La cárcel de Brieva (Ávila) se ha manifestado como una sucursal cutre del Infierno. Sus villanos no invitan a la hibristofilia, sino a la náusea inevitable, al asco más arcano. Esta semana hemos conocido que Ana Julia Quezada, la primera mujer condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en febrero de 2018, se pasó por la piedra a varios funcionarios de presidios para conseguir teléfonos móviles, alcohol, perfumes y maquillaje. Para zambullirse en semejante ciénaga de inmoralidad, en semejante sima de barbarie, hay que tener poca humanidad, dignidad y vergüenza. De haber sido contemporáneo nuestro, Dante se hubiera inventado un círculo específico para ellos en su inmortal averno. ¿Qué tendrá que ver esta gentuza con los amantes Paolo y Francesca?
El juzgado número 4 de Ávila investiga a varios energúmenos desde hace casi un año por un posible delito de cohecho, si bien Patricia Ramírez, la madre del crío asesinado, puso en conocimiento del Ministerio del Interior en diciembre de 2023 que la desalmada infanticida se zumbaba a estos abortos de protozoo y que utilizaba teléfonos móviles dentro del trullo para grabar un documental. El sumario del caso recoge un monumento a la vileza, un campo minado de declaraciones más propias de la novela negra sucia que del mundo disneylándico, ecosostenible y resiliente en el que nos dicen que vivimos. Según una presa, Quezada presumía de tener “encoñados” a un cocinero y a varios funcionarios. Otra la describía como “muy manipuladora”, capaz de “conseguir cualquier cosa”. Al Demonio le va en el sueldo ser el Demonio, mas, ¿qué me cuentan sobre los manipulados? ¿De qué pasta moral están hechos estos servidores impúdicos?
La historia de Quezada es un ovillo rebozado de guano corrosivo. Su hilo pringa, quema y carcome. El capítulo de su novia, una joven catalana que ronda los treinta, es impresionante. Esta llamaba a tarotistas preguntando por el futuro inmediato de la asesina –“Ana Julia, Piscis, 49 años”– y desvelando, así, sus infectos tejemanejes: los regalos de los funcionarios, su posible traslado o la preparación de “un documental de Netflix por el que le pagarían unos 300.000 euros”. La infanticida ya había quedado con el abogado para revisar el contrato a firmar con la productora y el dinero a percibir, pero, de nuevo, Patricia Ramírez consiguió detener la gestación de esta carroña audiovisual.
La sombra del horror cubre la biografía de esta dominicana que llegó a España en 1991, con dieciocho años, dejando atrás a una hija recién nacida, Ridelca, y que ejerció la prostitución en un club de alterne de Burgos, del que salió tras iniciar una relación con un camionero, Miguel Ángel Redondo, con el que se casó y tuvo una hija, Judit. En 1995, se trajo a Ridelca y, al poco, la cría de cuatro años murió tras caer de madrugada por la ventana de un séptimo piso. En su momento, el caso quedó archivado como un accidente. La relación de Quezada con Redondo se acabó cuando se pulieron un premio de la Bonoloto.
En 2011, se ennovia con el hostelero Francisco Javier Sánchez, dieciséis años mayor que ella. Cuando el tipo estaba gravemente enfermo, la convirtió en única beneficiaria de un seguro de vida de 30.000 euros. Dos días antes de que este muriera, Quezada fundía 6.000 pavos de Sánchez en una operación de pecho. Según los hijos del hombre, “tras el velatorio, se fue al cine y a cenar con un señor operado de una traqueotomía”. A su tercera pareja, después de muerto, le birló otros 16.000 euros. En 2016, conoció a Ángel Cruz, el padre de Gabriel. El 27 de febrero de 2018, el niño desapareció y, por motivos sobrada y lamentablemente conocidos, Ana Julia se convirtió en uno de los personajes más infames de la Historia de España. No le quedan tan lejos los presuntos funcionarios corrompidos: el mal impregna.