El choque frontal entre Redeia y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que investiga las causas del incidente que dejó a España sin luz en 2025, vive hoy un nuevo capítulo en el Congreso.
Beatriz Corredor, presidenta de Redeia —matriz de Red Eléctrica (REE)—, y Rocío Prieto, directora de Energía de la CNMC, comparecen en la comisión de investigación del cero eléctrico.
O, lo que es lo mismo, el operador del sistema, investigado por una presunta infracción grave en el apagón, frente a la responsable de la investigación en el supervisor, que estrenará presidente en las próximas semanas.
Coincidiendo con el primer aniversario del apagón del 28 de abril de 2025, se han precipitado los acontecimientos.
Y se ha disparado el nivel de decibelios entre las eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy), el operador de la red y el supervisor.
En juego, hasta 4.000 millones de euros en indemnizaciones y munición para una batalla legal que durará años.
El enfrentamiento entre REE y las eléctricas
El cruce de acusaciones entre el operador del sistema y sus clientes arrancó casi cuando volvió la luz.
Desde el principio, Redeia ha reivindicado su gestión, apuntado con a otros agentes del sector.
Pero los audios de las conversaciones entre REE y los operadores por problemas en los días previos al apagón apuntan a las renovables y señalan “falta de nuclear en el sistema”.
REE llega a culparse de las anomalías y tanto Ignacio Sánchez-Galán, como sus homólogos en Naturgy y Endesa, tienen claro de quién es la responsabilidad.
Lo que sucedió el 28 de abril fue “el resultado de una planificación inadecuada y de una mala planificación del sistema eléctrico”, ha reiterado Sánchez-Galán en varias ocasiones.
¿La prueba? Que, desde el apagón, el sistema opera en modo reforzado.
Según el presidente de Iberdrola, porque no había suficiente capacidad síncrona, pese a que la energía estaba disponible.
Para Corredor, al frente de Redeia, el problema son las eléctricas.
Entre las causas del cero eléctrico, “hay desconexiones indebidas y un control de tensión por debajo de lo necesario por parte de los generadores”, dijo el pasado miércoles en la junta de accionistas de Redeia.
“Los mismos que incumplieron entonces sus deberes normativos son los que se están beneficiando de la operación reforzada”.
Hasta el 30 de abril, el procedimiento extraordinario ha supuesto un coste de 711 millones, el 2% de los costes del sistema en este periodo.
Aunque, en la junta, un accionista le ha pedido que dimita voluntariamente, Corredor continuará al frente: “Me siento plenamente legitimada”.
La investigación de la CNMC
En paralelo a los desencuentros en voz alta se han desarrollado las investigaciones.
Por un lado, el análisis de la propia REE, de junio de 2025, que alude a “un incidente inédito, imprevisible y multifactorial”.
Por otro, el informe del panel de expertos europeos (ENTSO-E), en el que participa REE y que se hizo público el pasado marzo, con conclusiones similares.
Y, por último, la investigación de la CNMC que, aunque apunta a un origen multifactorial, ha concluido con la incoación de medio centenar de expedientes.
Entre ellos, destaca el incoado a REE, que tipifica como “muy grave” el incumplimiento de las funciones del operador del sistema con perjuicio para el suministro o para otros sujetos. Se enfrenta a una multa de hasta 60 millones.
Al frente de la investigación, que podría prolongarse 18 meses en el caso de REE, está la directora de Energía de la CNMC: Rocío Prieto.
El ataque de Redeia al supervisor
Como era de esperar, el operador del sistema ha presentado alegaciones contra el expediente incoado.
Además, ha optado por defenderse atacando a la CNMC, a la que acusa de “conflicto de interés” y de incurrir en “defectos de forma y fondo” en el procedimiento.
Entre ellos, “la incomprensible indeterminación de los hechos imputados habida cuenta del exhaustivo expediente informativo tramitado ya por la CNMC con carácter previo a la incoación del expediente sancionador”, aseguró Corredor en la junta.
“REE no falló; su conducta no provocó el cero eléctrico. Ratifico su actuación antes, durante y después del incidente”, subrayó la presidenta de Redeia.
En su opinión, “estas alegaciones y pruebas rotundas deberían conducir al archivo del expediente”.
No obstante, aún queda proceso por delante antes de saber si la CNMC tomará esa decisión.
En sus alegaciones, REE puede proponer que se practique una prueba. Si esta se admite, el proceso continúa con esa prueba y la Dirección de Energía de la CNMC presenta una propuesta de resolución, a la que también se puede formular alegaciones.
Posteriormente, toda la información se eleva al Consejo de la CNMC y, posteriormente, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Sara Aagesen.
Es decir, al Gobierno, primer accionista de Redeia con el 20% del capital.
La CNMC, en la recta final para su renovación
Si el proceso agota sus plazos, es posible que sean otro ministro y otro Ejecutivo quienes diriman la responsabilidad de REE y de sus gestores en el apagón.
Y que lo hagan bajo una nueva era en la CNMC.
Al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le toca mover ficha. Debe proponer al Consejo de Ministros perfiles para el Consejo y la presidencia de la CNMC.
El 17 de junio, termina el mandato de Cani Fernández. No es prorrogable, pero tanto ella como los consejeros a los que se les acaba el mandato seguirán en funciones hasta que la comisión de economía del Congreso nombre a sus sustitutos.
Fernández, que no tiene actos previstos en su agenda, trabajó más de dos décadas en Cuatrecasas.
Socia en materia de competencia, participó en operaciones como la opa de Enel y Acciona sobre Endesa. También asesoró a Uber ante la justicia europea.
Tras un breve paso por el Ministerio de Presidencia como asesora, fue nombrada presidenta de la CNMC en 2020.
Su siguiente etapa podría estar en Europa —en el Tribunal de Justicia de la UE, donde ya trabajó entre 1994 y 1997, o en el Tribunal General de la UE—.
Por cuestiones de incompatibilidad, no puede trabajar en ninguna compañía supervisada por el regulador en los próximos dos años.
Su sucesor en la CNMC tendrá, además del apagón, otros frentes abiertos.
Está pendiente el proyecto para restablecer la Comisión Nacional de Energía, desagregándola de la CNMC.
También dotar a esta última de habilitación legal para supervisar a plataformas como Google, Meta, TikTok, Temu o Shein, como coordinadora de servicios digitales.
Y una reforma del estatuto de la CNMC que agilice la contratación de personal para asumir nuevas funciones relacionadas con el mundo digital, las renovables o los medios.
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