Carlos Cuerpo, el ministro de moda ponderado en estas páginas por este columnista por su talento y por su talante, curtido en el fútbol regional extremeño como medio defensivo, ha despejado con una patada hacia arriba el ya embarrado balón de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, dejándolo en el siempre enfangado campo del Consejo de Ministros. El ministro de Economía explica su esperada decisión “por razones de interés general distintas de la defensa de la competencia”. No ha sorprendido a nadie, pues tanto él como el presidente progresista, vicepresidentas y ministros del ala izquierda y del ala más a la izquierda, socios cuatribarrados domiciliados en Waterloo, patronales catalanas, sindicatos de clase y otros muchos más no han dicho una palabra positiva sobre la oferta del otrora banco vasco para hacerse con el boyante banco catalán.
¿Cuáles son esas razones de interés general distintas de las de competencia? Pues variadas y poderosas. Ahí van una detrás de otra: cohesión territorial, inclusión financiera, destrucción de empleo, reducción del crédito a pymes y particulares. Y alguna otra, como que la muy poderosa minoría parlamentaria de los siete votos no quiere perder un banco de su nacionalidad.
Este segundo intento de OPA del BBVA sobre el Sabadell está siendo particularmente accidentado desde que un leak de Mark Kleinman, el brillante periodista de Sky News, saltará por los aires el anuncio de la operación y pusiera a Carlos Torres y a su equipo a todo correr para comunicarlo de mala manera al Consejo del Sabadell y al mercado en puertas de las elecciones catalanas. Desde entonces, todo el camino ha estado lleno de baches y contratiempos para una OPA que pasó a ser hostil desde el minuto uno y que ha chocado con la oposición frontal, sencilla, consistente y eficaz de la dirección del Sabadell, frente a la frialdad tecnocrática del BBVA.
La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) elevando la operación a fase 2 y abriendo una consulta al mercado evidenció que nada iba a ser fácil para los otrora vascos. Su resolución final autoriza la operación con remedies (medidas compensatorias) para garantizar durante tres o más años el crédito y la red territorial. La primera decisión de Economía, o quizás de Presidencia, fue abrir una insólita y extravagante consulta pública abierta para todo español. No nos falta democracia en este país, pese a que muchos se obsesionen con ver nubarrones en sus límpidos cielos.
Según parece, ahora al menos los ministerios de Industria y Turismo; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Derechos Sociales y Agenda 2030 e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han expresado su interés por estudiar la operación. La OPA hostil, al final, va a ser analizada, escrutada y desbrozada por todo bicho viviente. No me viene a la memoria ninguna operación de estas características y envergadura que levantara tanta polvareda. Compite con la ya legendaria de Gas Natural sobre Endesa, que revolvió la economía y la política.
El Gobierno dispone ahora de 30 días, extensibles por otro 30, para mantener o ampliar las condiciones de la CNMC, siempre basadas en el laxo y sacrosanto criterio del interés general. En el peor de los casos, la fecha límite se ampliaría hasta el 26 de julio. En sus poderosas manos, no queda el derecho de vetar la operación, aunque sí el de impedir la fusión entre ambas sociedades, lo que cabe colegir que sería una derrota para todas las partes interesadas.
Pero al Gobierno le ha surgido otro escollo llamado Unión Europea (UE). Sigue de cerca el proceso, pues no acepta que una operación de mercado quede ensombrecida por la política. Y ya se sabe que la UE es firme defensora de la concentración entre entidades financieras y la unión bancaria. Ha abierto un proceso denominado EU Pilot para emitir un informe sobre la decisión española. La Comisión Europea no entendería objeciones del Gobierno, una vez que el regulador ya se ha pronunciado favorablemente. Y parece dispuesta a garantizar que la decisión final del ejecutivo español no incumpla los Tratados.
No descarta la interposición de un expediente sancionador a España si la decisión se pasa de la raya. A nadie se le escapa que el Gobierno no ve con simpatía esta concentración bancaria. Y que es un ejecutivo al que le gusta mandar señales de que ejerce el mando. Sus socios catalanes, que todo lo consiguen, tampoco lo ven. Los aficionados al fútbol asistimos atónitos a la aprobación de la ficha del jugador Dani Olmo, del Fútbol Club Barcelona, por parte del Consejo Superior de Deportes, pese a su flagrante ilegalidad. Si ocurrió en el fútbol, que no ocurrirá en la banca. Al final, por mal que les pese a reguladores, administradores y políticos, la última palabra descansará en los accionistas del Sabadell, pues la aprobación siempre estaría condicionada a la aceptación por parte del 49,3% de su capital social.