La ley antiokupas ya tiene fecha definitiva para comenzar a aplicarse y promete un cambio sustancial en los tiempos judiciales asociados a los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente. La norma, que fue aprobada hace unos meses y que ha generado un importante debate social y político, entrará en vigor el próximo 3 de abril, una vez hayan transcurrido los tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La ley antiokupas introduce un mecanismo de respuesta mucho más ágil a los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda. Hasta ahora, los procedimientos judiciales para resolver este tipo de situaciones podían alargarse entre cuatro y nueve meses. Una duración que, según expertos del sector inmobiliario, ha alimentado la inseguridad jurídica y contribuido al encarecimiento de la vivienda. Con la entrada en vigor de esta nueva legislación, el plazo para juzgar estos casos se reducirá considerablemente, convirtiéndose en procedimientos rápidos y expeditivos.
Esta nueva ley antiokupas, que llega a través de una enmienda del PNV a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, busca modificar el artículo 795 para incluir los delitos relacionados con la ocupación de viviendas dentro de los juicios rápidos. Esta vía permitirá que los okupas sean juzgados en un plazo máximo de 15 días, y que el juez dicte sentencia en solo tres jornadas. Además, se eliminará la necesidad de realizar un estudio de vulnerabilidad, al considerar este tipo de delitos como flagrantes y susceptibles de una tramitación urgente.
La ley antiokupas y el nuevo marco procesal para los desalojos
La inclusión de los delitos de ocupación ilegal dentro del marco de los juicios rápidos representa un antes y un después en el tratamiento judicial de estas situaciones. Hasta ahora, muchos procedimientos se veían ralentizados por la carga administrativa de los tribunales, las fases intermedias del proceso y los requisitos adicionales como el estudio de vulnerabilidad de los ocupantes. Con la nueva ley antiokupas, el objetivo es que todo ese trámite se simplifique radicalmente.
El procedimiento judicial bajo la ley antiokupas comenzará del mismo modo que hasta ahora: tras la denuncia del propietario o legítimo poseedor de la vivienda. Sin embargo, a partir de ahí, el proceso se acelerará. La instrucción será mínima y el juicio podrá celebrarse en menos de dos semanas. Tras ello, el juez tendrá tres días para dictar sentencia, momento en el cual se procederá al desalojo. La principal diferencia es que el desahucio no se ejecutará durante la denuncia, sino una vez haya resolución judicial firme, tal y como ocurre con el resto de delitos tramitados por esta vía rápida.
La polémica por la supresión del estudio de vulnerabilidad
A pesar de que la ley antiokupas busca acortar los plazos al máximo, los expertos recuerdan que sigue existiendo un factor que puede retrasar su aplicación real: la sobrecarga estructural de los juzgados. La escasez de personal y el alto volumen de trabajo que ya soportan los tribunales podría suponer que algunos procedimientos no se resuelvan en el plazo estimado. Aun así, el marco legal ya estará diseñado para permitirlo. Y dependerá de cada juzgado que la tramitación cumpla con los nuevos plazos.
Una de las cuestiones más debatidas en torno a la ley antiokupas es precisamente la supresión del estudio de vulnerabilidad. Hasta ahora, este requisito permitía detectar casos de riesgo social o económico antes de llevar a cabo un lanzamiento. La nueva norma elimina este paso al considerar que el allanamiento o la usurpación son delitos graves que deben resolverse sin dilaciones. La medida ha generado críticas entre algunas asociaciones sociales, que consideran que puede generar situaciones injustas. Sin embargo, desde el sector inmobiliario se defiende que esta decisión refuerza la seguridad jurídica de los propietarios.