La malversación por la que Begoña Gómez ha sido imputada es un delito contra la Administración pública que, de forma clásica, castiga a la autoridad o funcionario que se apropia con ánimo de lucro de patrimonio público a su cargo.
El Código Penal lo regula en el artículo 432, con penas de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación. Si el perjuicio supera ciertos umbrales o afecta gravemente al servicio, las penas suben a 4 a 8 años.
Desde la reforma de 2022 existe además la llamada “malversación de uso” (art. 432 bis). Cuando se destina a fines privados patrimonio público sin ánimo de apropiación, las penas son de 6 meses a 3 años de prisión y suspensión de empleo o cargo. Si no se reintegra lo distraído en 10 días desde la incoación del proceso, se aplican las penas del tipo más grave.
Otra modalidad relevante para entender el marco es el artículo 433, que sanciona dar al patrimonio público una aplicación distinta de la prevista, con penas que oscilan entre inhabilitación y multa o 1 a 4 años de prisión si hay daño o entorpecimiento graves del servicio. También existe el artículo 433 bis (falsedad contable en el sector público) y el 433 ter, que define qué es “patrimonio público”.
¿Qué se investiga en el caso de Begoña Gómez?
En este contexto, Begoña Gómez ha sido imputada por malversación junto con Cristina Álvarez, exasesora en La Moncloa, por un presunto uso de recursos públicos para fines privados. El juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid ha citado a Begoña Gómez a declarar como investigada el 11 de septiembre, y a Álvarez el 10 de septiembre.
La base de esta nueva línea de investigación se apoya en un auto de la Audiencia Provincial de Madrid (junio), que avaló continuar indagando y aludió a una “estructura institucionalizada de poder” desde la que se habría desviado personal o medios públicos para fines privados vinculados a la actividad académica de Begoña Gómez. El detalle concreto —y si esos hechos encajarían en apropiación, uso privado o aplicación distinta— se dilucidará en la instrucción.
La propia resolución de citación subraya que Begoña Gómez ya figuraba como investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Todas son causas que aún están en fase de investigación y sin sentencia. El principio de presunción de inocencia rige en todo momento.
¿A qué penas se podría enfrentar Begoña Gómez si hubiera condena?
El abanico penal depende del tipo finalmente apreciado por el juez. Y, en su caso, por el tribunal. Si la conducta encajara en apropiación con ánimo de lucro (art. 432), las penas van de 2 a 6 años de prisión —y 4 a 8 en supuestos agravados como daño grave al servicio o perjuicio superior a 50.000 €. Si el perjuicio supera 250.000 €, la pena puede aplicarse en su mitad superior. Para cuantías inferiores a 4.000 €, el castigo baja a 1–2 años de prisión y multa.
Si el encaje fuera malversación de uso (art. 432 bis) —es decir, destinar medios públicos a fines privados sin ánimo de apropiación—, la respuesta penal oscila entre 6 meses y 3 años de prisión y suspensión. Y si no se reintegran los medios en plazo, se aplican las penas del 432. En los supuestos de aplicación diferente (art. 433), el Código prevé inhabilitación y multa o 1–4 años de prisión si hay daño grave. Todo ello es marco general: la calificación concreta exige probar los hechos y su encaje jurídico.
Un apunte importante: el capítulo de malversación se proyecta principalmente sobre autoridades y funcionarios. Pero el Código prevé efectos para personas y entidades vinculadas cuando la ley así lo dispone (por ejemplo, en el art. 435 para ciertos encargados de fondos públicos) y, en su caso, formas de participación (inducción o cooperación) según reglas generales. La instrucción deberá determinar quién hizo qué y con qué responsabilidad.
¿Qué pasos procesales vienen ahora para Begoña Gómez?
En las próximas semanas, Begoña Gómez y Cristina Álvarez declararán en sede judicial como investigadas. Tras esas diligencias, el juez podrá ampliar la investigación, archivar si no aprecia indicios suficientes o, si los ve, pasar a procedimiento abreviado de cara a un eventual juicio oral. El itinerario es garantista y no anticipa resultados: Begoña Gómez mantiene íntegra su presunción de inocencia hasta que una sentencia firme diga lo contrario.