Noruega ha dado un paso poco habitual en Europa: avisar por carta a miles de ciudadanos de que, en caso de guerra o amenaza grave, el Estado podría usar bienes privados para la defensa nacional. El mensaje no habla de una intervención inmediata, pero sí deja claro que el país se prepara para escenarios extremos. Este movimiento ha generado atención internacional y se plantea una pregunta clave: ¿podría España hacer algo parecido?
A lo largo de 2025, cerca de 14.000 personas en Noruega recibieron una notificación oficial. En ella se les informa de que algunos de sus bienes, como barcos, vehículos, edificios o maquinaria, podrían quedar temporalmente a disposición de las Fuerzas Armadas si la situación de seguridad empeora. En 2026, el Gobierno noruego prevé enviar más de 13.000 cartas adicionales.
Las autoridades insisten en que no se trata de una incautación inmediata. Es un aviso previo, una forma de identificar recursos civiles que podrían ser necesarios con urgencia. En tiempos de paz, estas comunicaciones no cambian la vida diaria de los ciudadanos. Sin embargo, el mensaje es claro: el Estado quiere estar preparado.
Este enfoque se conoce como “requisición preparatoria”. Consiste en informar con antelación a los propietarios de que, si se activa el marco legal, sus bienes podrían ser utilizados de forma temporal para apoyar a la defensa. La ley noruega permite hacerlo no solo en guerra, sino también cuando existe una amenaza seria de conflicto.
El contexto explica este giro. Noruega comparte frontera con Rusia y vigila zonas clave del Ártico y los mares del norte. Desde Oslo, se define al país como una pieza avanzada de la defensa europea en el norte. Además, la guerra en Ucrania ha cambiado la percepción del riesgo en todo el continente.
Las autoridades noruegas no solo piensan en una invasión clásica. También contemplan amenazas híbridas, como sabotajes, ciberataques o interferencias en infraestructuras críticas. Por eso, el Gobierno ha impulsado el modelo de “defensa total”, que integra a Fuerzas Armadas, administraciones, empresas y ciudadanos en un mismo sistema de respuesta.
En este marco, 2026 ha sido señalado como el “Año de la Defensa Total” en Noruega. Se prevén ejercicios, planes de emergencia y coordinación entre sectores civiles y militares. Las cartas de requisición son el primer paso visible de esta estrategia.
¿Y España? En nuestro país también existe base legal para requisar bienes en situaciones extremas. La Ley de Expropiación Forzosa contempla las llamadas “requisas militares” en caso de guerra o movilización, siempre con compensación económica. Sin embargo, el enfoque es distinto.
En España no se envían avisos previos a los ciudadanos. La activación de estas medidas está más ligada a decisiones formales y a supuestos muy concretos. Además, el debate público sobre la preparación civil para escenarios de guerra ha sido mucho más limitado.
El ejemplo noruego pone sobre la mesa una cuestión incómoda pero relevante: hasta qué punto las sociedades europeas están preparadas para crisis graves. Más allá del ámbito militar, se trata de saber si existe una planificación clara y una comunicación honesta con la población.
En un contexto internacional cada vez más inestable, con tensiones geopolíticas crecientes, Noruega ha optado por anticiparse. Su decisión no implica alarmismo inmediato, pero sí una advertencia: la seguridad ya no se da por sentada. Y Europa, incluida España, empieza a preguntarse si debería hacer lo mismo.