La Unión Europea sigue de cerca la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, pero no contempla, al menos por ahora, intervenir en el trabajo de los investigadores españoles. Así lo traslada tanto la Comisión Europea como la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) a este periódico, y subrayan que la investigación de los accidentes ferroviarios es una competencia estrictamente nacional. Sin embargo, Bruselas deja abierta una puerta: podría actuar si detectara deficiencias en la aplicación de la legislación europea de seguridad ferroviaria, un escenario ya conocido tras el accidente de Angrois en 2013.
“La investigación de los accidentes ferroviarios es una responsabilidad nacional”, recalca la Comisión Europea en respuesta a las preguntas de este periódico. Y añade que esa investigación no debe confundirse “con una evaluación del estado de implementación y aplicación de la legislación de la Unión sobre seguridad e interoperabilidad ferroviaria en un Estado miembro”.
La UE tiene competencias para vigilar
Ese matiz es importante. La Comisión no investiga accidentes ni sustituye a los organismos nacionales -en el caso español, la CIAF-, pero sí tiene competencias para vigilar que los Estados miembros apliquen correctamente la normativa comunitaria. “La Comisión evalúa cada caso por separado”, explican desde la Comisión de Transportes a este diario, y subrayan que “el marco legal actual difiere del de 2013”, en referencia al accidente de Angrois y al posterior escrutinio europeo.
El artículo 35(5) del Reglamento de la ERA
En este contexto, Bruselas concreta el único supuesto en el que podría dar un paso más. “Si se identificaran deficiencias en la aplicación de la legislación de seguridad ferroviaria por parte de España, la Comisión podría hacer uso del artículo 35(5) del Reglamento de la ERA”, explican. Un artículo que permite a la Agencia investigar “la situación general” y emitir recomendaciones.
El objetivo de ese mecanismo no sería reabrir la investigación del accidente concreto, sino “mejorar la seguridad general”, puntualiza la Comisión. No obstante, desde el departamento de Tzitzikostas reconocen que ese proceso podría tener consecuencias adicionales. “También puede dar lugar a acciones legales adicionales, como un procedimiento de infracción, si fuera necesario”.
La Agencia Ferroviaria de la UE insiste, por su parte, en marcar claramente sus límites. En su respuesta, la ERA se declara “profundamente entristecida por el trágico accidente de Adamuz” y asegura que, junto con la Comisión, “están siguiendo de cerca la situación y está dispuesta a proporcionar cualquier apoyo necesario a las autoridades españolas”. Pero a renglón seguido recuerda que no tiene mandato investigador.
Competencia exclusiva de los Estados miembros
“Según la legislación europea sobre seguridad ferroviaria, la responsabilidad de investigar accidentes ferroviarios recae exclusivamente en los Organismos Nacionales de Investigación de los Estados miembros”, señala la Agencia, citando la Directiva (UE) 2016/798. Y añade: “La ERA no tiene el mandato de actuar como órgano de investigación. En principio, la ERA no realiza investigaciones de accidentes”.
Bruselas recuerda Angrois
El precedente al que remiten ambas respuestas es Angrois. Tras el accidente de 2013, la Comisión Europea concluyó que la investigación española no cumplía plenamente los requisitos de independencia exigidos por la normativa comunitaria. Aquella evaluación no se centró en el siniestro en sí, sino en cómo se había investigado, y acabó derivando en un procedimiento contra España y en cambios en el marco regulatorio.
Ese antecedente explica la cautela actual de Bruselas. Ni la Comisión ni la ERA cuestionan en este momento el trabajo de la CIAF ni plantean una intervención en la investigación de Adamuz. Pero ambas dejan claro que la UE no es ajena al proceso y que dispone de herramientas para actuar si detectara problemas estructurales en la aplicación de la normativa de seguridad. Un mensaje de seguimiento y prudencia sobre una investigación que, de momento, continúa sólo en manos españolas.