En Bruselas, el debate ha ido más rápido que los posicionamientos oficiales. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de poner en marcha una regularización extraordinaria de cerca de 500.000 personas en situación irregular ha provocado un intenso cruce de interpretaciones en la capital comunitaria, alimentado por informaciones que apuntan a un posible malestar en la Comisión Europea. Sin embargo, más allá del ruido político, la línea institucional se mantiene, al menos por ahora, sin cambios.
La Comisión Europea no ha abierto ningún procedimiento contra España -no podría- ni ha cuestionado formalmente la medida. Tampoco ha emitido una valoración negativa sobre el fondo de la iniciativa. Hasta ahora, las únicas palabras pronunciadas de forma oficial insisten en una idea recurrente en Bruselas: la regularización de personas en situación irregular es una competencia de los Estados miembro.
Es verdad que el debate se produce en un momento en el que la política migratoria europea parece fijar otro rumbo. Este mismo martes, el Parlamento Europeo dio luz verde al traslado de solicitantes de asilo a países terceros no vinculados a la UE, una fórmula que conecta con el modelo impulsado por la Italia de Meloni y que cuenta con el respaldo del Partido Popular Europeo.
La posición oficial de Bruselas
Más allá de los comentarios de los eurodiputados, no hay ningún posicionamiento –o mejor dicho, crítica– oficial por parte de la Comisión Europea. Este martes, el comisario europeo de migración volvió a dejar claro, igual que hace dos semanas, que a pesar de que la “migración preocupa a los europeos”, la regularización española se trata de una “competencia estrictamente nacional”.
“Algunas cuestiones siguen siendo responsabilidad de los Estados miembros y, al mismo tiempo, dicha responsabilidad también significa que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión”, aseguró Magnus Brunner.
El comisario advirtió al Gobierno español de que un permiso de residencia “no es un cheque en blanco para moverse por la UE” y recordó que la normativa europea es clara y debe “respetarse”.
Hace ya diez días, Brunner, prefirió no enredarse respecto al posicionamiento de la Comisión en esta medida, al no tener competencias para poder cambiarlo. “Las decisiones políticas para regularizar a personas en situación irregular son una responsabilidad de los Estados miembro”, afirmó entonces.
Brunner subrayó que la UE debe “distinguir entre migración legal e ilegal”, pero reconoció la necesidad de “encontrar vías legales” y de facilitar que los Estados puedan hacerlo dentro de sus marcos nacionales. Unas palabras que fuentes socialistas recuerdan ahora para rebajar la idea de un enfrentamiento abierto con la Comisión.
Sin quejas oficiales
Desde el entorno del grupo socialista en la Eurocámara aseguran a este periódico que no han recibido “ninguna queja ni comentario” por parte de la Comisión sobre la regularización española. “El servicio de portavoces, que es el único que fija posición oficial, ya habló claro hace días”, apuntan.
El ruido político
Eso no ha evitado que el debate se haya intensificado en el terreno político. Informaciones publicadas en Euronews apuntaban el martes por la mañana a reservas internas en Bruselas y a preocupaciones sobre el encaje de la medida española en la política migratoria común. La Comisión, sin embargo, prefiere seguir estando en el margen.
El Partido Popular Europeo sí ha elevado el tono. Tanto en redes sociales, como en el debate celebrado este martes. Dolors Montserrat alertó de un posible “efecto llamada” y cuestionó el impacto de la regularización en el espacio Schengen. Frente a ese discurso, los socialistas europeos defienden lo que llaman “el modelo Sánchez”, basado -según sus palabras- en “humanidad, solidaridad y orden”, y lo presentan como una respuesta tanto al crecimiento económico como al declive demográfico del continente.
En ese choque de relatos, recuerdan además que España no estaría inaugurando una práctica desconocida. Entre 1986 y 2005, más de un millón de extranjeros fueron regularizados en el país. Y no solo bajo gobiernos de izquierdas. El Ejecutivo de José María Aznar aprobó, entre 2000 y 2002, una regularización que afectó a más de 500.000 personas, una cifra muy similar a la planteada ahora.
Schengen como telón de fondo
Una de las principales preocupaciones que se deslizan en Bruselas tiene que ver, como apuntó Montserrat, con la movilidad dentro del espacio Schengen. La posibilidad de que las personas regularizadas en España puedan circular durante estancias cortas por otros países de la UE genera recelos en algunas capitales. Es un debate que sigue abierto, pero que de momento no se ha traducido en ninguna advertencia formal a Madrid.
En la comparecencia celebrada en el Parlamento Europeo, Brunner reiteró que la decisión española entra dentro de las atribuciones nacionales aunque es evidente que “la migración preocupa a los europeos”.
El episodio vuelve a poner de relieve la falta de consenso en la UE sobre cómo gestionar la migración. Mientras algunos Estados apuestan por endurecer controles y externalizar el asilo, otros defienden vías de integración y regularización interna.
Por ahora, Bruselas mantiene el equilibrio: deja en el aire el debate político, pero fija con claridad el marco competencial. Regularizar o no regularizar sigue siendo, a día de hoy, una decisión de los Estados miembro. Todo lo demás, guste más o menos, se debate en el terreno político.