“La vida en prisión no tiene nada que ver con la realidad que conocemos. Es vivir en otro mundo completamente distinto con reglas y problemas diferentes. No es sencillo hacerse una idea de lo que supone para quien no ha estado nunca dentro”. Quien habla es una trabajadora de una asociación que presta servicio y atiende a internas en varios centros penitenciarios de España. No quiere dar su nombre ni que se mente su organización. “Es complicado”, insiste.
Lo que ocurre tras los muros de las cárceles goza de una cierta opacidad. No es sencillo obtener permisos para entrevistar, realizar reportajes, ni se facilitan excesivos datos de lo que allí sucede. Sí se sabe que en España, en julio de 2024, había 58.937 reclusos, de los cuales 4.336 eran mujeres adultas.
Un móvil a cambio de sexo
Sin embargo, este martes el diario “El País” adelantaba que se estaba investigando a varios funcionarios de prisiones de la cárcel de Brieva. ¿Por qué? Al parecer, habrían facilitado un teléfono móvil a Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz en febrero de 2018, a cambio de mantener relaciones sexuales.
Lo confirmó el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano Murillo. Las pesquisas corren a cargo de la Guardia Civil de la Comandancia de Ávila por “la posible comisión de un delito de cohecho consistente en proporcionar un trato de favor a una interna de la prisión a cambio de recibir favores sexuales por parte de la misma”.
Ana Julia denunció una agresión sexual
El juzgado investiga estos hechos desde hace casi un año. Cuando la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, realizó una denuncia pública donde apuntaba que Quezada tenía acceso a un teléfono móvil que usaba para negociar su participación en un documental sobre el crimen. Se registró su celda, pero no se encontró el terminal. Ahora sabemos que los funcionarios no solo le facilitaron el móvil, sino que le avisaban si se iban a producir cacheos.
El informe de la directora de la prisión de Brieva, Laura Pérez sobre los hechos menciona que “Ana Julia refiere en la entrevista con el educador que ha sido víctima de una violación, al haber mantenido relaciones sexuales con el funcionario en cuestión y aprovecharse este de su situación de superioridad y poder con respecto a ella”.
La punta del iceberg de los abusos de poder
No obstante, los investigadores creen que Ana Julia buscaba chantajear a los responsables del centro con las grabaciones que realizó de los encuentros sexuales para conseguir un traslado a Barcelona.
Sea como fuere, e independientemente de las intenciones de Quezada, el caso pone en evidencia el comportamiento de los funcionarios de prisiones y trabajadores que se aprovechan de la vulnerabilidad de las reclusas.
“Ninguna va a hablar. No quieren jaleos”
De no ser por el empeño personal de Patricia Ramírez por proteger la memoria de Gabriel y sus derechos como víctima, quizá nunca se hubiera conocido el supuesto acuerdo al que habrían llegado los funcionarios con una presa conocida y con proyección pública. ¿Puede ser Ana Julia Quezada solo la punta del iceberg de lo que ocurre de muros para dentro?
“Ninguna va a hablar. No quieren jaleos, les pueden amargar la vida“, repite la trabajadora de la asociación que las atiende en los centros penitenciarios sobre las internas o exreclusas. Tampoco quiere confirmar ni desmentir que exista un problema de violencia sexual en las cárceles de España, que afectaría principalmente a las mujeres más vulnerables que quieran obtener dádivas más sencillas que un teléfono móvil, como Quezada.
Lo cierto es que las mujeres apenas denuncian las agresiones sexuales, ni siquiera aquellas que están en libertad. Tan solo se pone en conocimiento de las autoridades el 8 por ciento de la violencia sexual. No se publican datos sobre ataques o chantajes sexuales a mujeres dentro de prisión y tan solo conocemos los casos que llegan a los tribunales. Forma parte de este velo que cubre la información de los centros penitenciarios, donde, de nuevo, las mujeres son las más vulnerables.