Unión Europea

La Directiva de Igualdad de Trato lleva desde 2008 estancada en la UE

Las discrepancias entre países impiden que se llegue a un acuerdo sobre esta directiva tan clave para la equiparación de derechos

Ana Redondo, ministra de Igualdad.

Ana Redondo, ministra de Igualdad. Consejo Europeo

A su llegada al Consejo Europeo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió un “impulso” a la directiva sobre igualdad de trato en la Unión Europea. Este aliento se considera, a día de hoy, muy necesario, debido a que la directiva, que fue propuesta por la Comisión Europea en 2008, aún no ha sido aprobada.

“Nos gustaría, y por eso también me he reunido con algunos miembros del Consejo, que la directiva esencial en materia de igualdad de trato, que todavía está pendiente desde 2008, recibiera un impulso por parte de la Unión Europea. Sabemos que hay algunas dificultades con estados como Alemania o Italia, pero los países que ahora nos hemos reunido estamos dispuestos también a liderar el impulso a esta política de igualdad de trato que sería, yo creo, un colofón y generaría un marco en la Unión Europea muy interesante para avanzar en igualdad”, afirmó la ministra.

¿En qué consiste la directiva?

La Directiva de Igualdad de Trato, propuesta por la Comisión Europea en 2008, es un proyecto legislativo que pretende abordar la discriminación en varios aspectos fundamentales de la vida social y económica dentro de la Unión Europea. Esta directiva se centra en prohibir la discriminación basada en religión o creencias, discapacidad, edad y orientación sexual en áreas específicas como la protección social, incluyendo la seguridad social y los servicios de salud; prestaciones sociales; educación; y el acceso a bienes y servicios, que abarca desde la vivienda hasta otros servicios disponibles al público como la banca y el transporte.

La importancia de esta directiva radica en su enfoque integral para asegurar que todos los ciudadanos de la UE disfruten de igualdad de trato y oportunidades en estos ámbitos vitales. Además, establece que cada Estado miembro debe implementar las medidas necesarias para incorporar estos principios en su legislación nacional, garantizando procedimientos accesibles y efectivos para las víctimas de discriminación que deseen presentar quejas o buscar reparación. También requiere que los países miembros establezcan organismos encargados de promover la igualdad de trato, que tendrían el poder de analizar situaciones de discriminación, realizar estudios independientes y emitir recomendaciones.

Uno de los principales desafíos para la adopción de esta directiva ha sido la necesidad de unanimidad entre todos los Estados miembros de la UE, un requisito que ha complicado su aprobación debido a las reservas o desacuerdos expresados por algunos países. Estas discrepancias pueden estar relacionadas con las implicaciones financieras de las medidas antidiscriminación, especialmente en el sector privado, o diferencias en la interpretación de lo que constituye discriminación bajo los criterios protegidos.

A pesar de estos obstáculos, la directiva se percibe como un paso crucial para completar el marco legal de la UE en materia de no discriminación, proporcionando una protección coherente y uniforme en toda la Unión. Su implementación representaría un avance significativo en el compromiso de la UE con los derechos fundamentales y podría mejorar significativamente la calidad de vida de muchas personas al garantizar un acceso más equitativo a servicios esenciales y oportunidades.

La propuesta se tuerce

Sin embargo, y a pesar del impulso que pide España, parece que a la directiva aún le queda camino por recorrer. Alemania, Italia y República Checa han expresado hoy sus reservas durante un debate político en Bruselas, y no han llegado al acuerdo.

Aunque se reunieron para discutir una directiva sobre igualdad de trato, presentada inicialmente por la Comisión Europea en 2008, estos países solicitaron más tiempo para evaluar la propuesta que busca extender la prohibición de discriminación más allá del entorno laboral a áreas como la protección social, educación y acceso a bienes y servicios. La directiva requiere la aprobación unánime de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que añade complejidad al proceso legislativo.

Alemania ha mostrado preocupación por las implicaciones presupuestarias y la situación jurídica actual de su legislación, que ya incluye disposiciones de igualdad de trato. Italia, por su parte, ha pedido tiempo adicional para realizar un estudio interno más profundo. En cuanto a República Checa, sostiene que su legislación nacional ya cumple con los niveles antidiscriminación propuestos, por lo que ve innecesaria la implementación de esta directiva a nivel europeo.