El juez Juan Carlos Peinado ha iniciado el curso decidido a terminar con el caso por el que investiga a la mujer del presidente, Begoña Gómez. Cinco son los presuntos delitos cometidos: tráfico de influencias, intrusismo, apropiación indebida, corrupción en los negocios y malversación de fondos públicos. Fuentes del caso avanzan a Artículo14 que el magistrado “no quiere más prórrogas” y que “planea citar a los últimos testigos durante el próximo mes”.
Por eso, el juez ha preguntado a los letrados personados por sus agendas, para no tener que aplazar más declaraciones por incompatibilidades. “Se centrará en citaciones relativas a la posible apropiación indebida del software y la malversación por la contratación de la asesora”, aseguran las fuentes consultadas por este periódico.
Los últimos coletazos de la instrucción están enfocados en dilucidar si la contratación de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pudo ser un enchufe por “la amistad previa” que compartían y si se excedió de sus competencias ayudándola en sus negocios privados mientras ganaba un sueldo público.
En este sentido, Peinado ha citado a declarar a ambas este miércoles diez de septiembre, pero además ha solicitado al Palacio de la Moncloa todos los correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta de correo de la mujer del presidente desde 2018, año de la contratación de la asesora. En concreto, quiere buscar si hay comunicaciones en las que pueda acreditarse que la asesora ayudaba a Gómez más allá de su agenda como esposa del Jefe del Ejecutivo.
Además, solicitó los nombres de todos los Secretarios Generales de Presidencia que han ocupado el cargo desde entonces. Este puesto es el superior jerárquico de Cristina Álvarez, y en los últimos siete años lo han ocupado tres personas: el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños; el actual Delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre; y Judith González.
A los dos primeros ya los ha interrogado. Bolaños respondió a las preguntas de Peinado como testigo desvinculándose de la contratación de Álvarez. Posteriormente el juez intentó imputarle, pero el Tribunal Supremo le tumbó la exposición razonada por la “absoluta ausencia” de pruebas contra él. También mantiene imputado al delegado del Gobierno que también se desvinculó del nombramiento en el interrogatorio.
Por tanto, todo parece apuntar que la petición a Moncloa de los superiores jerárquicos de Álvarez busca citar a declarar a la persona que ocupa actualmente el cargo, Judith González.
Sin embargo, las defensas de Álvarez y Gómez ven “desproporcionada” esta última maniobra. En primer lugar, usó el formato de la providencia y no del auto para pedir los correos electrónicos. Según fuentes jurídicas, esto “es un error” porque la diligencia “afecta a derechos fundamentales como es el de la intimidad” y ha de solicitarse mediante auto para poder recurrirse.
De hecho, la Audiencia Provincial ya ha corregido a Peinado en este sentido cuando solicitó las llamadas de Álvarez a través de providencia. De ahí que los abogados de Begoña Gómez estén preparando un recurso ante la Audiencia Provincial.
Por otro lado, la defensa de Álvarez ya ha recurrido su última imputación por malversación porque “es contradictoria con la postura del Tribunal Supremo, desobedece otra vez a la Audiencia Provincial y contradice la postura previa del propio juzgado instructor”. Lo cierto es que la Audiencia ya dejó claro que Álvarez no habría podido cometer malversación: El funcionario destinado ilícitamente a cubrir necesidades privadas de su superior no puede cometer el delito de malversación, que solo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión”, argumentó.
Los recursos pendientes
Además, la Audiencia Provincial tiene que resolver más recursos que han ido presentando las acusaciones populares como la denegación de Peinado a recibir como testigo a Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama Koldo que dijo en una entrevista que Gómez habría podido tener influencia en el rescate de Air Europa.
De ahí que fuentes del caso consultadas pro Artículo14 interpreten que los tiempos fijados para resolver estos recursos por la Audiencia “le marcarán el paso a Peinado”, haciendo difícil cerrar la investigación el próximo 16 de octubre, fecha fin de la última prórroga.
La investigación de Peinado
El bloque en el que también estaría trabajando en estos momentos Peinado indaga en si Begoña Gómez puso a su nombre de forma irregular un software valorado en 150.000 euros que desarrollaron empresas privadas como herramienta didáctica para una cátedra que codirigía en la Universidad Complutense.
Para ello, pidió datos del software a las empresas que colaboraron en el proyecto y la última novedad es que Deloitte se desvinculó del asunto porque asegura que solo “dio soporte” al proyecto: “Deloitte nunca tuvo acceso directo al software y tampoco participó en su creación, desarrollo y mantenimiento”, reza el escrito enviado al juez.
El instructor en estos meses de instrucción ha hecho un recorrido por toda la actividad empresarial de la mujer del presidente. Ha investigado cómo llegó a dirigir la Cátedra que impartía en la Universidad Complutense, cómo conseguía la financiación para ella, si su asesora fue elegida por enchufe y le ayudó a obtener patrocinadores para la cátedra. Incluso ha intentado investigar si intercedió en el rescate de Air Europa, una compañía aérea clave en el panorama español a la que el Gobierno de Sánchez insufló 475 millones de euros públicos en lo peor de la pandemia para evitar su quiebra. Una pata de la investigación que la instancia superior, la Audiencia Provincial, ha dejado fuera de la instrucción por no ver indicios de delito suficientes.
La Audiencia ha ido tras los pasos de Peinado durante toda la instrucción y así parece que lo hará hasta el final por las múltiples quejas de los investigados durante todo el proceso, según apuntan las fuentes consultadas por este periódico.