El crecimiento del fútbol femenino español no se mide únicamente por la evolución de sus competiciones o la profesionalización de sus futbolistas. También depende de quienes hacen posible que los partidos se disputen. En ese escenario, el colectivo arbitral femenino ha conseguido un avance importante: disponer de un convenio colectivo propio que regula sus condiciones laborales y reconoce derechos específicos para desarrollar su profesión.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) formalizaron públicamente el acuerdo el pasado 27 de octubre de 2026, en un acto celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Rafael Louzán, presidente federativo, y Valentín Pizarro, presidente de AESAF, encabezaron la firma, acompañados por Fran Soto, responsable del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Paco Hevia, gerente de la asociación, y Olatz Rivera, árbitra profesional.
Aunque la presentación institucional se ha celebrado esta semana, el texto ya había sido suscrito por la comisión negociadora el 28 de abril y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 30 de mayo. El acuerdo regula las condiciones laborales de las árbitras principales y asistentes contratadas por la RFEF para las competiciones profesionales femeninas.
Una carrera no debería detenerse por la maternidad
Uno de los aspectos más significativos del convenio es el reconocimiento de una protección específica para las árbitras embarazadas. El artículo 39 contempla la posibilidad de renovar el contrato durante una temporada adicional cuando una colegiada se encuentre en esta situación. Para ejercer este derecho deberá comunicar el embarazo a la Federación y acreditarlo mediante el correspondiente informe médico, respetando los plazos establecidos.
Además, RFEF y AESAF se comprometen a crear un grupo de trabajo que estudie nuevas medidas relacionadas con el embarazo, la maternidad y la conciliación familiar y profesional.
Paco Hevia, gerente de AESAF, destacó esta cuestión durante la presentación y explicó que el objetivo es evitar que la maternidad interrumpa la trayectoria de las profesionales. “Hemos establecido un fondo para que las árbitras se reintegren al mundo laboral después de sus carreras deportivas, la protección de la maternidad para que no se vean cortadas en los momentos que quieran ser madres y una beca de 1.000 euros para que puedan invertir en su formación profesional“, explicó.
Salarios, seguros y derechos económicos
El acuerdo también concreta las condiciones retributivas de las profesionales. Las tablas correspondientes a la temporada 2025/2026 fijan un salario bruto anual de 26.341,20 euros para las árbitras principales y de 13.486,80 euros para las asistentes. A estas cantidades se añaden las primas por partido, los derechos de imagen y el premio de final de carrera, establecido en 12.250 euros y 6.500 euros, respectivamente. Las cantidades previstas para 2026/2027 se actualizarán conforme al IPC, con un mínimo del 1 % y un máximo del 2,5 %.
En materia de protección social, la RFEF deberá complementar las prestaciones de la Seguridad Social hasta alcanzar el 100 % del salario fijo anual durante una incapacidad temporal, siempre que se mantenga el contrato. El convenio incorpora también un seguro que contempla una indemnización de 75.000 euros en caso de fallecimiento, gran invalidez o incapacidad permanente derivada de un accidente laboral, en los supuestos recogidos en el documento.
Formación y oportunidades después de la retirada
La duración de una carrera arbitral tiene límites y no siempre resulta sencillo trasladar la experiencia adquirida en los terrenos de juego a otro ámbito profesional. Por ese motivo, el convenio dedica una parte de sus disposiciones a preparar esa transición.
Para la temporada 2026/2027 se ha establecido un fondo de formación de 48.000 euros. Las árbitras podrán solicitar ayudas de hasta 1.000 euros para financiar estudios o actividades de capacitación profesional, siempre que cumplan los requisitos académicos y administrativos.
También se contempla desarrollar un programa de recolocación laboral una vez finalice la trayectoria deportiva de las colegiadas. La intención es facilitar nuevas oportunidades profesionales y estudiar posibles iniciativas de apoyo al emprendimiento.
Paco Hevia, gerente de AESAF, explicó la importancia de estas medidas durante la presentación: “Hemos establecido un fondo para que las árbitras se reintegren al mundo laboral después de sus carreras deportivas, la protección de la maternidad para que no se vean cortadas en los momentos que quieran ser madres y una beca de 1.000 euros para que puedan invertir en su formación profesional”.
La presión mediática, otro desafío del arbitraje femenino
Más allá de las condiciones contractuales, las propias profesionales reclaman que se preste atención a las exigencias psicológicas y físicas de su trabajo. Las decisiones arbitrales están sometidas a una exposición pública constante y las críticas pueden acompañar a las colegiadas tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Olatz Rivera, presente en el acto en representación de las árbitras, recordó que todavía existen aspectos en los que avanzar. “Ha habido avances hasta ahora, pero siempre se puede mejorar. Hay que dar valor en la salud física y mental. Estamos en el foco mediático y bajo una presión social. Hay que trabajar en la reinserción laboral para cuando la carrera deportiva se termine”, señaló.
Por su parte, Fran Soto destacó la importancia de continuar ampliando las oportunidades para las mujeres dentro del arbitraje. El presidente del CTA expresó su deseo de “poder contar con una árbitra en Primera División“, un objetivo que supondría un nuevo referente para las generaciones que están comenzando su trayectoria.
Un marco propio para seguir avanzando
El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, calificó el acuerdo como “un paso histórico para las árbitras españolas”. Paco Hevia, por su parte, destacó que el convenio proporciona seguridad a las profesionales y permite continuar avanzando en la organización del colectivo.
El documento, compuesto por 42 artículos y seis disposiciones adicionales, tiene vigencia durante la temporada 2026/2027 y se aplica a las árbitras profesionales incluidas en su ámbito laboral, no a todas las colegiadas de las categorías territoriales o inferiores.
La firma representa un avance en el reconocimiento de las condiciones de trabajo de las mujeres que dirigen el fútbol profesional. Su verdadero alcance dependerá ahora de cómo se apliquen las medidas acordadas y de la capacidad de ambas instituciones para responder a las necesidades que todavía plantea la profesión.