“Cada día que pasa, más recaudación que metemos en la mochila”. Es el sentir en el Ministerio de Hacienda, cuando el Gobierno retrasa las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán en ausencia de Presupuestos y cuando hay que implementar un aumento del gasto en Defensa en 10.470 millones de euros para que España cumpla con el objetivo de alcanzar un nivel del 2,1% del PIB.
Para seguir haciendo estas transferencias con las que sufragar las gastos corrientes en Defensa, cubrir la subida de salarios de los funcionarios y el déficit de la Seguridad Social y que el déficit no acabe en el 6%, el Gobierno necesita articular las menores rebajas fiscales y durante el menor tiempo posible.
Medidas muy costosas
La subida del precio de la gasolina le supone a Hacienda no más de unos 200 millones al mes de ingresos extra por el IVA y las rebajas que están encima de la mesa son muy superiores. Por muy bien que vaya la recaudación -a la espera de conocer a finales de marzo cómo ha cerrado 2025 con el mes de diciembre, enero y febrero-, si hay un parón de la actividad y con los gastos disparados, el escenario es preocupante para fuentes próximas al Fisco.
De esta forma, lo que se haga tendrá mucho coste y en medio de la incertidumbre de lo que puede durar la guerra, planea el riesgo de una crisis y de la recesión. No se puede aguantar la situación salvo que haya ayuda, pero si el BCE lo hace, se acerca una crisis inflacionaria. Es una situación complicada, en la que no hay margen fiscal, con lo que se intenta esperar todo lo posible.
Los funcionarios se plantan
A todo esto se añade que los interventores generales del Estado y los funcionarios le están afeando a María Jesús Montero los enjuagues financieros por la falta de Presupuestos: “Esto no aguanta”, le advierten, según ha podido saber Artículo14.
El nerviosismo de Montero crece ante este plante, cuando le advierten de que la modificación de créditos constante no se sostiene y que el artículo 9 de la Ley de Presupuestos de 2021 estableció que el Gobierno tiene la potestad de efectuar transferencias entre secciones “para atender necesidades ineludibles”, cuando se ha utilizado, por ejemplo, para desviar a Telefónica 2.285 millones de euros entre enero y mayo de 2024, en su mayoría provenientes de partidas presupuestadas para comunidades y ayuntamientos, sin necesidad de validarlo en una norma con rango de ley.
Los funcionarios tienen además elaborados los que se perfilan como los terceros presupuestos que se van a quedar en un cajón. Ahora mismo además irrumpe el factor de con qué previsión elaborar las cuentas, con qué precio del petróleo, y con tan escaso margen de maniobra que ni siquiera se ha podido subir el diésel y se han perdido fondos europeos.
Los ministros dan largas
En este contexto, tanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, han advertido de que la situación no es la misma que en 2022. Aagesen ha lanzado este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros un “mensaje de tranquilidad” ante el conflicto en Irán, y ha asegurado que la situación actual es “distinta” a la experimentada cuando se inició la guerra en Ucrania.
La vicepresidenta tercera ha reiterado que la exposición directa de España al suministro energético a través del Estrecho de Ormuz es inferior al 2% en el caso del gas y está por debajo del 5% en el caso del petróleo.
Por su parte, Cuerpo se resistió en declaraciones a los medios este lunes en Bruselas antes de la reunión del Eurogrupo a concretar cuándo se validarán las medidas, y preguntado sobre si un barril de Brent a 120 euros podría ser un punto adecuado, respondió: “Me van a permitir que no entre a especular, entre otras cosas, por ejemplo, porque un precio de cien dólares del Brent hoy en 2026 no equivale a cien dólares en el año 2022. Estaríamos hablando que cien dólares hoy equivaldrían en torno a unos ochenta y cinco, ochenta y seis dólares en el año 2022″.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido que el Gobierno “llegado el momento, adoptará todas las medidas que considera importantes para bajar la cesta de la compra o los costes de producción de las empresas españolas”, y ha descartado deflactar el IRPF como pide el PP, propuesta que ha ridiculizado.