Las rebajas fiscales que estudia el Gobierno para contener el impacto de la guerra de Irán en la economía podrían costar hasta 8.000 millones de euros a las arcas públicas si se activara toda la batería de medidas energéticas. La encrucijada que afronta el Ejecutivo es doble: cuándo aplicarlas y cómo hacerlo sin comprometer en exceso los ingresos del Estado.
Siguiendo el patrón aplicado durante la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, las rebajas fiscales relacionadas con la energía tienen un elevado coste fiscal. En 2022, las medidas aprobadas para contener la factura eléctrica restaron más de 6.600 millones de recaudación. Esta cifra equivale aproximadamente al coste anual que afronta la Seguridad Social en el pago de las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Entonces, la respuesta frente a la subida del precio de los combustibles llegó a través de un descuento generalizado de 20 céntimos por litro, una medida que el Ejecutivo ha descartado ahora. En paralelo, una reducción en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) podría suponer otros 2.000 millones de euros de menor recaudación.
Implementación escalonada
Tal y como ha adelantado Artículo14, el borrador del Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio incluye importantes rebajas fiscales en el ámbito energético, tanto para carburantes como para la electricidad. Dado su fuerte impacto en la recaudación del Estado, el Ejecutivo debe medir muy bien los tiempos.
El próximo 20 de marzo, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Ejecutivo aprobará la primera batería de medidas, tanto estructurales como coyunturales. En estas últimas, habrá una respuesta para el gasóleo profesional y se elevará la devolución parcial del IEH a los transportistas y agricultores hasta los 20 céntimos por litro, frente a los 0,049 euros y 0,06371 euros por litro actuales, respectivamente.
En función de cómo evolucione la cotización del barril Brent y los precios de los carburantes, además de las conclusiones del Consejo Europeo, se decidirá si incluir alguna medida fiscal adicional más. Entretanto, el Gobierno tiene abierta una fractura dentro de la coalición en relación con las iniciativas de carácter social. Un gran escollo es la renovación de los casi 600.000 alquileres que irán venciendo a lo largo de este año, una de las exigencias planteadas por Sumar.
Rebaja fiscal de la electricidad, al detalle
La mayor pérdida de ingresos fiscales se concentra en los impuestos ligados a la electricidad, como ya ocurrió durante la crisis energética tras la invasión de Ucrania.
Las primeras medidas para paliar la subida de la factura de la luz entraron en vigor el 1 de julio de 2021. Se aprobó una rebaja del tipo del IVA del 21% al 10% para contratos con potencias inferiores a 10 kW (consumo doméstico) y la supresión del tercer tercer trimestre del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE).
Ambas medidas supusieron una pérdida de ingresos de 1.270 millones (509 millones por la rebaja del IVA y 760 millones por la suspensión del impuesto a la producción). Posteriormente, a finales de septiembre, se ampliaron las medidas con una rebaja del tipo del 5,11% a 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), con un coste fiscal de 336 millones, y se volvió a suspender el IVPEE durante el cuarto trimestre.
Durante 2022, todas estas medidas se mantuvieron y además se contabilizó el efecto completo de algunas aprobadas en 2021. En el caso del IVA se perdieron 2,1 puntos de recaudación vinculados a las medidas sobre los consumos energéticos, más de 1.500 millones.
A su vez, la rebaja del IIEE al 0,5% supuso una merma de recaudación de 1.700 millones, mientras que la supresión del gravamen a la producción alcanzó los 3.400 millones. En conjunto, la factura rozo los 6.640 millones, un impacto que también se arrastró en 2023, con una caída de casi 730 millones de ingresos.
Plan para crisis de Irán
El borrador de rebajas fiscales a la electricidad que está ahora sobre la mesa del Gobierno incluye una rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10%, así como una reducción del IVA aplicado al gas y a la leña. En términos de ingresos fiscales, durante los tres años en los que se aplicaron medidas similares tras la guerra de Ucrania, hubo una merma de recaudación contabilizada de casi 2.770 millones.
En realidad, el impacto fue más elevado pero Hacienda cuantifica el efecto de los cambios normativos respecto al año anterior. Así, por ejemplo, en 2023 los 728 millones reflejan únicamente la rebaja del IVA del 10% al 5% aplicada ese año, y no incluyen la rebaja del IIEE y la supresión del IVPEE que también estuvieron en vigor. Estas dos últimas medidas también se han previsto en el escenario actual: una rebaja del IEE del 5,11% al 2,5% y la suspensión del Impuesto de Generación Eléctrica, que grava con un 7% la generación eléctrica.
Para los carburantes, con carácter general, el borrador del incluye una rebaja del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) de 10 céntimos por litro para el diésel y de 5 céntimos para la gasolina.
Efecto de la baja del Impuesto de Hidrocarburos
El impacto en la recaudación de la rebaja fiscal planteada en el Impuesto de Hidrocarburos es más complejo de estimar porque no existe un precedente equivalente durante la crisis de Ucrania. Los informes de Hacienda reflejan un consumo anual de 33.000 millones de litros de carburantes -gasóleo, gasolina y biocarburantes-, de los que alrededor de 22.500 millones corresponden al diésel, combustible que utilizan tres de cada cuatro vehículos en España.
Considerando una rebaja de rebaja de 10 céntimos por litro en el tipo estatal del Impuesto Especial, la merma de recaudación sería de unos 2.250 millones de euros para el diésel y 525 millones para la gasolina. Además, al reducir el IEH también se produce un efecto indirecto sobre el IVA, ya que este impuesto se calcula sobre el precio final de venta. Adicionalmente, el Gobierno podría reducir el IVA de los combustibles del 21% al 10%, o incluso al 5%.
No está prevista ahora la rebaja del IVA de alimentos
Dado el impacto en los ingresos públicos, estas rebajas fiscales en los carburantes no se aplicarán en esta fase inicial del Plan frente a la crisis de Irán. Tampoco la posible rebaja del IVA de determinados alimentos básicos.
Desde el sector de la alimentación se ha trasladado al Gobierno la necesidad de que se adopten medidas para mitigar el impacto del incremento de los precios de los suministros energéticos en la cadena de producción. Solo en el caso de que el conflicto bélico se prolongue, plantean la posibilidad de adoptar otras medidas, entre ellas una rebaja temporal del IVA de los alimentos.
En 2023, esta medida ya se aplicó, con la rebaja de tipos en la alimentación desde el 1 de enero. De esta forma, se pasó al 0% los productos que tributaban al tipo superreducido del 4% y del 10% al 5% en aceites y pastas, con un coste de 1.703 millones.
En este contexto, el Gobierno aún no ha dado detalles del paquete de medidas que aprobará el viernes, aunque tratará de evitar un impacto fiscal innecesario en las cuentas públicas.