España cerró 2025 con un déficit público del 2,5% del PIB -incluidos los costes derivados de la DANA- en línea con el objetivo comprometido con la Comisión Europea. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó este dato como base para afrontar el actual escenario de incertidumbre energética, al tiempo que dejó abierta la puerta a una posible relajación de las reglas fiscales si la crisis se prolonga.
“España va a cumplir con el objetivo de déficit que estará en el 2,5%”, afirmó en los Desayunos de RTVE y EFE, al tiempo que destacó que este resultado se alcanzó sin aplicar recortes, pese a que el déficit llegó a situarse en torno al 10% del PIB durante la pandemia. Según explicó, el cumplimiento de las reglas fiscales no es solo un compromiso con Bruselas, sino una herramienta clave para responder a nuevos shocks. “Tener colchón fiscal, es decir, cumplir y no estar sobrepasado en deuda o en déficit, nos permite poder emplear los recursos necesarios cuando se necesitan”, defendió.
Medidas frente a la crisis de Irán
En este contexto, Montero defendió la política fiscal del Ejecutivo, que ha facilitado un aumento de la recaudación, que según recalcó se sustenta en una mayor progresividad. “Hemos bajado los impuestos a los que menos tienen, pero sí los hemos subido a grandes empresas y patrimonios”, señaló. De esta forma, zanjó las críticas sobre la elevada presión fiscal.
La vicepresidenta enmarcó estas declaraciones en el debate sobre las medidas que el Gobierno aprobará de forma inminente para contener el impacto del encarecimiento energético. Aunque reconoció que la subida de precios “se notará en todos los elementos importantes para los ciudadanos, también en los combustibles”, evitó concretar rebajas fiscales generalizadas.
En este sentido, explicó que el Ejecutivo trabaja en un paquete orientado a “abaratar el precio de la factura energética y el precio de los combustibles”, que definió como los dos objetivos “coyunturales más importantes”.
Sujetos al cumplimiento de las reglas fiscales
El margen de actuación, no obstante, está condicionado por las reglas fiscales europeas. “La Comisión Europea ha trasladado que no va a haber ningún tipo de flexibilidad por ahora”, advirtió. Esto obliga a que cualquier medida se financie “de la propia recaudación”, en un contexto en el que, según recordó, “el dinero es finito”. En paralelo, la vicepresidenta rechazó entrar en escenarios hipotéticos sobre nuevas rebajas fiscales, como la eliminación del IVA en los alimentos. “En este escenario ahora mismo es especular por especular”, afirmó, defendiendo que las decisiones deben adoptarse “sobre la evidencia”.
Tal y como informó Artículo14, las rebajas fiscales que estudia el Gobierno para contener el impacto de la guerra de Irán en la economía podrían costar hasta 8.000 millones de euros a las arcas públicas si se activara toda la batería de medidas energéticas.
Así, Montero dejó abierta la puerta a un cambio de posición en Bruselas si el escenario se deteriora. “Espero que, si la situación se prolonga en el tiempo, la Comisión Europea cambie la posición que tiene en este momento”, señaló. En ese caso, el Gobierno podría contar con mayor margen para desplegar nuevas medidas de apoyo.
No habrá presupuestos en marzo
En este contexto, la vicepresidenta confirmó que el Gobierno retrasará la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, inicialmente prevista para el primer trimestre del año. La ministra justificó este aplazamiento por la prioridad otorgada al paquete de medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán, que el Ejecutivo aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.
“Se va a retrasar porque el decreto ley que estamos abordando en este momento ha sido prioritario sobre otras negociaciones”, explicó durante su intervención. En la víspera, tanto la propia vicepresidenta como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya habían dejado entrever la posibilidad de que se superara ese calendario, aludiendo a la gravedad del contexto económico.
Montero restó importancia a la polémica sobre los plazos y defendió que el Ejecutivo no llevará al Congreso unas cuentas sin garantías de respaldo parlamentario. “Yo nunca presento los presupuestos sin tener la confianza de que se vayan a aprobar”, afirmó.
En todo caso, puso en valor la capacidad del Gobierno para gestionar la política económica con las cuentas prorrogadas. “Tiene mucho mérito para un Gobierno con presupuestos prorrogados que no haya sido un problema a la hora de abordar todas las cuestiones que teníamos encima de la mesa”, señaló.
Accidente de Adamuz
Más allá del frente fiscal, Montero anunció que el Gobierno aprobará “en breve” una modificación legal para que el accidente ferroviario de Adamuz tenga la consideración de accidente laboral. Esta medida implicará prestaciones más elevadas para los afectados, incluyendo mejoras en las pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad. “Es de justicia”, afirmó, recordando que este mecanismo ya se aplicó tras la DANA.
La ministra también confirmó que ya han comenzado a abonarse ayudas a autónomos y empresas afectados por las inundaciones en Andalucía y Extremadura, en línea con el compromiso adquirido por el Ejecutivo.