La buena marcha de la economía, que se ha traducido en más empleo y en un aumento de la recaudación fiscal, ha permitido una reducción del déficit mayor de lo exigido por Bruselas. En la práctica, supone una mayor flexibilidad para reasignar partidas en el escenario de una prórroga de los presupuestos. En 2024, el déficit del conjunto de las administraciones públicas (incluye el Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) cerró en el 2,8% del PIB y se situó en 44.597 millones de euros. Este dato supone una mejora frente a un año antes, cuando el déficit fue del 3,52% del PIB. Y a su vez, un margen de dos décimas respecto al 3% comprometido por el Gobierno con Bruselas y exigido en el marco de las reglas fiscales europeas.
“Estas dos décimas [del objetivo] del PIB son un elemento de flexibilidad presupuestaria. En el ejercicio de reasignar recursos ante una prórroga presupuestaria, disponemos de dos décimas para destinar esos recursos a otras partidas; no sólo a defensa, sino también a la subida de las pensiones o las ayudas al transporte público”, explicó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa.
DANA
En su comparecencia, María Jesús Montero destacó la buena marcha de la economía española y la política presupuestaria del Ejecutivo: “Entre 2020 y 2024, hemos logrado una rebaja del déficit de siete puntos porcentuales, equivalente a 70.000 millones de euros”. “España, por quinto año consecutivo, ha cumplido con su objetivo de déficit e incluso ha mejorado las previsiones que tenía planteadas la propia Comisión Europea”, destacó, al tiempo que recordó que desde 2018 no se lograba el hito de cerrar con un déficit por debajo de las reglas fiscales de la Unión Europea, fijadas en el 3% del PIB.
En estos datos de déficit que se presentan a Bruselas, no se tiene en cuenta el impacto presupuestario de las medidas adoptadas para mitigar los daños ocasionados por la DANA, que afectó de forma singular a la Comunidad Valenciana. Si se incluyera este gasto, próximo a los 5.500 millones de euros, el déficit se situaría en el 3,15% del PIB, porcentaje que también supone una reducción respecto al 3,52% registrado en 2023. La DANA ha tenido un impacto del 0,35% del PIB, que en un 93% ha sido asumido por la administración central, con una aportación de 5.186 millones de euros. A su vez, el Gobierno valenciano ha asumido 287 millones, los entes locales, 60 millones; y la Seguridad Social, 75 millones.
Ingresos fiscales
La reducción del déficit está directamente ligada con una subida de la recaudación fiscal. En 2024, los ingresos tributarios subieron un 8,4% hasta 294.734 millones de euros. El grueso de este incremento corresponde a tributación por las rentas del trabajo (IRPF), que creció un 7,6%, hasta los 129.408 millones de euros. En este sentido, Montero subrayó la rebaja fiscal aplicada a las rentas más bajas durante 2023 y 2024 equivalentes a 3.171 millones euros, pero rehusó cuantificar el impacto de no haber ajustado la tributación a la subida del IPC. “Una deflactación global afecta a todas las capas de renta y el Gobierno ha optado por proteger a los más vulnerables”, justificó.
Por su parte, el IVA, el segundo tributo en importancia por recaudación, creció un 7,9%, hasta 90.541 millones de euros, -“por el buen comportamiento del consumo”, según explicó Montero-; mientras que el impuesto de sociedades subió un 11,5%, hasta 39.096 millones, “con los mayores márgenes empresariales”. Los impuestos especiales, entre los que se incluyen electricidad o tabaco, alcanzaron 22.128 millones, un 6,6% más. “Lo miren por donde lo miren, los datos reflejan el éxito de la economía española”, resaltó la ministra.
Multas tributarias
La ministra puso especial enfasis en el impacto sentencias derivadas de la “mala praxis legislativa del Gobierno de [Mariano] Rajoy está teniendo en las cuentas públicas. En este sentido, cuantificó su coste en 11.000 millones, el equivalente a 0,5 puntos del PIB. En esta cifra, se incluyen 8.000 millones que ya han sido contabilizados en el ejercicio 2024 y que no son recurrentes (un one-shot).
En este importe, se incluye la parte correspondiente al Estado de los 5.936 millones de euros (este dato incluye también lo correspondiente a las haciendas forales) de la devolución a los mutualistas jubilados con derecho a devolución del IRPF. Montero anunció que podrán recibir “de una vez y en un solo pago” el importe que les corresponda a lo largo de 2025, dando respuesta a las peticiones de los ciudadanos. También están incluidos los 3.840 millones del bono social eléctrico que viene arrastrándose desde 2016.
Seguridad Social
En cuanto a la situación de la Seguridad Social, Montero destacó la bajada en una décima sobre al año anterior, hasta situarse aproximadamente en el 0,53% del PIB. Subrayó el incremento de las cotizaciones sociales, hasta cerca de 200.000 millones de euros, un 7% más. Este porcentaje coincide con el incremento del gasto por la subida en pensiones (en un 3,81% en el caso de las contributivas y en un 6,9%, en las no contributivas). “Nuestro objetivo es avanzar hacia el equilibrio presupuestario de este subsector”, señaló ministra, a las puertas de que la ARIeF presente el lunes 31 de euros su informe sobre pensiones.
Por último, destacó el cumplimiento del Plan de Recuperación, en el marco del cual España ha recibido ya 48.000 millones de euros y ha solicitado ya un próximo desembolso, que está pendiente de la aprobación de Bruselas, por 25.000 millones. “Estos fondos llegan a la ciudadanía, son 936.000 personas las que han recibido estos fondos, en un 40% pymes y microempresas”, resaltó. “Los datos avalan que el éxito de la política económica del Gobierno”, señaló al término de su comparecencia.