Algo más de un día después de conocerse que los cuatro fiscales del procés trasladaron al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, un escrito en el que argumentaban la inviabilidad de aplicar la amnistía a quienes habían sido procesados y condenados por malversación, algunos partidos que impulsaron su creación formularon este viernes serias discrepancias.
Cabe recordar que dichos miembros del Ministerio Público señalaron que los líderes independentistas se lucraron con el dinero destinado al proyecto inconstitucional -algo que el Tribunal Supremo ya confirmó en las resoluciones dictadas en 2023- y pusieron en peligro los intereses financieros europeos, dos supuestos que la amnistía no cubre.
En el plano político, y con un tono muy crítico, el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, censuró la politización de los fiscales del Alto Tribunal a la hora de aplicar el texto legal. Y aunque asumió que surgirán problemas al hacerla efectiva, recordó que el papel de jueces y fiscales no es valorar las normas sino aplicarlas. Un “graso error” porque, señaló, la amnistía es una potestad de cualquier estado democrático para resolver un conflicto, recogió Europa Press.
Santiago lamentó que “siempre” haya personas que “anteponen su visión creyendo que son el centro de la democracia en vez de atender al interés colectivo”. Además, vio “sorprendente” que algunos fiscales que “suscribieron las propuestas y posiciones de Vox en el procés” utilicen criterios “politizados y no jurídicos” para tachar la norma aprobada de arbitraria y de responder al capricho de los gobernantes.
Por su parte, fuentes del otro miembro de Gobierno e impulsor de la ley de amnistía, el PSOE, se limitaron a señalar que España es un país en el que “el legislativo aprueba leyes y el judicial las aplica”. Asimismo, el único miembro del Ejecutivo que se posicionó al respecto fue el ministro Félix Bolaños. Pese a señalar en un acto electoral en Navarra respetar “profundamente” a los cuatro fiscales, indicó su “sorpresa” al ver que el escrito tenía consideraciones jurídicas y “opiniones políticas”.
No explicitó cuáles, pero una de ellas podría ser la siguiente: “La tramitación y aprobación de la citada ley orgánica obedece, esencialmente, a razones de pura oportunidad política y a la satisfacción de recíprocos intereses políticos de las dos formaciones (PSOE y Junts) que suscribieron el acuerdo de 9 de noviembre de 2023″.
Las formaciones independentistas
En medio de este nuevo frente entre parte del poder legislativo y el judicial, fuentes de Junts per Catalunya concretaron que no avivarán ese fuego. Por el momento guardarán silencio. Un movimiento poco común en los neoconvergentes, quienes a través de su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, llegaron a descalificar a los jueces españoles con adjetivos como “franquistas” por condenar a los políticos independentistas.
La formación que sí habló fue ERC. Y es que una de sus principales piezas políticas, Oriol Junqueras, fue otro a quien los fiscales mencionaron como posible no beneficiario de la amnistía al estar condenado por malversación. Por ello, los republicanos enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. En ella denunciaron el “interés personal o partidista” de la judicatura a la hora de aplicar la ley.