista.
La Diputación aprobó un sueldo de 52.500 euros para el acusado
Para muchas mujeres socialistas, militantes o votantes, esta convivencia no es un detalle técnico. Es un mensaje. Uno que interpela directamente a la coherencia entre los principios que se defienden en público y las decisiones que se asumen cuando el conflicto atraviesa a los propios.
Ese no es, además, el único gesto institucional que acompaña al caso de Antonio Navarro. Apenas unos días antes, otra institución gobernada con participación socialista volvió a enviar un mensaje difícil de conciliar con los discursos públicos de tolerancia cero frente a la violencia machista.
El pasado 16 de febrero, la Fiscalía de Málaga presentó una denuncia contra Navarro por acoso sexual, tras apreciar indicios suficientes de delito en el relato y en las pruebas aportadas por la mujer que le denunció, primero en el ámbito interno del partido y posteriormente ante los tribunales. Apenas dos días después, el 18 de febrero, el pleno de la Diputación de Málaga decidió mantenerle un sueldo público de 52.500 euros anuales tras su pase a diputado no adscrito, una vez que se negó a entregar su acta.
Un “capricho político”
La decisión salió adelante con el voto favorable del Partido Popular y la abstención del PSOE, Vox y Con Málaga. Igual que ocurre con los órdenes del día, los sueldos públicos también comunican. Mantener una retribución completa no es solo una decisión administrativa: es un símbolo de respaldo institucional, de normalidad, de ausencia de consecuencias inmediatas.
Tras la votación, tanto el Partido Popular como el PSOE defendieron públicamente que la decisión adoptada estaba impuesta por la normativa y que no existía margen real para actuar de otro modo. Desde el PP se argumentó que Navarro “tiene derechos”, que no ha sido condenado y que, según los informes de la Secretaría de la Diputación, no es posible dejar a un diputado sin sueldo. El mantenimiento de la retribución se presentó así como una consecuencia inevitable del reglamento, y cualquier alternativa como un “capricho político”.
El PSOE, por su parte, justificó su abstención en términos similares. Señaló que había actuado conforme a la normativa, que el pase de Navarro a la condición de no adscrito era automático y que los derechos económicos de los diputados no adscritos serían intrínsecos al mandato, por lo que debían ser ratificados por el pleno.
La ley no obliga a retribuir a un concejal no adscrito
Sin embargo, esa versión no se sostiene con una lectura detenida del Reglamento Orgánico de la Diputación de Málaga. El texto distingue claramente entre el estatus de diputado no adscrito y el régimen económico. El primero es automático; el segundo no. Las retribuciones solo se perciben cuando el pleno concede expresamente un régimen de dedicación parcial o exclusiva. El propio reglamento contempla, de hecho, la figura de diputados sin dedicación, que no cobran sueldo fijo y perciben únicamente asistencias por su participación en los órganos colegiados. Es decir, la ley no obligaba a mantener el sueldo. Permitía hacerlo, que es algo muy distinto.
Cuando las instituciones eligen no asumir costes políticos en contextos de violencia machista, también están tomando partido, aunque no lo digan. Y cuando quienes se reivindican feministas aceptan esa lógica sin marcar distancia, el problema ya no es solo de procedimiento, sino de coherencia democrática.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.