Francia

El Consejo de Estado confirma la destitución de Le Pen como consejera departamental tras su inhabilitación

La líder de RN sigue pendiente del juicio que se iniciarán en enero en el Tribunal de Apelaciones de París, donde confía revertir la condena de cuatro años de cárcel y de cinco de inhabilitación por los "contratos ficticios" de asistentes parlamentarios

Marine Le Pen durante su mitin en plaza Vauban en París el domingo 6 de abril
EFE/EPA/YOAN VALAT

El Consejo de Estado de Francia ha confirmado este lunes la destitución de Marine Le Pen como consejera departamental de Paso de Calais meses después de que fuera inhabilitada durante cinco años por malversación de fondos europeos. Hace siete meses, el prefecto de Paso de Calais anunció la destitución automática de la líder de Agrupación Nacional de su cargo como consejera departamental, pero esta había apelado la decisión.

“Las disposiciones del código electoral relativas a la destitución automática de los consejeros departamentales condenados por un tribunal penal e inhabilitados con efecto inmediato son compatibles con el derecho europeo e internacional”, ha justificado el organismo.

Le Pen llegando a una reunión con Lecornu
EFE/EPA/ALAIN JOCARD

A través de un comunicado, ha señalado también que las disposiciones del código electoral aplicables a los consejeros departamentales, así como su situación, son similares a las de los municipales, por lo que ha considerado que no es “necesario remitir al Consejo Constitucional la cuestión prejudicial de constitucionalidad que impugnaba la constitucionalidad de estas normas”.

Pendiente de juicio

Le Pen sigue pendiente del juicio que arrancará en enero en el Tribunal de Apelaciones de París, una segunda instancia en la que la dirigente de Agrupación Nacional confía en revertir la condena de cuatro años de cárcel (dos de ellos en firme) y de cinco de inhabilitación por los “contratos ficticios” de asistentes parlamentarios.

Según la acusación, su formación política creó una trama dirigida por Le Pen para utilizar las dietas abonadas a los eurodiputados entre 2004 y 2016 (destinadas a remunerar a sus asistentes parlamentarios) al pago de los salarios de trabajadores de partido con el objetivo de “aliviar” así sus finanzas.