La defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, recurre ante la Audiencia Provincial de Madrid la incautación de todos sus correos desde 2018, la cual había solicitado el juez Juan Carlos Peinado a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Más concretamente, Peinado pidió “copia de los correos electrónicos recibidos y enviados” desde una cuenta que le fue asignada a Gómez.
El abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, señala que dicha orden “carece de cualquier fundamentación, de cualquier análisis de lo que se pretende conseguir con la misma o de los elementos y resultados de la investigación que justifiquen el porqué de su contenido”.
Asimismo, Camacho indica que el juez acuerda la práctica de una diligencia que “carece de cualquier motivación, puesto que solo hace referencia a la forma a la que ha llegado a conocimiento del Juzgado el correo electrónico respecto al cual se adopta la medida, para inmediatamente acordar su práctica”.
Además, el exministro de Interior indica que la citada solicitud es “exorbitante”, puesto que se requieren los correos desde julio de 2018. Con respecto a ello, pide que se “explicite que tipo de correos y con relación a que hechos han de ser objeto de la investigación”.
Por último, el abogado se refiere a que dichos correos “hacen referencia a cuestiones relativas a actos a los que debía acudir” la esposa de Sánchez y, por lo tanto, “entran dentro de las funciones que le estaban encomendadas a Cristina Álvarez (quien está investigada por haber ayudado a Gómez con sus negocios particulares) y, difícilmente puede sostenerse que se trate de funciones que no entraban dentro del ámbito de sus competencias”.
Además, el exministro socialista insiste en que no ha habido malversación alguna en la contratación de Álvarez y asegura que “la realización de un favor a la persona para la que trabajas y con la que, además, mantienes una relación de amistad nunca puede interpretarse como una conducta que entre dentro del ámbito de aplicación de una infracción penal tan grave como la malversación“.
Cabe recordar que cinco son los presuntos delitos cometidos por Gómez: tráfico de influencias, intrusismo, apropiación indebida, corrupción en los negocios y malversación de fondos públicos. Peinado citó a declarar a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, este miércoles, además de solicitar a la Moncloa todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta de correo de la mujer del presidente desde 2018, año de la contratación de la asesora. En concreto, quiere buscar si hay comunicaciones en las que pueda acreditarse que la asesora ayudaba a Gómez más allá de su agenda como esposa del jefe del Ejecutivo.