Los sindicatos CCOO y CSIF han convocado movilizaciones frente al Ministerio de Hacienda para esta semana por las condiciones de los funcionarios, y a las que se sumarán otras concentraciones que anunciará mañana UGT.
Casi dos meses después de la entrada en vigor de la jornada laboral de 35 horas, los funcionarios se concentran hoy, 9 de junio, y el próximo jueves por un salario mínimo de 1.500 euros al mes, la paralización de la negociación del V Convenio Único del personal laboral del Estado y el bloqueo de la jubilación parcial.
Subida salarial del 11% en cuatro años
El 1 de enero de 2026, los trabajadores públicos vieron incrementadas sus nóminas un 1,5% tras el acuerdo al que llegaron los sindicatos y el Ministerio de Función Pública el pasado mes de noviembre. En el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI 2025-2028, la cartera que lidera Óscar López acordó un aumento del salario del 2,5% para 2025 con efecto retroactivo desde el 1 de enero; del 1,5% fijo para 2026 y al que se le añade un 0,5% variable siempre y cuando el IPC sea igual o superior al 1,5% y que se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo –la guerra en Irán ha hecho que algunos centros de análisis como Funcas hayan incrementado su previsión del IPC hasta el 3,1% para este año-; un aumento del salario del 4,5% para 2027 -año electoral- y del 2% para 2028.
A pesar de ello, según ha trasladado a Artículo14 Montserrat Gómez, secretaria general del Sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, las categorías más bajas tanto de funcionarios como de personal laboral apenas cobran 60 euros más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -que actualmente se encuentra en los 1.221 euros mensuales en 14 pagas-, lo que provoca que “haya gente que no se incorpora a trabajar en la Administración a pesar de haber obtenido una plaza”. Por este motivo, señala que reclama un “salario digno” de 1.500 euros al mes.
CCOO exige un salario mínimo de 1.500 € netos en la AGE
https://t.co/88nmu7KFlR pic.twitter.com/QMX2OyoUzY— SAE FSC-CCOO (@sae_fsc_ccoo) June 1, 2026
Otras cuestiones pendientes
Además, Gómez señala que la movilización se lleva a cabo por la paralización de la negociación del V Convenio Único del personal laboral, “ya que solo se están desarrollando artículos que no son de calado y que no afectan al desarrollo de la carrera profesional, retribución o movilidad”. En este sentido, asegura que para el desarrollo de este convenio es necesario contar con “financiación adicional”. A una “negociación lenta”, se suma que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están prorrogados, por lo que, para llegar a un acuerdo, Función Pública debe contar con el aval de Hacienda para aumentar el presupuesto de la cartera.
Así, la secretaria general del Sector de la Administración General del Estado de CCOO asegura que “no se percibe interés en negociar”, y reclama que se desarrolle la carrera profesional, se implante el teletrabajo, y se apruebe la jubilación parcial para funcionarios y personal estatuario. Cabe destacar que el personal laboral ya cuenta con la opción de este tipo de retiro, pero el Gobierno debe someter a votación en el Congreso una serie de cambios que se articularán a través de un real decreto-ley.
La jubilación parcial, todavía en el aire
El Ministerio de Seguridad Social desbloqueará la jubilación parcial del personal laboral permitiendo la contratación de interinos para la figura del relevista –aquel que sustituye al jubilado a tiempo parcial–.
A través de este real decreto-ley, el Gobierno espera poner fin a un problema que lleva vigente desde el 1 de abril de 2025, cuando entró en vigor la reforma de la jubilación parcial que obligaba al trabajador relevista a tener un contrato indefinido a tiempo completo y que la relación laboral perdure un mínimo de dos años después de que se finalice el proceso de jubilación parcial. Supone una obligación que en el sector privado implica un mero trámite de contratación, pero que en el sector público bloquea el retiro parcial hasta que se convoque una Oferta de Empleo Público (OEP) y se cubra esa plaza de empleo por los principios que rigen el trabajo del sector público de igualdad, mérito y capacidad.
La paralización de este real-decreto se debe a que el ministerio que encabeza la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, quiere aprovechar esta norma para incluir cambios con rango de ley respecto a las bajas y mejorar la protección de viudedad de las parejas de hecho no registradas, que debe negociar con el diálogo social.
Jornada de 35 horas
Desde el pasado 16 de abril, la semana laboral de 35 horas para unos 250.000 funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) es una realidad. Se trata de un derecho que recuperaron los empleados públicos tras meses de negociación entre el ministerio de Función Pública y los sindicatos (UGT y CCOO). Y es que, la recuperación de esta jornada para la Administración General del Estado venía recogida en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2022-2024 que firmaron los sindicatos CCOO y UGT cuando María Jesús Montero era ministra de Función Pública. Cabe destacar que es un derecho que estos trabajadores perdieron en el año 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy.