“Hoy he dado un pequeño paso adelante para los derechos de las mujeres”, comparte en su Twitter la eurodiputada belga Assita Kanko, originaria de Burkina Faso. Durante la reunión de la comisión parlamentaria para Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), Kanko sacó a relucir el grave problema de los matrimonios forzosos y la reclusión matrimonial, que siguen afectando a mujeres en toda la Unión Europea.
El Parlamento Europeo ha adoptado una propuesta de Kanko para proporcionar ayudas más adecuadas en situaciones de matrimonio forzado o reclusión matrimonial, sobre todo cuando involucran a menores. Se trata de una revisión de la Directiva Europea que prescribe cómo deben actuar los estados miembros de la UE cuando sus ciudadanos solicitan ayuda en países donde no tienen embajada propia. Según Kanko, esta ayuda también puede incluir asistencia legal o psicológica cuando sea necesito.
Durante su intervención en la Comisión LIBE, instó a los estados miembros a adoptar y aplicar esta propuesta en sus embajadas en todo el mundo.
“La dignidad de las mujeres está en juego. Los valores europeos deben prevalecer. Tenemos que respetar el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No podemos dejar que estas mujeres y niñas vivan en la edad media en el año 2024. Si las abandonamos, estamos abandonando a todas las mujeres”, explica la eurodiputada a Artículo14.
Reclusión marital
Según compartió Kanko con Artículo14, la reclusión matrimonial hace referencia a situaciones donde mujeres pertenecientes a comunidades religiosas no pueden abandonar su matrimonio. A menudo, viven atadas a una unión religiosa incluso si su matrimonio no se reconoce legalmente.
Según la ley islámica tradicional, solo el hombre puede disolver el matrimonio sin proporcionar motivo alguno, lo cual es una clara contradicción de los principios de igualdad europeos. Además, es posible que las comunidades mantengan el matrimonio religioso incluso después de que las mujeres registren un divorcio civil, especialmente si el país de la UE donde residen ha validado su matrimonio efectuado en el país de origen, donde la versión religiosa es la única reconocida y tiene total validez.
Querer abandonar una unión así puede ser, además, peligroso. Si la mujer no consigue anular el matrimonio religioso, puede ser objeto de crímenes de honor, incluyendo el asesinato. Así, las víctimas terminan relegadas como ciudadanas de segunda categoría, dado que las protecciones legales y sociales que generalmente se dan por garantizadas están limitadas por las leyes y costumbres religiosas que las aprisionan. La situación pone en riesgo sus derechos y su igualdad.
Es clave destacar la existencia de sociedades paralelas y sistemas de justicia paralelos. Los matrimonios religiosos suelen están regulados por tribunales de la sharia, que operan en países europeos y ejercen una influencia considerable en ciertas comunidades. Según Kanko, los expertos indican que, aunque las provisiones de la ley islámica no siempre contravienen la ley occidental, las áreas de derecho familiar y sucesiones presentan serias complicaciones.
Aunque es difícil obtener estadísticas concretas sobre el tema, organizaciones de derechos de las mujeres en muchos países de la UE y otros occidentales no dejan de sonar las alarmas sobre este problema.
Matrimonios forzados
Es verdad que la Unión Europea está tomando medidas para abordar el problema del matrimonio forzado, como parte de sus esfuerzos para combatir la trata de personas y proteger los derechos de las mujeres. En 2024, se actualizó la directiva de la UE sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos para incluir el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la maternidad subrogada como tipos de explotación que deben ser sancionados por los Estados miembros. Este cambio permite una respuesta más fuerte y coherente a nivel de la UE para luchar contra estos crímenes, incluyendo penas de prisión de al menos cinco años para los delitos estándar, y de al menos diez años para los delitos agravados.
Además, en febrero de 2024, se alcanzó un acuerdo sobre la primera directiva de la UE para combatir la violencia contra las mujeres. Esta directiva incluye el matrimonio forzado entre los delitos específicos que aborda, junto con la mutilación genital femenina, la divulgación no consensuada de material íntimo y el acoso cibernético.
“El poder está ahí [en la UE]. La voluntad para solucionar este problema debería ser aún mayor, y tenemos que desarrollar nuestras políticas para defender la manera de vivir europea. En Europa, todos los humanos son iguales ante la ley, tanto hombres como mujeres”, afirmó Kanko a este periódico.