—Mamá, no vayas a llorar por mí. Yo no quiero seguir viviendo en estas condiciones, que no son humanas. Estoy demasiado deprimida -escribió la presa política Marifel Guzmán en un mensaje de teléfono móvil.
Días antes, cuando terminó la audiencia y se leyó la condena de diez años de prisión, Marifel Lucía Guzmán quedó presa ese mismo día. Pese a saber cómo funciona la “justicia venezolana” (porque nadie en el país lo ignora), la joven quedó perpleja. Ella estaba convencida de que la dejarían libre. No había cometido ningún delito, distaba mucho de ser una activista, una figura política conocida y, ni siquiera, una periodista con tal comunidad de lectores que constituyera un factor de influencia.
Pero en Venezuela nadie se libra. Guzmán es una de las más de 700 presas políticas que aguardan a que el proyecto de ley que anunció Delcy Rodríguez este viernes se ponga en marcha cuanto antes. Con esta ansiada amnistía, se borrarían de un plumazo sus “antecedentes penales”, aunque en este caso su crimen fuera un mero mensaje de Instagram.
A mi madre le dijeron una mentira
Marifel Lucía Guzmán Chacín nació en Barcelona, estado Anzoátegui, el 21 de noviembre de 1989. Tiene 36 años. Bachiller mención Ciencias, del Liceo Rafael Antonio Fernández Padilla, se licenció en Comunicación Social por la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde se graduó después de haber completado un programa de técnica superior universitaria en Producción de Medios de Comunicación. Todo esto lo hizo en los tiempos reglamentarios, sin retrasarse, ni distraerse por ahí. Hizo pasantías como operadora de consola y luego consiguió en una dependencia de la Gobernación de Anzoátegui, cuyo titular es Luis Marcano, del PSUV, reelecto para un segundo mandato en mayo de 2025.
La periodista Guzmán integraba el plantel de la Dirección de Cultura de Anzoátegui, donde, por cierto, participaba en actividades de teatro y dramatización institucional, cuando fue objeto de un despido, -desde su perspectiva, injustificado- por orden de un tal Pedro Bolívar, jefe de oficina de la citada Dirección. Muy molesta porque, según afirmó en su momento, fue cesanteada sin que se le pagara lo que correspondía, Marifel publicó un reclamo en redes sociales.
No se conoce el texto exacto de la publicación. Lo que sí está documentado es que esa denuncia fue el origen de su detención, producida a principios de 2025, cuando la periodista fue sacada de su casa sin su voluntad.
—El 7 de febrero de 2025, -escribió ella misma en una nota pergeñada en una hoja de cuaderno- una comisión del Servicio de Investigación Penal (SIP) encabezada por Pedro Bolívar en compañía de dos [funcionarias de seguridad del Estado] femeninas y un masculino, siendo aquel el jefe, se apersonaron a mi hogar con la excusa de que los acompañara a entregar unas “medicinas” al hospital, siendo las mismas abiertamente mentira que me pidieron decir a mi madre, sometida a un engaño, sin saber ella qué estaba pasando en realidad.
Según el manuscrito de Guzmán, se trataba de una estratagema de Pedro Bolívar para no alarmar a su madre, a quien le dijo que regresaría a la joven a las 9 de la noche. “Pasadas las seis de la tarde, hora en que salí de mi hogar acompañada de los funcionarios, me montaron en un vehículo de color negro, modelo Cherokee marca Jeep año 2008, para llevarme a la sede del SIP (Servicio de Investigación Policial), ubicado en la entrada del complejo polideportivo José Antonio Anzoátegui. Una vez allí, me despojaron de mis pertenencias, mientras que Pedro Bolívar me mostraba una carpeta que contenía impresiones de las historias de mi cuenta de Instagram, así como la fotocopia de la cédula de quien luego supe que era quien me había denunciado. Se trata de la abogada Arles Cris Rengifo, consultora jurídica legal del Instituto de Cultura del estado Anzoátegui, situado dentro del Palacio de gobierno regional. Una vez que realizaron sus procedimientos correspondientes a una orden de aprehensión, me trasladaron en una patrulla de la policía del estado Anzoátegui, y quedé detenida en el Centro de Custodia Femenina de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui.”
Esa noche, pues, no regresó a casa.
Diez años de prisión por un mensaje de Instagram
El 11 de febrero de 2025, Marifel fue presentada ante un tribunal. No pudo juramentar un abogado de su confianza. Hasta hoy, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), ni sus familiares ni sus abogados han podido revisar íntegramente el expediente ni ejercer una defensa privada efectiva. Vale recordar que, en un sistema penal, el acceso al expediente es la condición mínima para ejercer defensa y que la imposibilidad de revisar el contenido de la causa convierte cualquier proceso en una formalidad vacía. El proceso, pues, avanzó bajo una figura de indefensión que las organizaciones gremiales y de derechos humanos consideran una violación al debido proceso.
