La brecha salarial de los funcionarios ha pasado a ocupar el centro del debate tras el acuerdo alcanzado ayer entre la Administración General del Estado (AGE) y los sindicatos representados en la Mesa General. El IV Plan de Igualdad firmado busca erradicar las diferencias salariales entre hombres y mujeres dentro del funcionariado público, mediante la puesta en marcha de una auditoría oficial que analizará las retribuciones en clave de género.
Esta iniciativa marca un punto de inflexión en la política de recursos humanos de la AGE, que hasta ahora no había llevado a cabo un estudio sistemático sobre la brecha salarial de los funcionarios. A partir de ahora, se examinarán los sueldos de los trabajadores públicos para detectar posibles discriminaciones de género y corregirlas con un plan de actuación de carácter “vinculante”.
Un estudio con datos públicos y medidas correctoras
El objetivo del nuevo plan es claro: cerrar la brecha salarial de los funcionarios. Para ello, el estudio incluirá la publicación anual de boletines con las medias, medianas y evolución de las diferencias retributivas entre hombres y mujeres. Según el sindicato CSIF, la medida contribuirá a visibilizar una desigualdad que, aunque no siempre explícita, tiene efectos directos en las nóminas de miles de trabajadoras públicas.
Los datos actuales reflejan un desfase preocupante. Las funcionarias perciben, de media, un 10,5% menos que sus colegas varones. Mientras ellos ingresan anualmente unos 35.908 euros, ellas reciben 32.137 euros. Esta brecha salarial de los funcionarios, explican los sindicatos, se debe en gran medida a la escasa presencia femenina en los niveles más altos de la estructura organizativa del Estado.
Aunque las mujeres superan en número a los hombres en el acceso a las oposiciones (un 55% más de ingresos femeninos), siguen estando subrepresentadas en los cargos de mayor responsabilidad. La brecha salarial de los funcionarios, por tanto, no solo refleja una cuestión de desigualdad económica. También de acceso al poder y a la toma de decisiones dentro del aparato administrativo.
Para combatir esta situación, el acuerdo contempla una monitorización anual de los puestos a partir del nivel 28 —así como otros cargos directivos— con el fin de garantizar una representación equilibrada. Esta iniciativa busca derribar el techo de cristal que persiste incluso en un ámbito que, en teoría, debería ser ejemplar en materia de igualdad.
Conciliación y medidas sociales en el nuevo plan
Más allá de la brecha salarial de los funcionarios, el IV Plan de Igualdad introduce mejoras sustanciales en materia de conciliación laboral y familiar. Una de las más destacadas es la ampliación del horario intensivo de verano (de 1 de junio a 30 de septiembre) a quienes tengan a su cargo personas mayores dependientes. Hasta ahora, esta medida solo beneficiaba a quienes cuidaban menores de 12 años o personas con discapacidad superior al 33%.
Además, se ha acordado reformar el Estatuto Básico del Empleado Público para que el permiso por cuidado de un hijo con cáncer o enfermedad grave pueda disfrutarse en jornadas completas. Esta modificación supone un avance importante en la protección de los derechos de las familias que atraviesan situaciones especialmente delicadas.
La subida del 0,5%, aún sin fecha
Sin embargo, no todo son avances. La brecha salarial de los funcionarios no fue el único tema sobre la mesa en la reunión de ayer. También se esperaba una respuesta del Gobierno sobre el abono del incremento retributivo del 0,5% con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Pero, tal como han confirmado las partes negociadoras, no se produjo ningún movimiento por parte de la Administración en este sentido.
Los representantes del Estado aseguraron que “no tienen instrucciones” para fijar una fecha de pago ni para iniciar la negociación del próximo acuerdo plurianual de empleo y salarios. Esta falta de compromiso concreto ha generado malestar entre los sindicatos, que denuncian el retraso en el cumplimiento de una promesa ya formulada públicamente por el ministro Óscar López el pasado 20 de mayo.
El silencio administrativo sobre la subida del 0,5% contrasta con la ambición mostrada por el Gobierno en otras materias del plan de igualdad. Para muchos representantes sindicales, esta dualidad compromete la credibilidad del Ejecutivo. La brecha salarial de los funcionarios no puede ser combatida eficazmente, afirman, si no se acompaña de una política retributiva justa y coherente con los compromisos adquiridos.
Todos los sindicatos coinciden en valorar positivamente los avances en igualdad. Sin embargo, reclaman certezas en lo económico. La mesa de negociación, prevista para continuar hoy con el diseño de la oferta de empleo público, podría verse condicionada por esta falta de respuesta en el terreno salarial.