El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto-ley que dotará de respaldo jurídico el embargo de armas a Israel. Esta medida se anunció en octubre de 2023, pero, ante la complejidad de su puesta en marcha, la realidad es que no solo se han mantenido contratos firmados, sino que se han cerrado nuevas adjudicaciones. El Ejecutivo sí ha cancelado ya ‘in extremis’ tres megacontratos de defensa valorados en 1.020,6 millones (sin impuestos). Estos corresponden a los lanzacohetes SILAM (576 millones) y los misiles contra carro Spike-LR2 (237,58 millones), tal y como informó Artículo14. A estos se suman los POD designadores para sistemas de combate aéreo (207,1 millones) cancelados el pasado 19 de septiembre.
A la espera de conocer cómo el Ejecutivo justifica la consolidación jurídica del bloqueo, los expertos en contratación pública consultados por este medio concluyen que la rescisión no será gratuita. En este sentido, advierten de que puede costar “mucho dinero al Estado” por las indemnizaciones a las empresas afectadas. Estas fuentes jurídicas -que prefieren mantener el anonimato- estiman que podrían superar el 50% del valor de los contratos.
250602 EXCEM - Renovación Licencia - Adjudicación DOC_FORM2025-000639560 250603 - EXCEM RAR Adjudicación DOC_CAN_ADJ2025-000644928
De esta forma, considerando únicamente estos tres grandes proyectos, la compensación a las empresas israelíes afectadas, Rafael Advanced Defense Systems y Elbit podría superar los 500 millones de euros. Este montante previsiblemente aumentará dado que estos tres megacontratos no son los únicos proyectos afectados.
¿Qué es el ‘ius variandi’?
La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) prevé que la administración pueda modificar el objeto del contrato. Es lo que en la norma se señala como el ‘ius variandi’, que dispone que los contratos pueden modificarse por razones de interés público. Pero de la misma manera que se faculta al Estado incluso para rescindirlo, si lo hace y altera su equilibrio económico, tiene que indemnizar al contratista. De esta manera se trata de restablecer el equilibrio contractual cuando este se rompe por causas sobrevenidas y no imputables al proveedor del contrato. “El Estado tiene el privilegio de cambiar las reglas del juego, pero debe satisfacer a la empresa por el daño generado”, resume una fuente.
En el caso del armamento israelí afectado, y partiendo de la legislación vigente el Gobierno tendrá que pagar a las empresas israelíes todo el material ya acopiado, además del que esté en construcción. Las empresas afectadas también pueden reclamar un porcentaje de gastos no recurrentes como la industrialización. En el ámbito industrial -no necesariamente del sector de defensa- este margen se cifra en un 6% y, así, está recogido en la jurisprudencia. Todo ello, si perjuicio de las modificaciones que puede incorporar el Gobierno en el Real Decreto-ley.
Proteger a tu país es una cosa y matar a más de 60.000 civiles, desplazar a dos millones de personas, bombardear hospitales y matar de hambre a niños inocentes es otra muy distinta.
Hoy en @Columbia he denunciado la doble vara de medir ante la tragedia de Gaza.
Avanzar hacia la… pic.twitter.com/xy8oN7prrr
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 22, 2025
¿Cómo se calculan las indemnizaciones?
En este sentido, los expertos explican que en el cálculo de las indemnizaciones se tiene en cuenta la “vida del contrato”. No es lo mismo un proyecto recién adjudicado, que uno que lleve varios años de desarrollo y en el que el contratista haya asumido inversiones o cumplido las entregas en función de lo estipulado. De ahí, la dificultad para anular los megacontratos de defensa. Han estado casi dos años vigentes, aunque el Gobierno anunció en octubre de 2023 el embargo de armas a Israel, que después tampoco ha cumplido. En 2025, España ha adquirido más material armamentístico que en todo 2024.
Por eso, en estos meses, la maquinaria interna del Estado -la Abogacía del Estado o la Intervención Pública- ha estado trabajando contrarreloj para tratar de minimizar las indemnizaciones. “Sin duda, las empresas afectadas han mantenido contactos más o menos informales con la administración. Son muchos cálculos los que hay que justificar, aunque esto no evitará que si no están de acuerdo puedan terminar en los tribunales“, añaden las mismas fuentes.
Otros costes
A su vez, los expertos en defensa señalan que el coste económico de la cancelación de contratos será más alto que las meras indemnizaciones. Por ejemplo, en el caso del Spike-LR2, un programa transversal que se utiliza en diferentes unidades, como los helicópteros Tigre o los vehículos blindados, debe considerarse el gasto en dar de baja los misiles, adquirir nuevos y proceder a su adaptación.
En el caso del acuerdo marco para los sistemas de combate aéreo, que Defensa canceló el viernes, se trata de un programa orientado a equipar los 45 nuevos Eurofighter adquiridos por el Ejército del Aire para sustituir a los antiguos F-18. Este contrato afecta directamente a la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems. Esta, a través de su filial Pap Tecnos, también se ha visto afectada por la cancelación del Spike-LR2.
“Españolización de las israelíes”
En este contexto, una de las opciones que el Gobierno sopesa es utilizar a Indra para ‘españolizar’ la participación israelí en los megaproyectos del Ministerio de Defensa. A través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Estado con un 28% del capital, es el primer accionista de la compañía presidida por Ángel Escribano. Esta vía implicaría que Indra adquiriera las filiales españolas de las empresas israelíes, que desarrollan los programas del Ministerio de Defensa, según informó Artículo14. Fuentes de Indra rechazaron cualquier comentario al respecto.
Los expertos jurídicos y militares consultados están a la espera de los detalles técnicos del nuevo Real Decreto-ley. No se les escapa su dificultad y avisan de que dicha norma puede ser más un gesto de maquillaje para salvar los muebles que el final definitivo de la tecnología israelí en defensa, cuyo desenganche completo anticipan como imposible.