La prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 tiene una lectura energética, otra política y una tercera que resulta mucho más tangible para los municipios que rodean la instalación: empleo y dinero. El aplazamiento del cierre de sus dos reactores proporciona varios años adicionales a uno de los principales motores económicos del Campo Arañuelo y retrasa un impacto que diferentes estudios habían situado en cientos de puestos de trabajo directos y miles cuando se incorpora el efecto sobre el resto de la economía.
La nueva autorización permite que la Unidad I de la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre estaba previsto para noviembre de 2027, continúe aproximadamente 31 meses más. La Unidad II, que debía cesar en octubre de 2028, gana otros 19 meses. Ambas podrán operar hasta el 8 de junio de 2030. Esa diferencia temporal es fundamental para calcular cuánto puede representar económicamente la decisión para una comarca cuya actividad lleva más de cuatro décadas estrechamente ligada a la planta.
Un estudio elaborado por la consultora Metyis en 2025 estimó que el cierre completo de la instalación provocaría una pérdida anual de 124 millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB) en su área de influencia, definida como la comarca de Navalmoral de la Mata. Esa cantidad representa aproximadamente el 13,6% del VAB comarcal.
La consecuencia de mantener abierta la central puede observarse ahora desde el sentido contrario: durante más tiempo continuará existiendo una actividad económica que habría empezado a desaparecer progresivamente a partir de 2027.
Más de 2.100 empleos vinculados a la actividad de Almaraz
La dimensión laboral es probablemente la más inmediata. Metyis calcula que el cierre completo de la central nuclear de Almaraz tendría un impacto de 2.114 empleos equivalentes a tiempo completo en su entorno de influencia, incluyendo efectos directos, indirectos e inducidos.
La magnitud es considerable para una comarca de estas dimensiones. Esos puestos equivalen aproximadamente al 15,4% de todo el empleo del área analizada. El efecto no se limitaría, por tanto, a los trabajadores que cada mañana entran en las instalaciones de la central.
Alrededor de la instalación existe una cadena económica formada por empresas especializadas, industria, construcción, transporte, comercio, hostelería y servicios profesionales. Un salario generado en la planta termina convirtiéndose también en gasto en vivienda, restaurantes, supermercados, talleres o pequeños negocios de los municipios próximos. De ahí que los estudios de impacto económico incorporen no solo el empleo directamente relacionado con la producción eléctrica, sino también el que depende indirectamente de esa actividad.
Las cifras estrictas de personal son diferentes y conviene no mezclarlas. El estudio de Metyis contabilizaba 369 empleos propios y 662 trabajadores de empresas especializadas, además de aproximadamente 1.200 empleos temporales durante los periodos de recarga. La propia industria nuclear utiliza una referencia más amplia y habla de alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos vinculados a Almaraz.
La última recarga de combustible de la Unidad I permite comprender el tamaño de estos picos de actividad. En ella participaron 1.200 trabajadores adicionales y unas 70 empresas, y durante algunos días coincidieron más de 2.000 profesionales dentro de las instalaciones.
Los 258 millones que la comarca puede preservar
La extensión permite también realizar una aproximación al volumen de actividad que la comarca conservará respecto al calendario anterior.
Metyis calcula que el cierre completo de la central nuclear de Almaraz restaría 124 millones de euros de VAB anuales a su entorno. Como la Unidad I recibe 31 meses adicionales y la Unidad II otros 19, la autorización suma 50 meses-reactor de funcionamiento adicional.
Si se considera que los dos reactores contribuyen de manera equivalente al impacto económico estimado por el estudio, esos 50 meses-reactor representan aproximadamente 25 meses adicionales de funcionamiento conjunto de la central.
Aplicando proporcionalmente a ese periodo los 124 millones de euros anuales estimados por Metyis, el resultado se sitúa alrededor de 258 millones de euros de actividad económica preservada respecto al escenario en el que las unidades hubieran cerrado en 2027 y 2028.
La cifra debe entenderse como una extrapolación y no como una previsión oficial. Metyis calculó los efectos económicos de un año completo una vez cerrados ambos reactores, mientras que el alargamiento aprobado por el Gobierno afecta durante periodos diferentes a cada unidad. Tampoco todos los costes, inversiones, recargas o efectos indirectos se comportarán necesariamente de forma lineal.
Aun así, el cálculo permite dimensionar económicamente lo que supone para la comarca retrasar el cierre de la central nuclear de Almaraz: alrededor de 258 millones de euros de actividad económica que permanecerían vinculados al territorio durante el periodo adicional, tomando como referencia el impacto anual estimado por el estudio.
Un impacto que se multiplica al mirar toda Extremadura
La huella económica crece al ampliar el foco. Según Metyis, un año completo sin la central nuclear de Almaraz supondría una pérdida aproximada de 206,5 millones de euros de VAB en Extremadura y afectaría a 3.838 empleos equivalentes a tiempo completo.
A escala nacional, el efecto estimado asciende a 829,1 millones de euros y 15.370 empleos, aunque estas cifras incluyen toda la cadena económica generada en España y no deben interpretarse como puestos de trabajo localizados físicamente en Almaraz.
También existe una importante vertiente fiscal. El estudio calcula que la instalación genera 435 millones de euros anuales en impuestos y tasas, de los que alrededor de 82 millones corresponden a la comunidad autónoma y unos 12 millones a los municipios que albergan la central. Para algunos ayuntamientos del entorno, la actividad nuclear constituye desde hace décadas una fuente extraordinariamente relevante de ingresos.
Tres años más para preparar el día después
La prórroga de la central nuclear de Almaraz no elimina, sin embargo, el problema de fondo. Lo desplaza hasta 2030.
De hecho, la propia orden del Gobierno introduce una advertencia significativa. El periodo adicional de explotación debe servir para favorecer una mayor implicación de las compañías propietarias en la búsqueda de alternativas industriales y de empleo para el territorio y para avanzar en el diálogo social relacionado con una transición justa.
El Campo Arañuelo consigue así algo que hasta hace unos meses parecía cada vez más difícil: tiempo. Tiempo para mantener miles de empleos vinculados directa o indirectamente a la actividad, tiempo para conservar ingresos fiscales y consumo local y tiempo para intentar atraer proyectos capaces de permanecer cuando los dos reactores dejen finalmente de producir electricidad.
Porque la decisión sobre la central nuclear de Almaraz no significa que la comarca haya resuelto su futuro económico. Significa que dispone de unos años adicionales para prepararlo. Y, tomando como referencia las estimaciones disponibles, ese margen puede representar más de 2.000 empleos y alrededor de 258 millones de euros de actividad económica que no desaparecerán todavía del territorio.