Personalmente hay veces que me gusta perder el tiempo: tirarme en un sofá, no hacer nada, descansar… De hecho, algunos expertos sostienen la teoría de que el aburrimiento puede ser beneficioso para nuestra salud mental porque fomenta la creatividad y ayuda a la autorreflexión. A mi madre no le convencía mucho la teoría y, cuando de niña le decía: “Mamá, me aburro”, ella contestaba de inmediato: “Las niñas inteligentes no se aburren”. Y ahí se acababa la conversación.
Lo que nunca me ha gustado, eso sí, es que me hagan perder el tiempo, ya saben, lo de esperar dos horas cuando llamas por teléfono a una empresa para alguna consulta o queja, o cuando vas a una oficina y el noventa por ciento de los empleados se han ido a tomar café a la vez… Y eso mismo es lo que debió de pensar ayer Pilar Alegría cuando, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aseguró que, si el Gobierno ve que no tiene el apoyo de los grupos para sacar adelante los presupuestos, no los llevará al Congreso para no hacer perder el tiempo a la cámara y a los ciudadanos. Menudo fastidio, debió de pensar. Lo que olvida quizá la portavoz del Ejecutivo y, por ende, Pedro Sánchez, es que la Constitución obliga al Gobierno a presentar las cuentas públicas, que no es algo que pueda depender o no de la voluntad del gobernante de turno. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, cree, sin embargo, que, si no hay presupuestos, se pueden prorrogar con total normalidad.
El gran problema de esta legislatura es que se nos presenta como normal lo anormal: la amnistía, dejar casi impune el desfalco de 680 millones de dinero público de los ERE, que la mayor parte de la actividad legislativa del Gobierno se canalice a través de decretos o de iniciativas que evitan el control del CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal.
El Gobierno no quiere que se refleje en el parlamento la fragilidad de sus apoyos, por eso prefiere evitar al máximo a las dos cámaras, aun sabiendo que, el mero hecho de que no pueda llevar los presupuestos al Congreso, implica ya una derrota. Eso sí, Pedro Sánchez va a encontrar tiempo en este 2025 para llevar a la cámara hasta cinco leyes que intentarán controlar a los medios.
Tiempo también está buscando el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para intentar evitar que los tribunales ordinarios se rebelen contra las sentencias arbitrarias que está dictando esa mayoría progresista que presume de reescribir la Constitución sin que a los españoles se nos haya preguntado nada. La Audiencia Provincial de Sevilla ha apuntado sus intenciones de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea cuestionando el fallo del TC sobre los ERE, pero Conde-Pumpido quiere frenar esta posibilidad utilizando cualquier instrumento. El problema es que sus deseos chocan con una realidad, la de que el TJUE ya ha dado su visto bueno en sentencias anteriores a que cualquier juez u órgano judicial deje de aplicar una sentencia del TC si considera que va contra el derecho europeo. Esto va a pasar con los ERE, pero también, según avisó el Supremo, con la Ley de Amnistía, si el Constitucional avala la norma y rechaza, además, que Carles Puigdemont cometiera prevaricación al convocar el referéndum del 1 de octubre. El Gobierno ha garantizado al líder de Junts que el TC avalará una amnistía total para él antes del verano, pero a veces los planes no salen como a uno le gustaría, así que, no pierdan el tiempo, dejen actuar a los tribunales.