No es sencillo denunciar. Acusar a tu pareja, al padre de tus hijos. Tulia Ester, de 64 años, lo hizo el pasado viernes, tras sufrir una agresión. Pidió ayuda y protección, pero 48 horas después su maltratador la asesinó en el portal de su casa, en el barrio de Fuensanta de Córdoba donde vivía desde que llegó hace décadas de Colombia.
Hacía tiempo que se había separado, según cuentan los vecinos, pero la agresión del viernes debió de asustarla. Su intuición no le falló. Su vida corría peligro. No lo vio así el sistema. Su única medida de seguridad, una orden de alejamiento. Este mismo lunes estaba previsto el juicio rápido. Pero no ha llegado a celebrarse, el presunto asesino, lo ha impedido.
Solo se protege al 16,8% de las víctimas, las que denuncian
No es admisible que una mujer denuncie y no se la proteja. El grueso de las víctimas de violencia de género no acude a una comisaría o a un juzgado. Según la Macroencuesta de Igualdad, tan solo lo hace el 16,8 por ciento. No sabemos ni podemos actuar en la inmensa mayoría de los casos, pero si una mujer pide ayuda, debe tener la seguridad de que si acude a las autoridades, al sistema, la protección está garantizada.
Cuando una mujer denuncia violencia de género, debe responder al cuestionario VioGén, una serie de preguntas con las que el algoritmo calcula las posibilidades de sufrir un nuevo ataque, en su caso, el sistema de protección consideró que corría un riesgo medio. No era así, no se tomaron más medidas y este lunes ha sido asesinada.
Las víctimas suelen minimizar el peligro que corren
Las víctimas suelen minimizar el peligro que corren, los agentes especializados lo saben, el propio sistema cuenta con ello a la hora de calcular a qué se enfrenta la mujer que responde las preguntas de VioGén. De hecho, el resultado del algoritmo se puede corregir solo al alza. Es decir, el sistema puede arrojar un resultado de riesgo bajo y el agente lo puede subir a medio si así lo considera.
El presunto asesino tenía una orden de alejamiento, pero en la práctica, la prohibición de acercarse a la víctima depende únicamente de la voluntad del agresor.
“La orden de alejamiento es un papel”
Como explica el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género y médico forense, Miguel Lorente, este tipo de medidas de protección tienen un límite estructural. No funcionan porque exista un mecanismo que impida físicamente al agresor acercarse, sino porque se confía en que decida cumplirlas. “La orden de alejamiento es un papel”, resume. La garantía de protección descansa, en última instancia, en la voluntad de quien ya ha ejercido violencia.
Ese riesgo se incrementa cuando el sistema relativiza el incumplimiento. Lorente advierte de que muchos agresores quebrantan la orden y no cometen una agresión grave en ese momento, lo que genera una falsa sensación de control. “No vale decir que muchos la incumplen y luego no matan”, insiste. El quebrantamiento es una señal objetiva de peligro y debería interpretarse siempre como tal.
También cuestiona la ausencia de una respuesta automática ante estas vulneraciones. No existe un criterio uniforme que determine consecuencias inmediatas cuando se incumple una orden de alejamiento. La decisión queda a valoración judicial caso por caso, lo que permite que el agresor pruebe los límites del sistema sin una reacción clara ni previsible.
A ello se suma la dificultad de anticipar el riesgo desde el inicio. La protección se construye a partir de una valoración inicial —como la que realiza el sistema VioGén— que no siempre capta la evolución de la violencia ni su potencial letal. Cuando esa valoración falla, las medidas adoptadas pueden resultar insuficientes desde el primer momento.
No se trata de una excepción ni de una anomalía. En los últimos diez años, recuerda Lorente, alrededor de una de cada cuatro mujeres asesinadas había denunciado previamente. El riesgo estaba identificado y, aun así, no se evitó el asesinato, como en el caso de Tulia Ester.