Un entramado para reducir al máximo la tributación y en el que esconder titularidades, con uso de testaferros y diseñado por el bufete Nummaria, al que Hacienda ha situado en el epicentro de una trama que ha perseguido más de una década y cuyo responsable acaba de ser condenado por la Justicia. Pues bien, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, todo esto le parece normal, o al menos así ha venido a defenderlo, algo “como la gran mayoría de aquellos que están en las empresas que tienen asesoramiento de empresas fiscales”.
Así lo ha sostenido este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, cuando el caso afecta al adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE desde julio de 2025, Borja Cabezón. Estas declaraciones han causado malestar en el mundo empresarial y económico, ya que la estructura que habría usado el dirigente socialista, una AEIE, es junto con las AIE, un mecanismo inversor legítimo que siendo utilizados para los fines previstos y no la elusión es especialmente perseguidos por el Fisco.
Este lunes, cuando El Confidencial desvelaba este mecanismo de elusión fiscal, fuentes próximas a Montero quitaron peso al caso y lo atribuyeron a una supuesta maniobra para ensuciar al PSOE. En rueda de prensa este martes, Montero no ha eludido hablar de un contribuyente concreto, una línea roja para los responsables de Hacienda, y además ha venido a desvelar que el Fisco no investiga a Cabezón: “Ni está investigado ni tiene ningún tipo de imputación y ningún tipo de cuenta pendiente con la administración de justicia”, ha revelado.
“Hay empresas -por Nummaria- que se dedican al asesoramiento fiscal y al asesoramiento financiero y en el ejercicio de su actividad privada, durante un periodo de hace más de 10 años, esta persona tenía relación con alguna empresa que va justamente en esa dirección, como la gran mayoría de aquellos que están en las empresas que tienen asesoramiento de empresas fiscales. La propia persona emitió ayer [este lunes] un comunicado, que creo que aclara alguno de los elementos que se plantean y poco más hay que decir”, ha añadido Montero.
Cómo funciona la estructura de la que habría abusado Cabezón
Cabezón estaría detrás de una AEIE por la que una sociedad española desviaba el 80% de los ingresos a Reino Unido, donde las sociedades que participan en una AEIE extranjera están exentas de tributación. Allí una sociedad inglesa cargaba en otra española en el entramado supuestos gastos de actividad conjunta y así descarga todavía más su tributación. En el entramado participarían dos testaferros costarricenses.
Las Agrupaciones de Interés Económico (AIE) son el vehículo de inversión que suele emplearse en la producción de cine, aunque también son habituales en la construcción de barcos y en otros proyectos de larga duración. La AIE no tributa y los inversores pueden imputarse las pérdidas que generan estas inversiones en su factura fiscal, con lo que obtienen rentabilidades del 25%, mientras que el productor reduce su riesgo. Se trata de un producto financiero que se traduce en una herramienta de planificación que ayuda al inversor a reducir su factura fiscal con unos requisitos que fija la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Se encargan de su diseño Santander, Bankinter o Banca March y despachos de abogados.
Las AEIE, Agrupaciones Europeas de Interés Económico reguladas junto a las AIE, persiguen el mismo objetivo y están diseñadas además para facilitar a las empresas de diferentes países hacer negocios juntos, o para formar consorcios para participar en programas de la Unión Europea.
El problema de estos regímenes, como también ocurre con los incentivos a la I+D+i, es que Hacienda los crea para atraer inversión pero una vez que los inversores los aplican, la Agencia Tributaria los ataca.
Hacienda crea el incentivo y luego carga contra quien lo aplica
En el cine, el uso de AIE lo bendijo la Ley del Cine y su Reglamento, que establece en el artículo 27.2 que “se considerarán productoras de una película aquellas empresas o AIE que se incorporen como coproductoras a la misma, en todo caso antes de la finalización de la producción”.
El cuestionamiento de la Inspección se basa en que concluye que los inversores “no tienen la iniciativa sobre la producción” y por eso no pueden acceder a los incentivos fiscales, según la interpretación que hace del artículo 38.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
El resultado son actas levantadas e impugnadas por un alud de productoras cuestionadas, como Universal Pictures, Warner Bros y Summit Entertainment-Lionsgate por Fast & Furious 6, Furia de titanes y Fría luz del día, rodadas en España por los incentivos fiscales al cine. Bajo este paraguas se han rodado Exodus de Ridley Scott; En el corazón del mar, de Ron Howard; Aliados, de Robert Zemeckis; Jason Bourne, de Paul Greengrass, y varias temporadas de Juego de Tronos, entre muchas otras.
Además, son las estructuras que se aplican las películas españolas de cualquier tamaño y que también son cuestionadas por el Fisco.