El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en plena crisis de los incendios en España, recibió el martes un duro golpe después de que un juez de Madrid imputara formalmente a su esposa, Begoña Gómez, por malversación de fondos públicos, una polémica medida que el Financial Times ha destacado en su portada como una crisis política decisiva para uno de los líderes socialistas más veteranos de Europa.
El tribunal anunció que Gómez deberá comparecer el 11 de septiembre para responder a las acusaciones de que utilizó fondos estatales para pagar a una asistente por trabajos personales. El juez Juan Carlos Peinado ya la ha acusado de tráfico de influencias y corrupción.
Los cargos suponen la última escalada en una saga que ha salpicado a la familia de Sánchez, a sus principales colaboradores e incluso a su fiscal general, sumiendo al presidente socialista en una lucha que él insiste en que está alimentada por el “acoso de la derecha”, pero que sus oponentes describen como una prueba de la podredumbre sistémica en el corazón de su Gobierno.
Para el Financial Times, la noticia ha sido digna de portada, ilustrada con una fotografía de Sánchez y Gómez bajo el titular: “Sánchez siente la presión: la esposa del presidente español acusada de malversación de fondos públicos“. La prominencia refleja la gravedad del caso: un líder de una de las mayores economías de la UE, ya debilitado políticamente, se enfrenta ahora a acusaciones que afectan a su círculo más cercano y a su familia.
El cerco al presidente del Gobierno
Sánchez, en el cargo desde 2018, ha intentado proyectar estabilidad en un panorama político inestable. Sin embargo, su Gobierno en minoría ha perdido autoridad, tiene dificultades para aprobar leyes y se enfrenta a casos de corrupción que se han multiplicado a su alrededor.
Su hermano David está siendo investigado. Su antiguo “número tres” Santos Cerdán se encuentra en prisión preventiva por acusaciones que van desde el soborno hasta la pertenencia a una organización criminal. El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García también están involucrados en investigaciones. Incluso el fiscal general de España, nombrado por el propio Sánchez, se enfrenta a un juicio.
Este patrón —familia, aliados, instituciones— ha creado la percepción de un Gobierno asediado. Así lo destaca el Financial Times que señala cómo, uno a uno, los allegados a Sánchez se han visto envueltos en investigaciones judiciales, lo que plantea dudas sobre la supervivencia de su mandato.
El debate sobre la “guerra jurídica”
El bando del presidente socialista ha denunciado el caso Gómez como una “guerra jurídica” con motivaciones políticas. La denuncia original provino de Manos Limpias, un grupo vinculado a la extrema derecha con un historial de acciones judiciales contra figuras públicas. Tanto en el caso de Gómez como en el de David Sánchez, los jueces actuaron basándose en recortes de prensa y acusaciones promovidas en medios de comunicación de derecha.
Pero el hecho de que un juez del Tribunal Superior haya presentado cargos formales y que Gómez tenga que comparecer en persona en septiembre eleva el asunto más allá del ámbito de la especulación, lo suficiente como para llevarlo a la portada del Financial Times como una noticia con repercusión europea.
Lo que está en juego políticamente
Para Sánchez, el episodio le trae recuerdos del año pasado, cuando consideró brevemente la posibilidad de dimitir después de que salieran a la luz las acusaciones preliminares contra su esposa. Entonces, apostó por la rebeldía y se mantuvo en el cargo. Pero ahora, con cargos formales y la atención de los titulares internacionales, la apuesta es más arriesgada.
Como subraya el tratamiento que le da el Financial Times a la noticia, el caso no es solo otro escándalo político español. Es una prueba de si un líder europeo puede soportar una tormenta que afecta a su familia, a sus aliados y a la credibilidad de las instituciones españolas, todo al mismo tiempo.