Muchas veces, cuando una víctima de violencia de género no encuentra salida, se siente atrapada, sola o el sistema no responde, llama a todas las puertas. A todas. Es algo habitual.
Lo que no lo es tanto es que ese SOS obtenga algo más que un acuse de recibo cargado de buenas intenciones. Quizá por ello, sorprende la sensibilidad y compromiso de Ana Balsera. Una diputada de ERC en el Parlament catalán que, en los últimos tiempos, se ha convertido en una especie de refugio para las víctimas, en un salvavidas cuando más lo necesitan.
El caso de la jueza Francisca Verdejo
Todo empezó cuando comenzaron a aflorar las quejas contra la jueza Francisca Verdejo, titular de un juzgado de Violencia contra la Mujer en Barcelona. Varias mujeres empezaron a señalar un mismo patrón: órdenes de protección denegadas, sensación de desamparo y decisiones judiciales que, según denunciaban, no las protegían.
Lo que en un primer momento parecían casos aislados fue tomando forma de problema colectivo. Las víctimas comenzaron a organizarse, a compartir experiencias y a buscar interlocutores políticos que las escucharan. Fue entonces cuando Balsera empezó a implicarse directamente.
No se limitó a escuchar. Se reunió con las afectadas, trasladó sus casos al Parlament y empezó a señalar públicamente lo que consideraba un fallo estructural del sistema. Puso cifras sobre la mesa, como el alto porcentaje de órdenes de protección denegadas y denunció lo que calificaba como posibles situaciones de violencia institucional.
Ya de por sí, una heroicidad. Tampoco es común que un responsable político ose a cuestionar decisiones judiciales o señale las grietas en la atención a las mujeres maltratadas.
Aquella exposición, ese apoyo público, tuvo consecuencias. La jueza Verdejo pidió amparo ante el Consejo General del Poder Judicial por las palabras de Balsera y otros cargos políticos, al considerar que podían interferir en la independencia judicial. No prosperó.
“En aquellas fechas, me podía llegar un caso diario”
Esa advertencia en modo de queja institucional, lejos de frenar su implicación con las víctimas, consolidó su papel como interlocutora. A partir de entonces, los mensajes de mujeres a Balsera se multiplicaron. “En aquellas fechas, me podía llegar un caso diario”, recuerda.
Ya no eran solo temas vinculados a Verdejo, sino mensajes por redes sociales donde le contaban todo tipo de situaciones y le pedían ayuda.
Nada de esto formaba parte de su especialidad. Balsera es abogada de formación, pero su carrera profesional había estado centrada en el derecho civil y mercantil, lejos de los juzgados de violencia de género. Una paradoja que, sin embargo, no fue obstáculo para que empatizara y se involucrara. Ella misma confiesa que ha vivido de cerca cómo opera y destruye la violencia machista en su entorno.
Athina y Gina
La semana pasada, por ejemplo, se reunió con Abby, la mujer que lleva cinco meses sin saber nada de Athina, su hija de siete años tras una sustracción parental. “Me etiquetó en una publicación. La verdad es que no conocía el caso”, explica.
No era la primera vez. Meses antes ya se había implicado en otro secuestro parental, el de Gina, un caso que sí tuvo repercusión mediática en Cataluña. El contacto, sin embargo, no llegó por vías oficiales. Fue a través de una militante que conocía a la familia.
Aquella primera conversación se produjo en Navidad. Desde ese momento, Balsera actuó como intermediaria entre la madre y distintas áreas del Govern —Interior, Igualdad, Familia o incluso Exteriores— para intentar activar todos los recursos posibles. Durante semanas, siguió el caso de cerca, hasta que se resolvió. Todavía hoy mantiene el contacto con la madre de Gina.
Para Abby, tras tantos días sin saber nada de su hija, la actitud de Balsera ha sido un bálsamo. Ella misma ha denunciado en este periódico sentirse abandonada por las instituciones, y la reunión con la diputada de ERC alivió, en cierta medida, ese silencio.
“El sistema no funciona”
Pero más allá de los casos concretos, Balsera insiste en una idea, el problema no es puntual. “El sistema no funciona”, sostiene.
Relata casos que ha conocido donde menores de edad han verbalizado y denunciado abusos por parte de su padre sin que se adopten medidas o situaciones en las que informes médicos desaparecen mientras los procedimientos siguen adelante.
Su crítica no se limita a los jueces. Señala fallos en todo el engranaje: desde funcionarios y servicios sociales hasta el propio turno de oficio. Habla de denuncias que no son creídas, de órdenes de protección que no llegan y de procedimientos que, en la práctica, acaban dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad
Balsera es consciente de los límites de su papel. No forma parte del gobierno ni tiene capacidad ejecutiva, pero, en muchos casos, acaba actuando como intermediaria, intentando que alguien escuche donde antes no ha habido respuesta.
En ese trabajo no está sola. Dentro de ERC, explica, hay otras compañeras que también atienden y acompañan a víctimas, con las que comparte información y casos. “Somos varias”, insiste.
Mientras tanto, los mensajes siguen llegando. Mujeres que, después de pasar por todos los canales oficiales, buscan un último resquicio. A veces, esa respuesta llega desde un lugar inesperado.