La fundación Hay Derecho ha contribuido a la realización del informe anual de la Comisión Europea que evalúa la salud del Estado de derecho de cada Estado miembro de la Unión Europea (UE). Un informe que se realiza por quinto año consecutivo y que sirve para tomar el pulso de la situación de cada país.
En el caso de España, Hay Derecho alerta a la Comisión Europea sobre varios asuntos relacionados con el deterioro del Estado de derecho, y pone el foco en la quiebra del sistema de contrapesos -especialmente, sobre la grave politización del Tribunal Constitucional-.
Hay Derecho ha elaborado su diagnóstico dirigido al ente comunitario centrándose en cuatro grandes bloques temáticos: sistema judicial, marco de lucha contra la corrupción, medios de comunicación y órganos de contrapeso.
“Politización” del Constitucional
La contribución al informe comunitario de Hay Derecho destaca que, en los últimos años, la tendencia de nombrar magistrados del Tribunal Constitucional “con vinculaciones políticas” previas ha ido en aumento. Ocho de los doce magistrados han ostentado anteriormente cargos públicos promovidos por los partidos políticos que luego los han propuesto como magistrados constitucionales.
El máximo tribunal de garantías no es el único órgano de contrapeso cuya independencia está en entredicho. Otro caso que destaca Hay Derecho en su contribución es el del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que pasó directamente de la política activa a la defensoría del pueblo.
Además, tal y como recuerda la fundación, las puertas giratorias en órganos reguladores, de contrapeso y autoridades independientes “siguen siendo una práctica persistente” en España.
El informe resalta asimismo la politización y falta de independencia de los medios de comunicación en España, con el foco especialmente puesto en el ente público Radio Televisión Española (RTVE). Del nuevo Consejo de Administración, 10 de los 15 consejeros tienen “marcadas vinculaciones políticas”, lo que pone de manifiesto, una vez más, la “lógica del reparto de cromos de las instituciones españolas”.
Grave quiebra de la independencia judicial
Otra cuestión que aborda la contribución comunitaria de la fundación es la “quiebra acuciante” de la independencia del Poder Judicial. En este sentido, el informe resalta que no se ha producido ningún avance respecto a la separación de mandatos entre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el Gobierno, lo que se traduce en menor independencia y en una excesiva discrecionalidad en los nombramientos de la cúpula fiscal. El informe también destaca su imputación por un presunto delito de revelación de secretos. Se resalta, además, que el fiscal general del Estado se ha negado a dimitir a pesar de las insistencias de varias asociaciones de fiscales ante un hecho inédito como este.
El informe también pone el foco en la proposición de ley del PSOE para modificar la figura de la acción popular que, de aprobarse, podría vaciar de contenido una figura constitucionalmente garantizada. Además, parece una modificación oportunista ya que prevé su aplicación retroactiva a procedimientos en curso muy mediáticos y políticos.