El 7 de mayo de 2025 se celebró la audiencia preliminar. Marifel y su familia esperaban un sobreseimiento, pero el tribunal primero de control del estado Anzoátegui, Evelyn Vanessa Osuna Ruiz, le dictó condena. Diez años de prisión por el delito de “incitación al odio”.
Desde entonces, Marifel permanece recluida en la Comandancia General de la Policía del estado Anzoátegui, lugar no previsto como penal. Duerme en el suelo, sobre una colchoneta, en un espacio muy angosto donde apenas puede moverse. Según su familia, no recibe malos tratos físicos, pero vive bajo condiciones de hacinamiento y restricción de movimiento.
Una escuela de odio
Su madre la visita dos veces por semana, cuando no suspenden las visitas sin dar explicaciones. El resto de los días la familia acude igual al penal para llevarle comida y ropa, aunque no puedan verla, pero con la esperanza de que le entreguen los paquetes. La situación económica de la familia es precaria. Cuando hay dinero, le llevan algo. Cuando no hay, no pueden llevarle nada.
Evelyn Chacín, su madre y, por cierto, la única que aparece en el renglón de “representantes” en los documentos educativos de Marifel, ha perdido peso desde que su hija fue detenida. Como adulta mayor, hay momentos en que decae. Su otra hija, Mary, dice que ha tenido que ocultar su propia fragilidad para sostenerla.
-Hay momentos que a mi mamá le da por llorar, llorar, se deprime mucho -comenta Mary, quien responde a la entrevista en los escasos ratos en que cuenta con señal de wifi-. Yo tengo que hacerme la dura para no demostrarle mi debilidad, porque debo encargarme de que mi hermana no sea olvidada y que se le haga justicia.
Según el Sindicato de Prensa, Marifel Guzmán atraviesa un cuadro de depresión aguda agravado durante el penoso encierro. “Mi hermana se animó un poco cuando se enteró de que habían anunciado que los presos políticos serían liberados, pero cuando ve que salen en libertad otras reclusas y ella sigue ahí, se deprime más”, confirma Mary. “Cada excarcelación de otras reclusas y cada noticia sobre posibles liberaciones incrementa su ansiedad.”
El caso de Marifel Guzmán se inscribe en un patrón más amplio. En Venezuela, la figura penal de “incitación al odio”, creada formalmente para sancionar discursos que, según el régimen, promovieran “violencia o discriminación”, devino herramienta recurrente para criminalizar la expresión crítica en redes sociales. Es un delito de formulación amplia, que permite castigar desde llamados explícitos a la violencia hasta denuncias públicas de carácter laboral, político o institucional.
Periodistas detenidos aún
En este caso, la publicación de una trabajadora despedida sin que se le cumplieran los requisitos establecidos en la ley fue considerada como un acto de odio.
El Sindicato de Prensa, que incluye a Marifel Guzmán entre los seis periodistas que permanecen detenidos en Venezuela, ha exigido la nulidad de la sentencia y su liberación inmediata. La ONG Un Mundo Sin Mordaza ha clasificado el proceso como una violación a la libertad de expresión y al debido proceso.
La escena del crimen muchas veces es digital
La condena de Marifel Guzmán se produce, además, en un momento político específico. Mientras el régimen venezolano sostiene un discurso de apertura y promueve acuerdos para la liberación de presos políticos, casos como este envían una señal inversa, puesto que no solo no se flexibiliza el control judicial, sino que se endurece el castigo contra quienes denuncian irregularidades en el espacio digital.
No se trata solo de una periodista. Se trata de un mensaje dirigido a cualquier trabajador público, a cualquier ciudadano; más aún a cualquier usuario de redes sociales. Eso no ha cambiado después del 3 de enero, cuando fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas durante una operación militar. Hasta que entre en vigor la ley de Amnistía de Rodríguez, en Venezuela, nada ha cambiado. Denunciar un despido injustificado puede costar una década de cárcel. Escribir una queja en una plataforma digital puede convertirse en un delito penal. No tener abogado de confianza puede ser una condición permanente del proceso. Y una intensa y peligrosa depresión puede formar parte de la pena, sin que el rehén tenga atención médica de ningún tipo.
Mientras tanto, una madre cruza la ciudad dos veces por semana para ver a su hija unos minutos, si ese día no suspenden las visitas. Y una frase escrita al amanecer en un cuartucho donde apenas puede moverse, sigue marcando el centro de este caso: “No llores ni me culpes si llego a hacer algo definitivo”.
No como metáfora. Como consecuencia.