Jose Luis Ábalos asegura que no se reconoce a sí mismo en las ocho grabaciones del informe de la UCO que lo sitúan como la persona que, valiéndose de su influencia en el Ministerio de Transportes, adjudicó 637 millones de euros públicos a empresas afines a la trama formada también por Koldo García y Santos Cerdán. Así lo dijo ante el juez del Tribunal Supremo. Para argumentarlo, aseveró que esos audios eran “ininteligibles”, que no sabe si están manipulados y que nunca había percibido “haber sido grabado”.
Con esta base argumental, fuentes de la defensa del exministro avanzan su intención de pedir una pericial para comprobar la veracidad de esas grabaciones. “Lo estamos estudiando”, explican a Artículo14.
Algo que cuadraría con la estrategia que todo a punta a que llevará Santos Cerdán, el que también fuera número tres del PSOE, en su declaración del próximo lunes, que viene avisando que “es todo un montaje”.
Además, Koldo García también siembre ahora la duda sobre si esas grabaciones -realizadas por él mismo- están realizadas “con inteligencia artificial”, tal y como dicen fuentes de su entorno a Artículo14. Unas respuestas similares sobre la poca fiabilidad de las grabaciones que demostrarían una estrategia acompasada de los tres miembros de la trama.
Declaración ante el juez
Al iniciar la declaración ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, según las fuentes consultadas por este periódico, Ábalos se quejó de que “está viviendo una situación muy tensa” por tener su casa “vandalizada” y porque los audios sobre las prostitutas “le han hecho mucho daño y no tienen relevancia penal”.
Además, como en su declaración voluntaria de diciembre, negó la comisión de todo tipo de delitos. Se desmarcó de una trama corrupta y aseguró que Santos Cerdán no tenía capacidad, ni influencia en el ministerio como para poder interceder en las adjudicaciones de obra pública. “Es absurdo no tenía la posibilidad”, aseguró el ex ministro.
El juez le preguntó por el papel manuscrito de Cerdán que aparecía en el informe de la UCO con los cargos que debían ocupar ciertas personas en el ministerio al llegar al Gobierno en 2019. Ábalos reconoció que en esa época le llegaron muchas propuestas de gente y Cerdán fue, según precisó, “un compañero de partido que le decía personas adecuadas para el cargo”. Sin embargo, los agentes sospechan que esa selección de personal solo tenía el objetivo de facilitarle las cosas de cara al amaño de adjudicación de obra pública.
En un momento de la declaración, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quiso indagar en la influencia de Cerdán en el ministerio pero cuando pretendió ir un poco más allá, Ábalos interrumpió el interrogatorio y solicitó acogerse a su derecho a no declarar.
El exministro además negó que haya intentado ocultar pruebas y aseguró que el pen drive que escondió en el pantalón la mujer que estaba con él el día que los agentes entraron a su casa de Valencia contenía información que ya obra a disposición la Guardia Civil, de la incautación de material a Koldo García. Dijo que lo quería conservarla porque ahí está guardada “toda su vida parlamentaria” y contenido de índole personal.
Asimismo, el exministro declaró que no intermedió en la contratación de Claudia Montes en Logirail, una empresa pública ligada al ministerio. Admitió que le conoció en un acto, que se siguieron en Instagram y que “seguramente” le envió un mensaje a Koldo García pidiéndole un puesto para ella porque atravesaba una “situación económica angustiosa”. WhatsApp que, de hecho, obra en uno de los informes de la UCO. Después, Montes le hizo saber que había sido contratada y, según la versión de Ábalos, nunca jamás la volvió a ver.
También negó la participación de la nota de prensa que emitió el ministerio hablando de la pertinencia del rescate millonario de Air Europa. La aerolínea del empresario Javier Hidalgo estaba a punto de quebrar por la pandemia. Según apuntó la UCO, Koldo García y Ábalos habrían intervenido para acelerar el rescate y que el Consejo de Ministros aprobara la concesión de 475 millones de euros públicos en aras de salvar a la empresa considerada estratégica.
En esta gestión estuvo presuntamente involucrado Víctor de Aldama, el empresario también imputado en el caso, que en 2020 era consejero de la compañía. El juez preguntó a Ábalos por qué llegó a Aldama una copia de esa nota de prensa antes de que se publicara, pero el exministro no supo responder y se desentendió de ella alegando que era cuestión del secretario de Estado.
Tras la declaración, el juez Leopoldo Puente denegó la petición de las acusaciones populares solicitando la entrada en prisión provisional tanto del ex ministro, como de su ex asesor Koldo García que se acogió a su derecho a no declarar. Si bien, el magistrado señaló que había “solidos indicios de criminalidad” entorno a ambos imputados.