El Tribunal de Cuentas refleja las dificultades del Gobierno para cumplir con la puesta en el mercado de vivienda pública para el alquiler asequible. En concreto, el organismo fiscalizador pone el foco sobre parte de los fondos gestionados por SEPES. Esta entidad pública de suelo dependiente del Ministerio de Vivienda se reconvirtió a finales del pasado año en la empresa pública de la vivienda, CASA47. A esta nueva entidad también se le han transferido los inmuebles de la SAREB.
En su informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2024, el organismo que preside Enriqueta Chicano señala que la “inexistencia de información adecuada y suficiente” en SEPES impide acreditar la razonabilidad de un saldo de 880,5 millones de euros. Según detalla, este importe está contabilizado como “periodificaciones a largo plazo”, correspondientes al Plan de Viviendas para el alquiler asequible, regulado en un convenio con el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
Más de 1.500 millones al SEPES
Según detalla, el origen de estos fondos se encuentra en el convenio suscrito en noviembre de 2022 entre el MITMA -actual Ministerio de Vivienda- y el SEPES para promover viviendas en régimen de alquiler asequible o social. Posteriormente, en abril de 2023 ambas partes firmaron una adenda que amplió su objeto. En ejecución de ese convenio, SEPES recibió hasta el 31 de diciembre de 2024 un total de 881,6 millones de euros procedentes del Ministerio.
A esta cifra se suman otros 622,3 millones vinculados a otro acuerdo del Consejo de Ministros en mayo de 2023 para promover vivienda asequible en suelos titularidad del Ministerio de Defensa. Así, SEPES recibió nuevos fondos del MITMA y adquirió durante 2024 suelos al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
En total, la entidad pública recibió 1.503,9 millones.
Casi un 60% del importe pendiente de acreditar
Tal y como refleja en su informe el Tribunal de Cuentas, de los más de 1.500 millones recibidos por el SEPES, el 58,51% del total (880,5 millones) permanecían contabilizados al cierre de 2024 como “periodificaciones a largo plazo”. En este sentido, incide en que refleja un “importe recibido y no ejecutado”. Además, explica que la evolución de ese saldo “dependerá del destino de las actuaciones a desarrollar en el futuro”.
“Sin embargo, SEPES, que se encontraba a la citada fecha inmersa en un proceso de transformación estratégica que incidía directamente sobre la definición del Plan de viviendas para el alquiler asequible, no disponía de la información que acreditase de forma adecuada y suficiente el uso probable de estas actuaciones. Todo ello impide comprobar la razonabilidad del saldo citado de 880,5 millones”, concluye el órgano fiscalizador.
Vivienda defiende el marco de control
Frente a esta salvedad del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Vivienda, a través de las alegaciones presentadas al informe, reconoce que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) introdujo en la auditoría de 2024 una “limitación al alcance” relacionada con la definición del Plan de Vivienda Asequible (PVA). Según aclara, esa limitación implica que el auditor “no ha podido obtener todas las evidencias necesarias y suficientes para emitir una opinión plenamente fundamentada sobre ese aspecto concreto de las cuentas.”.
El Ministerio sostiene, no obstante, que el plan se desarrolla dentro de “un ecosistema jurídico, presupuestario y procedimental plenamente definido”. En este sentido, defiende que existen mecanismos claros de control, seguimiento y supervisión entre el Ministerio y SEPES -rebautizada como Casa47- a través del convenio, sus adendas y la Comisión de Seguimiento.
Además, asegura que el destino finalista de los fondos está claramente vinculado al impulso de vivienda asequible y que existe “trazabilidad completa tanto de los recursos recibidos como de sus aplicaciones previstas”.
“Destino más probable, viviendas asequibles”
En sus alegaciones, Vivienda admite que a cierre de 2024 no existía todavía una “definición formal de los destinos específicos de las actuaciones incluidas en el PVA”. Sin embargo, argumenta que la orientación estratégica de Casa47 dentro de las distintas opciones contempladas en el convenio permite afirmar que “el destino más probable de las actuaciones previstas será el desarrollo y la construcción de viviendas asequibles”. A su vez, el Ministerio consultó a la Oficina Nacional de Contabilidad (ONC), en coordinación con la IGAE, y la respuesta llegó en marzo de 2025 y no pudo incorporarse a las cuentas auditadas.
Como medida correctora, Vivienda asegura que Casa47 elaborará, durante 2025 y en ejercicios sucesivos, una memoria específica del Plan de Vivienda Asequible. Ese documento recogerá “el destino más probable” de las actuaciones afectas y servirá de respaldo al tratamiento contable aplicado.