El plan hasta el nuevo año era esperar a que “escampase” la tormenta de escándalos, pero a la vuelta de las vacaciones el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que pelear por volver a marcar la agenda política. Pase lo que pase con los frentes abiertos. “El soufflé sube y baja. Nosotros a lo nuestro”, resume un ministro.
Después de dos semanas de escasa presencia pública, con jornadas en las que un único miembro del Consejo de Ministros ha salido a la palestra, el Gobierno trabaja para recuperar la velocidad de crucero. El miércoles, 7 de enero, se celebrará el primer Consejo de Ministros desde el 23 de diciembre, y a partir de ahí se espera que la maquinaria de Moncloa siga funcionando a pleno rendimiento, con el ciclo electoral en Aragón ya a tiro de piedra (8 de febrero).
En este escenario, la ministra portavoz, Elma Saiz, reconoció esta semana que el Ejecutivo aspira a recuperar el control de la agenda con nuevas medidas, algunas de ellas de marcado perfil social, que no requerirán del aval del Congreso de los Diputados. Sánchez reclamó en noviembre propuestas, y los distintos Ministerios han ido trabajándolas, como confirmó Saiz a la Cadena Ser.
“Lo raro sería que un Gobierno no estuviera pensando constantemente en medidas que mejoren la vida de la gente”, justificó. “Es importante que sepamos cómo es nuestra situación. Hay medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso. Hay mucho que se puede hacer que no tiene que tener ese rango legal”, apostilló.
El portazo de Junts, así como los recelos de Podemos, hacen que sea casi imposible recabar los apoyos parlamentarios necesarios para llevar leyes al Boletín Oficial del Estado (BOE), y el Gobierno está decidido a seguir gestionando con o sin esos votos. “Las legislaturas son de cuatro años y estamos sacando adelante esta agenda social tan importante”, aseguró la nueva portavoz.
Primera parada: subida del SMI y limitación de los intereses de créditos al consumo
Sumar, socio minoritario del Gobierno, presiona en la dirección del giro social, como lo hace la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que articula buena parte de los esfuerzos en lo que a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) se refiere. Los expertos recomiendan un incremento de entre el 3,1% y 4,7%, si bien será el Ejecutivo quien fijará la cifra mediante un real decreto que no requiere de ser votado en el Congreso.
Díaz lidera las conversaciones en el marco del diálogo social, pero Sánchez siempre aparece en la foto de la puesta en escena del acuerdo para este incremento, tras el habitual pacto con los sindicatos (sólo lograron atraer a la patronal en 2020). Además de exigir una crisis de Gobierno en respuesta a los escándalos del PSOE, la vicepresidenta segunda reclama una actuación inmediata en materia de vivienda -con la prórroga de 600.000 contratos de alquiler como prioridad-.
El jueves, el ministro de Economía y némesis de Díaz en las filas socialistas de la coalición, Carlos Cuerpo, desveló que en enero también está previsto aprobar la norma que limitará los intereses de los créditos al consumo. Ante los micrófonos de la SER, Cuerpo detalló que esta norma fijará un plazo mínimo de 24 horas para la aceptación de una oferta por parte de los consumidores, entre otras novedades.
El celo de Moncloa sobre su estrategia
A las puertas del retorno al curso político, en Moncloa evitan anticipar detalles sobre la estrategia a desplegar para volver a tomar las riendas, y conseguir que sus mensajes y su actuación se impongan a los escándalos. Que les permitan recobrar algo de oxígeno político.
En septiembre, su plan pasó por los anuncios sorpresa escenificados por Sánchez, o por la aprobación de normas como el real decreto ley de embargo de armas a Israel -que, como avanzó Artículo14, soslayaron por primera vez en la víspera de Nochebuena-.
Aunque la maquinaria está en marcha, no está previsto que Sánchez retome su actividad pública hasta el 6 de enero, durante el habitual acto por la Pascua Militar. El presidente del Gobierno no ha tenido agenda oficial desde el 24 de diciembre, cuando envió su tradicional mensaje a las tropas españolas desplegadas en misiones en el exterior. La última vez que respondió a las preguntas de los medios de comunicación fue el 18 de diciembre, en Bruselas, en el marco del último Consejo Europeo.
De hecho, no ha valorado ante cámaras y micrófonos la debacle electoral en Extremadura (21 de diciembre), ni tampoco el movimiento crítico en su partido que aspira a liderar Jordi Sevilla. Ni se ha pronunciado sobre el creciente malestar de sus socios parlamentarios, que cada vez ven más complicado justificar ante sus bases y potenciales votantes su apoyo al Gobierno.
Aplacar al PNV, ERC… a la espera del retorno de Puigdemont
En las últimas semanas de mes, conforme se iban encendiendo las alarmas en el PSOE, las sirenas resonaron también en los cuarteles generales de algunos de sus aliados parlamentarios. A la espera de que la Justicia se pronuncie sobre la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont, para intentar recomponer los puentes con Junts per Catalunya, Sánchez afronta en enero la primera reunión con el líder de ERC, Oriol Junqueras.
El jefe de filas de los republicanos ya ha reclamado públicamente que este encuentro, el primero entre ambos desde Junqueras saliera de prisión, se celebre “lo antes posible”. El PNV, habitualmente considerado una suerte de termómetro de la situación en el Congreso, también ha mandado varias advertencias al presidente del Gobierno. Las últimas, a cuenta del incumplimiento del pacto para cerrar transferencias a Euskadi contempladas en su Estatuto, entre ellas la gestión de la Seguridad Social.
Con Podemos reiterando que el Gobierno está políticamente “muerto”, y el resto de fuerzas de la izquierda alternativa en plena ebullición, la consigna que se repite es que no habrá elecciones antes de 2027. Conjugar esta labor de resistencia con la incapacidad de aprobar nuevas normas -han impulsado 52 leyes en dos años y cuatro meses- se antoja difícil. Pero la consigna es que, hasta que se aclare el “horizonte de la legislatura”, entre febrero y abril, tirar la toalla no es una opción para Sánchez.
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