El malestar en el campo va en aumento. A las dificultades prácticas de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) -que obliga a los agricultores a destinar cada vez más tiempo a trámites administrativos- y su impacto presupuestario, se une la firma del acuerdo UE-Mercosur. Los agricultores europeos han anunciado una gran manifestación el próximo 20 de enero en Estrasburgo para exigir su paralización. En España, las principales organizaciones agrarias -Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones- darán a conocer hoy su calendario de movilizaciones en el ámbito nacional.
Con este contexto y bajo la estrategia diseñada por Moncloa de marcar agenda social, Pedro Sánchez bajó ayer al campo en modo electoral. En un acto -en el que se rodeó de jóvenes y mujeres-, el presidente anunció la movilización de tierras agrarias del Estado en una nueva plataforma -Tierra Joven- para facilitar su incorporación. La finalidad es incentivar el relevo generacional cuando el 41% de los titulares de explotaciones agrarias tiene más de 65 años de edad. A su vez, menos de un 30% de las mujeres figuran cómo titulares de las mismas.
Ponemos en marcha una nueva plataforma estatal para movilizar tierras agrarias e impulsar la actividad agraria entre los jóvenes.
Además, queremos que la futura PAC destine un 10% de sus recursos al relevo generacional.
Comprometidos con el futuro del campo español. pic.twitter.com/h13xAmIa84
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 14, 2026
“Hay unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado que analizaremos para valorar su aptitud para la actividad agraria y, en su caso, ponerlas a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales”, afirmó Pedro Sánchez. Pero ¿dónde están esas tierras? Según explica a Artículo14, el fundador de Cocampo, Regino Coca, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas los principales propietarios de fincas rústicas. “Falta información sobre este plan, dado que el Estado es quien menos suelo rústico posee”, aclara.
Los terratenientes del suelo público rural
Los datos recopilados por Cocampo, una web que funciona como los portales inmobiliarios de vivienda en el sector primario y que actualmente tiene más de 70.000 anuncios activos, reflejan que las entidades locales y las comunidades autónomas poseen el 92% de los más de ocho millones de hectáreas de suelo público. Esta superficie, equivalente al 16% del territorio nacional, incluye montes, dehesas y fincas rústicas. Como reconoce Coca, uno de los desafíos a los que se enfrentan las administraciones es gestionar este suelo. Los impagos son una de las vías más habituales a través de las cuales las administraciones públicas aumentan su patrimonio rural.
En el caso de la Administración General del Estado, los datos de Patrimonio del Estado, con información del Ministerio de Hacienda, reflejan 16.998 inmuebles rústicos sin arrendar (casi 18.000 si se incluyen los entregados en explotación y los demaniales). Estos datos figuran en el Plan de venta de activos gestionados por la Dirección General de Patrimonio del Estado 2023-2030. El propio Estado reconoce la dificultad de su gestión. “El inventario de bienes está integrado en más de un 80% por fincas de naturaleza rústica cuya administración es especialmente complicada, al plantear problemas específicos que van desde la dificultad de su identificación hasta la necesidad de realizar una intensa actividad de defensa frente a usurpaciones y ocupaciones de particulares, pasando por la obligación de desarrollar planes específicos de mantenimiento y conservación para evitar su degradación medioambiental”.
Solución a la medida
Su venta también es compleja y, por eso, el plan de ventas de estos inmuebles, que están repartidos por toda España, fija un objetivo anual en cada provincia. No es algo nuevo. En el anterior Plan 2012-2020, se enajenaron 12.562 inmuebles urbanos y rústicos por casi 460 millones de euros. Con el plan anunciado ayer, el Ejecutivo articula una solución a la medida para acelerar la venta de estas fincas rústicas. Como recoge el actual programa de venta, “el objetivo es que durante el plazo de vigencia se ofrezcan en el mercado el mayor número posible de inmuebles identificados como susceptibles de ser enajenados”.
En su intervención, el propio presidente adelantó que se abrirá un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, con el sector y con todos los actores para acordar un modelo que facilite el acceso a estas tierras. Por ello, su alcance es en estos momentos difuso. “Es necesario contar con más información para entender el modelo y cuáles son las tierras que se van a poner a disposición”, aclara Coca.
Una nueva plataforma: Tierra Joven
El encargado de movilizar las tierras será el Ministerio de Agricultura. El departamento de Luis Planas será el encargado de poner en marcha la nueva plataforma: Tierra Joven. Su puesta en marcha se articulará a través de un real decreto, que el Gobierno quiere aprobar en los primeros meses de 2026. De momento, el Ministerio no ha iniciado los trámites normativos. En el mejor de los escenarios, podría culminar su tramitación en el verano. En paralelo, se reforzará en la futura Ley de Agricultura Familiar, donde está prevista la creación de una Oficina de Información y Transmisión de tierras agrarias.
La idea del Gobierno es que la plataforma, además de difundir la oferta y la demanda, ofrezca información homogénea y unificada sobre el mercado de tierras agrarias en España. Incluirá también datos actualizados sobre financiación, normativa aplicable a la transmisión de explotaciones y fiscalidad; junto con un visor satelital para facilitar su localización.
Las tierras agrícolas también suben
Desde la pandemia, los precios de las tierras agrícolas también han subido, aunque como explica Coca, este mercado se acompasa a la evolución del IPC. En 2024, el precio medio por hectárea alcanzó los 10.248 euros, un 2,8% más que un año antes. Desde 2020, el incremento ronda e 14%, según datos del Ministerio de Agricultura.
En paralelo, Sánchez anunció que España propondrá que la nueva Política Agraria Común destine un 10% de sus recursos al relevo generacional, frente al 6% planteado por la Comisión Europea. A su juicio, la PAC “es y debe seguir siendo uno de los mejores legados del proyecto europeo” y una inversión clave en seguridad y soberanía alimentaria. El presidente apostó por un mayor presupuesto comunitario, que alcance el 2% de la renta nacional bruta disponible.
Si estas medidas bastarán para calmar el malestar del sector es todavía una incógnita. A corto plazo, las organizaciones agrarias ultiman un calendario de movilizaciones, en el marco de la negociación de la nueva PAC y el impacto por el acuerdo UE-Mercosur.