Anda la justicia patria empeñada, al estilo del Dios apocalíptico, en hacer “nuevas todas las cosas”. Los ropones llenan la Historia –con mayúscula– de debutantes. Así, por ejemplo, Álvaro García Ortiz fue el primer fiscal general imputado primero y condenado después a pena de multa y dos años de inhabilitación para el cargo. Este martes, la Audiencia Nacional acordaba la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, “el mejor socialista” (Óscar Puente), por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental en el caso Plus Ultra. El Ana Rosa de Canal Red, Pablo Iglesias, lamentaba en X: “Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político”. Las farmacias de Ferraz, Fuente del Berro y Galapagar han agotado sus existencias de Eucerin.
Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político
— Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) May 19, 2026
Zapatero declarará como investigado el próximo 2 de junio, tres meses después de su comparecencia en la sala Clara Campoamor del Senado, donde vendió bondad, talante y democracia ante un público entregado y dos o tres senadores críticos. Entonces, Carla Antonelli, en calidad de groupie, se avergonzó “de que a un hombre con su trayectoria se le quiera mancillar y ensuciar su currículum”; en un par de semanas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le preguntará sobre el presunto lavado de dinero del rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez, marido de Begoña Gómez, dio a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia. Nadie descarta que la senadora de Más Madrid monte una protesta a las puertas del juzgado con Pedro Almodóvar, Antonio Papell y Sarah Santaolalla. La crema de la intelectualidad, vaya.
Calama y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, o sea, la UDEF –“¿Qué coño es esto de la UDEF?”, se preguntaba el patriarca Pujol–, que ha registrado la oficina del expresidente, la de sus hijas y dos mercantiles, son procesionados por los medios afines y por los programas serviles ataviados con un sambenito de facha, mientras una caterva de enanitos rabiosos, ya sean politiquillos, ya sean tertulianos del género Macario, airean su impotencia y fantasean con un auto de fe conducido por Jesús Cintora y Laura Arroyo ante la Embajada de Venezuela. El magistrado y los maderos han ensuciado el nombre santo del Maharishi de Valladolid; del aspirante a “supervisor de nubes” que reconoció haber facturado a la compañía Análisis Relevante, de su amigo Julio Martínez Martínez, compiyogui de running, casi medio millón de lereles entre 2020 y 2023 –“Es un precio de mercado”, decía en la Cámara Alta– previo enchufe de sus niñas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa; del amigo de los jerarcas Delcy y Jorge Rodríguez al que se le vincula con una trama que, presuntamente –siempre presuntamente; al menos, por ahora–, habría captado pasta de empresas españolas que buscaban una línea directa con Moncloa, así como de PDVSA y de un programa de alimentos del chavismo.
Este martes, a las 8:38, los compañeros de El Confidencial adelantaban una noticia que, en un país decente y/o racional, hubiera certificado el fin de un mito. Sin embargo, cabe recordar que esto es España, y que no ha tanto el Constitucional anuló las condenas de Chaves y Griñán. Veremos en qué queda lo de Zapatero. No creo, francamente, que la sangre llegue al río. Porque, recordando a Orwell, “todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”. Y como Bambi no hay ninguno.