En la rueda de prensa posterior al Comité de Crisis celebrado el pasado martes, una periodista preguntó a la ministra de Igualdad si iba a haber representación del Gobierno en los funerales de las cuatro mujeres y dos niños asesinados este fin de semana. Ana Redondo respondió que siempre acompañan a la víctimas y a sus entornos, insinuó contactos telefónicos y apuntó a la atención psicológica, judicial y social como la base de los acompañamientos a las familias. “Hay una atención y protección y cada uno de los casos tiene una respuesta individualizada”, dijo. Minutos antes, había insistido en que la lucha contra la violencia de género era una cuestión de Estado y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se había referido a estos asesinatos como “terrorismo machista”.
Sin embargo, no es común que miembros destacados del Ejecutivo acudan a los funerales de las víctimas de violencia machista. Los alcaldes, concejales, consejeros y representantes de las subdelegaciones y delegaciones de Gobierno pueden acudir a dar el pésame y a ciertos homenajes, como minutos de silencio, pero no es habitual que los ministros o el presidente acudan a estos actos.
Decisión discrecional
Hay una diferencia entre los funerales denominados de Estado y cuando tienen lugar exequias a nivel privado. Sí hubo representación del Gobierno en funerales de tragedias como el accidente del Metro de Valencia, el del vuelo de Spanair, Angrois y el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, acudió al funeral por Gabriel Cruz, por ejemplo.
Carlos Fuente, director del Grado en Protocolo y Organización de Eventos, explica que no existe un protocolo como tal, “no hay ninguna obligación de ir, simplemente es una decisión que las autoridades pueden tomar, si tiene que ir un miembro del Gobierno o quien consideren. Cada uno decide en función de cada momento. No he visto habitualmente a autoridades de alto nivel ni ministros ni a jefes de la oposición. Normalmente lo que sí vemos es algún alcalde, parece una presencia más obligada por la cercanía y porque son los representantes del municipio”, apunta.
Estaríamos de luto todos los días
Fuente señala que “desgraciadamente son muchos casos los que hay y, a veces, no se puede estar siempre. Es un poco complicado, pero desde el punto de vista de protocolo, la única obligación que tendría el Gobierno asistir sería si fuera un funeral de Estado”.
El director del Grado en Protocolo, asegura que cuando tiene lugar un accidente de impacto termina convirtiéndose en un luto nacional y en esas circunstancias, normalmente, debería haber representación del Ejecutivo. Acerca de las seis víctimas asesinadas este fin de semana cree que al no ser “fruto de una acción, sino de varias diferenciadas” no tiene el mismo impacto. “En este tipo de fallecimientos por violencia de género no suele haber más que el luto local que decreta el ayuntamiento porque si no, es muy probable que en España estuviésemos de luto prácticamente todos los días“.
La reparación del daño debe ser pública
Desde las asociaciones de víctimas, en general, sí creen que debería haber una representación del Gobierno. “Qué mínimo que la ministra de Igualdad”, asegura Olga Caldera de la asociación AMAR. Rosalía González de la asociación MAMI cree que si la violencia machista es una cuestión de Estado, deberían acudir. “Si murieran cuatro futbolistas o cuatro de lo que sea todo el mundo se preguntaría por qué se asesinan a tantos y qué está pasando, pero de cuatro mujeres y dos niños no se acuerda nadie. Lo estamos normalizando y no puede ser que se normalice. Tiene que salir en la tele, el Gobierno tiene que desplazarse a cada asesinato para que vea el dolor que causa”, insiste.
Sería un doloroso recordatorio para las familias
“El presidente del Gobierno, la ministra de Igualdad todos deberían estar acompañando a la familia y no solo haciendo declaraciones en la tele. La reparación del daño debe de existir y debe ser pública. Tiene que ser una reparación gubernamental, institucional y de la sociedad en general a cada víctima”, piensa Chelo Álvarez, de la asociación Alanna.
En cambio, Natalia Morlas, de la asociación Somos Más opina que no deben acudir porque “sería un doloroso recordatorio para las familias, un recordatorio de que las cosas no se están haciendo bien, de que no hacen su trabajo y de que están fallando en su labor de protección a las víctimas. Los políticos y políticas lo que tienen que hacer es legislar para evitar las muertes, las agresiones y proteger a las mujeres y criaturas que están en peligro”, finaliza.